Faltan 52 días para que el Estado uruguayo dé cumplimiento a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la vigencia en nuestro país de la Ley de Caducidad.
La norma -entre muchos casos- no ha permitido que hasta el momento se investigue el destino de María Claudia García de Gelman, desaparecida en Uruguay en 1976.
Juan y Macarena Gelman presentaron una denuncia el 8 de mayo de 2006, estableciendo que el Estado uruguayo viola sus derechos humanos al no haber permitido el Poder Judicial que se conozca lo ocurrido con María Claudia y su eventual enterramiento clandestino.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA acaba de pronunciarse a favor del poeta argentino y de su nieta y la resolución fue comunicada a nuestra Cancillería el viernes pasado. El referido organismo -según su artículo 50- establece que cuando un Estado parte no da cumplimiento a una resolución es pasible de sanciones.
La OEA puede incluso expulsar de su seno a Uruguay. Aunque es una hipótesis muy difícil.
Conviene recordar que en 1992 la CIDH -durante el gobierno de Lacalle se había pronunciado contra la Ley de Caducidad y sin embargo la norma siguió vigente hasta hoy.
El Dr. Tabaré Vázquez, no bien asumió la Presidencia de la República, dictaminó que el “caso Gelman” estaba excluido de la Ley de Caducidad.
El fiscal Enrique Moller pidió archivar el caso porque consideró que era una amnistía y un tribunal de apelaciones lo hizo.
En febrero de este año Macarena Gelman García se presentó nuevamente
ante la Justicia. Ahora con más suerte: el juez Pedro Salazar dio vista al fiscal Eduardo Fernández Dovat, quien resolvió reabrir el caso.
Para ayer jueves estaban citados los primeros testigos al Juzgado de la calle Misiones. De cualquier manera la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sigue pendiente sobre el Estado uruguayo.
La norma -entre muchos casos- no ha permitido que hasta el momento se investigue el destino de María Claudia García de Gelman, desaparecida en Uruguay en 1976.
Juan y Macarena Gelman presentaron una denuncia el 8 de mayo de 2006, estableciendo que el Estado uruguayo viola sus derechos humanos al no haber permitido el Poder Judicial que se conozca lo ocurrido con María Claudia y su eventual enterramiento clandestino.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA acaba de pronunciarse a favor del poeta argentino y de su nieta y la resolución fue comunicada a nuestra Cancillería el viernes pasado. El referido organismo -según su artículo 50- establece que cuando un Estado parte no da cumplimiento a una resolución es pasible de sanciones.
La OEA puede incluso expulsar de su seno a Uruguay. Aunque es una hipótesis muy difícil.
Conviene recordar que en 1992 la CIDH -durante el gobierno de Lacalle se había pronunciado contra la Ley de Caducidad y sin embargo la norma siguió vigente hasta hoy.
El Dr. Tabaré Vázquez, no bien asumió la Presidencia de la República, dictaminó que el “caso Gelman” estaba excluido de la Ley de Caducidad.
El fiscal Enrique Moller pidió archivar el caso porque consideró que era una amnistía y un tribunal de apelaciones lo hizo.
En febrero de este año Macarena Gelman García se presentó nuevamente
ante la Justicia. Ahora con más suerte: el juez Pedro Salazar dio vista al fiscal Eduardo Fernández Dovat, quien resolvió reabrir el caso.
Para ayer jueves estaban citados los primeros testigos al Juzgado de la calle Misiones. De cualquier manera la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sigue pendiente sobre el Estado uruguayo.
(extraído del semanario EL POPULAR)
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