45 AÑOS DE UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA (Editorial de El Popular)

El pasado 1º de octubre, se cumplieron 45 años del Congreso fundacional de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). La unidad sindical de los trabajadores en una central, es sin duda, uno de los hechos más importantes de la historia nacional.
Lo es aunque en el discurso histórico dominante se lo ningunee. El logro de una herramienta unitaria de los trabajadores es un mérito histórico del movimiento sindical y de la izquierda uruguaya. Ha sido, es y será el corazón social del bloque alternativo al de las clases dominantes. La central única potenció al movimiento sindical y su influencia en la sociedad, lo transformó en un actor real de peso indisimulable y sostenido de la realidad nacional a lo largo de estos 45 años. No hubo, no hay y no habrá episodio importante de la vida nacional que no haya tenido a los trabajadores y a su central única, la CNT y luego del PIT-CNT, como protagonistas. La generación de los fundadores tuvo como referentes entre otros a José D´Elia, Gerardo Cuesta, León Duarte, Enrique Pastorino, Ignacio Huguet, Wladimir Turiansky,Felix Díaz, Rosario Pietraroia, Héctor Rodríguez, Hugo Cores, Jorgelina Martínez, Juan Angel Toledo, Idilio Pereira y Eduardo Platero. Pero tuvo como sostén y garante la experiencia de lucha y de construcción de la unidad de decenas de miles de trabajadoras y trabajadores. La construcción de la unidad fue posible por la lucidez, generosidad y audacia de un núcleo excepcional de dirigentes sindicales, pero no fue resultado de negociaciones o genialidades de cúpula. Esos dirigentes sindicales actuaron apegados a los trabajadores, fueron conductores conducidos, recogieron el sentir y el protagonismo de miles de militantes. Por eso fue tan sólida. Necesitó además, el apoyo, la elaboración teórica y la militancia decidida buscando la unidad de partidos y grupos de izquierda. No fue un asunto exclusivamente sindical, no podía serlo. La unidad del movimiento sindical, la central única de trabajadores, es un orgullo y un elemento positivo para toda la sociedad, para el Uruguay entero. Lo dijo bien Gerardo Caetano, en el homenaje a los 45 años de la CNT: “La CNT hizo mejor al Uruguay”. Siendo esto cierto, también lo es que constituye un avance esencial para la izquierda y para el movimiento popular. Sin la unidad de los trabajadores en una central única no hubiera sido posible la unidad de la izquierda en el Frente Amplio. Ta mpoco hubiera sido posible la conformación de un movimiento popular potente, diverso, pero comprometido con los cambios y las transformaciones en el Uruguay. Por eso la central única y el movimiento sindical han sido atacados sin pausa por la derecha y por las clases dominantes, en sus expresiones sociales, políticas y mediáticas. Ha sido atacada de todas las formas posibles. Intentando cooptarla y debilitarla. Buscando dividirla, con operaciones de centrales y sindicatos amarillos, con iniciativas patrocinadas por la propia embajada de EEUU en la década del 60 y con operaciones de inteligencia de la Armada en plena dictadura. También con la más brutal persecución y represión, cárcel, torturas, muertes, desapariciones y exilios. Lo es hoy con las campañas en su contra y lo ha sido siempre con los despidos y la persecución sindical por parte de las patronales. Es atacada hoy, por la derecha y las patronales que demonizan los paros y la lucha e incluso logran a veces que se les sumen algunas voces desde el campo popular. Por eso, los militantes sindicales, los militantes sociales, la izquierda y todos los que queremos las transformaciones y los cambios en Uruguay,tenemos el deber de defenderla. La consolidación y el desarrollo de la central única de trabajadores, el PIT-CNT, no es un problema exclusivo de los militantes sindicales, es de todos. Por supuesto que en primer lugar deben defenderla y consolidarla, con madurez y el mismo espíritu unitario de hace 45 años, quienes hoy militan en el movimiento sindical. Y deben hacerlo no solamente por una definición teórica o por fidelidad a la historia. Deben hacerlo en primer lugar, porque la unidad del movimiento sindical es la principal arma para defender mejor los derechos de los trabajadores. Y en segundo lugar, porque es la mejor arma para consolidar y profundizar el proceso de cambio en marcha en nuestro país. Por ello es tan trascendente el XI Congreso del PIT-CNT que se inicia hoy bajo la consigna “Unidad para los cambios profundos”. Lo afronta un movimiento sindical en crecimiento, con más de 320 mil afiliados, con un peso creciente en la realidad nacional, capaz de negociar en todos los ámbitos, con las patronales y también con el Estado y el gobierno. Un movimiento sindical capaz de crear y proyectar el Instituto Cuesta Duarte y el Programa de Vivienda Sindical. Capaz de patrocinar a los gurises infractores de la ley del INAU, para incorporarlos al trabajo. Capaz de luchar y negociar para obtener conquistas. Capaz de sindicalizar a las trabajadoras domésticas, a los trabajadores rurales y hasta a los policías. ¿Qué no es fácil la construcción de la unidad? Nunca lo fue. No lo fue en el proceso previo a la CNT y tampoco en el Congreso fundacional. No lo fue en el enfrentamiento a la dictadura. No lo fue en la reconstrucción del movimiento sindical y en la recuperación democrática. Mantener unidos a obreros, funcionarios públicos, docentes, profesionales, trabajadoras domésticas, trabajadores del campo y policías, no es sencillo, se ha logrado en pocos lugares del mundo. Menos sencillo es aún si se toma en cuenta la dimensión de que conviven en los sindicatos múltiples corrientes de opinión y pensamiento. Pero ninguna idea, ninguna iniciativa es más importante que la unidad. Sin la unidad ninguna idea es posible. Y no la unidad como fin en sí mismo, unidad en torno a un programa de transformaciones de fondo, unidad para luchar y para avanzar. Por eso antes del XI Congreso del PIT-CNT que se espera salga con una plataforma programática para profundizar los cambios, para mejorar la distribución de la riqueza, para construir un Uruguay productivo con otra matriz, para construir un Estado de nuevo tipo motor del desarrollo productivo, para terminar con la impunidad, para profundizar la integración con América Latina, vale la pena recordar el espíritu unitario de la CNT y de su congreso fundacional hace 45 años. El XI Congreso del PIT-CNT es clave para los trabajadores y para sus reivindicaciones, inmediatas y de fondo, pero lo es para todo el movimiento popular y para toda la izquierda, el que no lo ve, es que hace 45 años que no entiende nada.

LA IMPUNIDAD ES INTOLERABLE Y LA PRESCRIPCIÓN TAMBIÉN (Editorial de El Popular _30 de Setiembre del 2011)

La gran prensa y la derecha buscan silenciar y sacar del debate ciudadano los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado y el intento de que prescriban en 30 días. Desde estas páginas buscamos exactamente lo contrario.
El PIT-CNT, Mujica y una iniciativa.
El jueves pasado, el PIT-CNT, con el apoyo de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, HIJOS, SERPAJ, FEUU, CRYSOL, Iguales y Punto y Mesa Permanente contra la Impunidad; hicieron público un proyecto de ley que apunta a incorporar a la legislación nacional los aspectos centrales de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) en el caso Gelman. Califica como de lesa humanidad los delitos cometidos bajo el terrorismo de Estado y por lo tanto imprescriptibles. Por la tarde, una delegación del PIT-CNT fue recibida por el presidente de la República, José Mujica, para analizar el proyecto. Según participantes en la reunión, Mujica expresó su visión positiva sobre el proyecto e incluso afirmó: «Terminar con los crímenes de lesa humanidad sería un avance cultural muy importante para Uruguay». Son hechos importantes. Hay una iniciativa concreta, que de una u otra manera llegará al Parlamento y éste deberá pronunciarse. La iniciativa cuenta con un importante apoyo de organizaciones sociales y además, con la simpatía del presidente Mujica. Por otra parte se han presentado nuevas denuncias y en los próximos días se presentarán varias más, para que sean investigadas.
La sentencia de la CIDH y el Poder Judicial.
En febrero la CIDH condenó a Uruguay y le ordenó que la Ley de Caducidad «dejara de ser un impedimento para la investigación, de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y para la identificación y eventual condena de los responsables de los mismos». La condena de la CIDH dice también, a texto expreso, que no debe aplicarse la Ley de Caducidad «ni ningún instrumento jurídico análogo como la PRESCRIPCION ». Al parecer no debería existir ninguna duda al respecto, sin embargo no es así. Y no lo es porque la interpretación de las leyes y también de las sentencias, es materia de debate filosófico y no sólo jurídico, es decir, entra en el terreno político de las concepciones y los valores de quienes las interpretan. Por ello no se vulnera ninguna autonomía ni se ejerce ninguna presión ilegítima si se reclama una interpretación y una aplicación determinada. En este caso, el cumplimiento a cabalidad de la sentencia de la CIDH, es decir en todas sus consecuencias jurídicas e institucionales, debe ser el mínimo aceptable y no el máximo aspirable. Las violaciones a los DDHH cometidas en el marco del terrorismo de Estado no son delitos comunes, son de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles. Eso parece que no resistiría ninguna discusión, pero lamentablemente no es así. Varios jueces se han negado a tipificarlos así y procesan a los violadores de DDHH por delitos comunes, como homicidio especialmente agravado. Recientemente la Suprema Corte de Justicia desestimó en tres sentencias la tipificación del delito de «desaparición forzada» por considerar que el mismo no estaba vigente en el momento que esos delitos se cometieron. Aplica el denominado criterio de la irrectroactividad de la ley y como consecuencia de ello también el de prescripción. La Suprema Corte dispuso la condena de los responsables por el delito de «homicidio muy especialmente agravado» por el asesinato de 28 personas. El fallo fue votado por una mayoría de 4 a 1, con el voto discordante del actual presidente, Leslie Van Rompaey. Ahora los jueces deben enfrentar más de 150 casos, entre los que se reabren y las nuevas denuncias. ¿Es de recibo que lo hagan según el criterio de cada uno? No, no lo es. En primer lugar porque el Estado uruguayo todo tiene la obligación de cumplir la sentencia de la CIDH, y los jueces, aún con su autonomía e independencia técnica, son parte del Poder Judicial y por lo tanto del Estado. Hay opiniones diversas sobre si es necesario o no que el Parlamento vote una ley al respecto. Desde estas páginas hemos sostenido, y lo reiteramos hoy, que todos los poderes del Estado deben hacer esfuerzos por cumplir con la sentencia de la CIDH. La iniciativa del PIT-CNT tiene el valor de hacer ley los fundamentos jurídicos de la sentencia y enviar una señal muy clara al Poder Judicial de la voluntad de cumplirla a cabalidad.
Desde la ética.
Las dimensiones j0urídicas, filosóficas y políticas de la impunidad son importantes. Pero hay otra que es decisiva: la ética. Esto no es un congreso académico donde compiten brillantes argumentos jurídicos, o un curso de derecho aplicado donde se aprenden hábiles artilugios y estrategias legales. Es una disputa central en la construcción de una sociedad sana, democrática, libre. Los crímenes de los que hablamos son los peores de la historia nacional. Quienes los cometieron no alegan inocencia. Por el contrario, cuando pueden los reivindican, sólo proclaman impunidad, nada más y nada menos. ¿Es éticamente tolerable que queden impunes secuestradores de niños, torturadores, violadores, asesinos y desaparecedores de personas? Esa es la pregunta que debe hacerse. Esa pregunta debe responderse; en los medios, en los debates ciudadanos, en el Parlamento y también en los tribunales. Los secuestradores de niños, torturadores, violadores y asesinos quieren impunidad. EL POPULAR, junto a todas las organizaciones populares, sin revanchismos ni rencor, seguirá reclamando verdad y justicia. Nada más, pero tampoco nada menos. Y lo haremos todas las veces que sea necesario.

La denuncia de 46 compañeros y la esencia de la impunidad. (El Popular- 16/9/11)

Se concretará en las próximas horas una nueva iniciativa que apunta al corazón de la impunidad. Un colectivo de 46 ex presas y ex presos políticos, la mayoría de ellos en ese momento militantes de la Unión de la Juventud Comunista y casi todos jóvenes militantes estudiantiles, presentarán una denuncia por torturas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía entre los años 1972 y 1983.
En la denuncia patrocinada por el abogado Pablo Chargonia se acusa a 12 oficiales de inteligencia policial, entre ellos Ricardo «Conejo» Medina, hombre del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), ya condenado por la justicia y preso, por violaciones a los DDHH e implicado y aún impune, por su participación en el asesinato en tortura de Alvaro Balbi y la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. Esta denuncia contribuye a la lucha general por terminar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado en varios aspectos.
Cumplir la sentencia de la CIDH.
La denuncia, se suma a los 135 casos por violaciones de DDHH que el Poder Ejecutivo identificó en 16 juzgados de Montevideo y 8 juzgados de 7 departamentos del país, cuya nómina completa fue publicada por EL POPULAR (N° 154). A ese universo judicial se sumarán las nuevas denuncias que se presentarán en los próximos días y las que no fueron identificadas en el relevamiento, por lo que nos aproximaremos a los 200 casos. Todo ese universo de casos está técnicamente abierto, luego de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman que ordena al Estado que la Ley de Caducidad «carezca de efectos jurídicos» y «no vuelva a representar un obstáculo para la investigación, identificación de los responsables y establecimiento de la sanciones». El cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH a cabalidad no es el máximo exigible al que podemos aspirar, por el contrario, es el mínimo aceptable. Su cumplimiento es una obligación para los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El Poder Ejecutivo ha dado pasos concretos e importantes: Revocó los decretos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle; publicó los casos; comunicó la sentencia a los otros poderes; prepara un acto público donde asumirán la responsabilidad los tres poderes del Estado; ubicará en la ex sede del SID a la Institución Nacional de DDHH, entre otros. El Poder Judicial tiene el enorme desafío de hacer avanzar las causas, investigar y condenar a los responsables. Es un enorme trabajo, de difícil abordaje con la estructura actual del Poder Judicial. ¿No será necesario crear juzgados y fiscalías especializadas y dotarlas de recursos humanos y materiales para investigar? Parece que sí, eso y mucho más. El Poder Legislativo debe adoptar las medidas imprescindibles y los instrumentos legales para garantizar que las investigaciones no tengan obstáculos. Eso vale fundamentalmente en dos aspectos: liquidar formalmente la Ley de Caducidad e impedir, como también dice la Sentencia de la CIDH que no se aplique «ningún instrumento análogo como la prescripción». En el PIT-CNT, en coordinación con un amplio abanico de organizaciones sociales, se analiza la idea de una ley que establezca, sin lugar a dudas que es norma nacional el contenido de la sentencia de la CIDH, puede ser un camino.
Crimen de lesa humanidad e impresciptible.
El escrito de denuncia presentado por Chargonia se mete de lleno en la polémica por el supuesto límite de noviembre y la prescriptibilidad o no de los delitos del terrorismo de Estado. La denuncia es por «crimen de lesa humanidad , privación de libertad (art. 281), atentado a la libertad personal cometido por funcionario público encargado de una cárcel (art. 285), abuso de autoridad contra los detenidos (art. 286), pesquisa (art. 287), violencia privada (art. 288), amenazas (art. 290), lesiones personales (arts. 316 y ss.), violación (art. 272), atentado violento al pudor (art. 273)». «La violación planificada de derechos humanos encuadra la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables, cuya investigación y persecución penal constituye un deber estatal inevitable en protección de los derechos humanos. Las personas mencionadas no fueron víctimas de un delito ordinario sino de un crimen de lesa humanidad cometido por el aparato represivo estatal», afirma la denuncia, fundamentando esta posición en jurisprudencia nacional e internacional.
La tortura a juicio.
Otro aspecto trascendente de la denuncia de estos 46 compañeros y compañeras es que se realiza contra la tortura, la principal modalidad represiva de la dictadura en Uruguay, aplicada sistemáticamente contra más de 10 mil uruguayas y uruguayos y por la que, paradójicamente, no hay un solo represor procesado. «Los testimonios dan cuenta de operativos dirigidos contra militantes de la UJC en los años 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981 y 1983. La UJC y el PCU fueron objeto de los operativos denominados «Alemania», «Trabajo» y «Morgan»», indica la denuncia mostrando la extensión en el tiempo y la dimensión masiva de la práctica de la tortura, y por supuesto también, la resistencia de las y los militantes por la libertad y dentro de ellos de los comunistas. Los métodos de tormento fueron variados, en la denuncia se sostiene que se identificaron 26 formas de tortura aplicadas en nuestro país, entre las que destaca: plantones, encapuchamiento, picana eléctrica, submarino o tacho, colgamiento, caballete, estaqueamiento, violaciones, simulacros de fusilamiento y uso de drogas. Las 46 compañeras y compañeros, recordaron el horror y testimoniaron lo que les hicieron. Para ver de lo que hablamos, recogemos solo uno, el de una compañera que en 1983, cuando fue detenida tenía 21 años: «Termino en un lugar, creo que al fondo del segundo piso, allí comienzan a interrogarme. Me desnudan y me cuelgan de las muñecas, los brazos hacia atrás. Estando así me manosean y me lastiman los pezones. Me hacen el submarino con agua. Luego con capucha de nylon o algo así, y estando colgada y agarrada por dos o tres tipos, me violan por el ano y la vagina. Primero con un palo, y luego uno de ellos, produciéndome lastimaduras y pequeñas hemorragias en el intestino que me duran como diez días. Estando colgada me aplican picana en todo el cuerpo». Esta denuncia fue hecha, con valentía y dignidad, en 1985 en la Comisión Investigadora del Senado, hace 26 años. La Ley de Impunidad, el compromiso con la impunidad de la derecha, las mentiras y bombas de humo de los grandes medios y nuestras insuficiencias y errores han permitido que los responsables de esos hechos este impunes. Lo mismo ocurre con los otros 45 compañeros y compañeras y con miles de mujeres y hombres, cuyo único delito fue luchar por la libertad contra la dictadura. La necesidad de encontrar soluciones jurídicas y el debate político nos llevan a veces a llevar el tema de la impunidad a una abstracción que nos hace olvidar lo principal: que fue lo que hicieron los represores que la derecha ha mantenido y quiere mantener impunes. La lucha contra la impunidad y contra sus responsables, los impunes, no es una abstracción ideológica o un concurso académico de jurisprudencia, es fundamentalmente para que los que secuestraron, violaron, asesinaron y desparecieron paguen por sus crímenes. De eso estamos hablando. Las soluciones jurídicas podrán ser debatibles, académicamente se podrá sostener una u otra postura, políticamente se podrá analizar de una u otra manera, pero no hay que permitir que nos escamoteen el debate esencial. Todo se resume al principio y al final en si se está con la verdad y la justicia o si por acción u omisión se está con los impunes, que vale recordarlo una vez más: son secuestradores, torturadores, violadores, asesinos y desparecedores de seres humanos. Tan simple y diáfano como eso.

Haití, los militares y la impunidad (editorial de El Popular)

La brutal agresión contra un joven haitiano de cinco militares uruguayos ha desatado la indignación, y está bien. La gravedad del hecho hace necesario un análisis que intente abarcar las implicancias profundas del mismo, evitando quedarnos en la superficie y en los intentos de reducirlo y acotarlo.

Las aberraciones de hoy y las de ayer.
Cinco efectivos de la Armada Nacional interceptaron a un joven haitiano, lo llevaron dentro de un destacamento militar y abusaron de él. Además, filmaron el abuso con un celular y lo mostraron como una hazaña. La respuesta del gobierno fue inmediata al conocerse el hecho. Se iniciaron las investigaciones, se anunció que se presentará la denuncia penal para que actúe la Justicia y que también tomará cartas la Justicia Militar. El presidente de la República, José Mujica, en una carta dirigida a su par haitiano, pidió disculpas y calificó el abuso de los militares como «inconducta criminal y bochornosa». El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo que era un hecho «aberrante» y agregó que las «investigaciones serán exhaustivas e irán hasta el hueso». El comandante de la Armada, Alberto Caramés, afirmó que «no va a permitir maltratos, infamias, deshonras bajo ningún concepto», adelantó que se actuará en «forma severa, rigurosa y ejemplarizante» y anunció el relevo del jefe del contingente uruguayo por ser el último responsable del accionar de sus subordinados. La respuesta del gobierno, los mandos militares y de todos los partidos políticos es absolutamente justa y no cabe otra posición que respaldarla. Pero ocurre que la conducta de estos cinco militares en Haití no se puede analizar como un hecho aislado y además, esta firmeza con los hechos de hoy refleja una suerte de esquizofrenia en el discurso y en la actitud con hechos iguales o más graves del pasado protagonizados también por militares. ¿Se debe ir hasta el hueso ahora y antes no? ¿Es más grave el hecho de hoy que las violaciones a los DDHH del pasado contra su propio pueblo? ¿La conducta criminal de hoy no guarda relación alguna con que estén impunes las conductas igualmente criminales del pasado? ¿En qué modelo se están educando los militares de hoy? ¿Qué influencia tienen los mensajes que reciben cuando oficiales retirados y en actividad defienden a los violadores de DDHH? Aquí en Uruguay hubo cientos de militares que secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron; lo hicieron sistemática y masivamente durante más de diez años y están impunes. No solamente están impunes sino que desde los centros de retirados militares, desde la derecha política, incluso desde sectores del gobierno y de los medios de comunicación, se repite una y otra vez que así deben quedar. Recientemente ocho generales en actividad fueron a visitar y expresar su solidaridad con el coronel ® Tranquilino Machado, asesino confeso de Ramón Peré, procesado por la Justicia. Más recientemente en el Día del Retirado Militar, el presidente del Círculo Militar, coronel ® Jorge Puente, en un discurso de neto corte fascista y reivindicatorio de la represión, denunció un delirante «plan marxista internacional » para «destruir a las FFAA», implementado por el «Foro de San Pablo» utilizando «la ideología de Antonio Gramsci». Puente dijo que las FFFA estaban siendo «agredidas desde el Estado » y calificó a los violadores de DDHH, procesados por la Justicia en el marco de juicios con todas las garantías, como «presos políticos ». El mismo Puente se había reunido días antes con el Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y al salir declaró que «hay intencionalidad política en los juicios contra los militares» y que «en noviembre deben prescribir las causas», dijo también que «con el ministro estamos en sintonía». La impunidad de los peores delitos de la historia del Uruguay y de sus responsables, la reivindicación, también impune, de los mismos por oficiales retirados y en actividad son mensajes que objetivamente favorecen la repetición de esas conductas «aberrantes» en el presente. La impunidad es un veneno para toda la sociedad y dentro de la sociedad también para las Fuerzas Armadas, por eso debe ser condenada antes, ahora y siempre; con firmeza y sin fisuras. Los mensajes éticos (más bien anti éticos) de la impunidad están inscriptos en la conducta criminal de estos cinco marinos que imitando a los yanquis (otro modelo no cuestionado ni condenado) en Abu Graib, violan, se divierten violando y se filman para lucirse.
Haití y los «cascos azules.
Este abuso aberrante obviamente no involucra a ningún efectivo más que los que participaron en él, sin embargo, es un dato más que abona el cuestionamiento a la participación de soldados uruguayos en misiones supuestamente de mantenimiento de paz, que terminan siendo de ocupación, represión y humillación de los pueblos supuestamente asistidos. No es el único caso de abuso y violación a los DDHH denunciado en Haití, hay muchos. Haití fue el primer país latinoamericano en independizarse, en 1804. Pero antes, en 1794, fue el primer país en abolir la esclavitud. La revolución de esclavos libertos haitiana, encabezada por Toussaint Louverture, enfrentó a Napoleón que quería reimplantar la esclavitud y lo derrotó. Toussaint Louverture estableció además en Haití la escuela laica, gratuita y obligatoria. ¿Qué llevó a que ese faro de libertad de los siglos XVIII y XIX mutara hacia este infierno en los siglos XX y XXI? Los intereses de las potencias imperialistas. Haití enfrentó invasiones de Francia y Gran Bretaña, las que derrotó heroicamente, pero apenas comenzado el siglo XX sufrió en carne propia a EEUU. El gran vecino del norte ocupó Haití entre 1915 y 1935, luego se retiró formalmente, pero dejó como ejército de ocupación a la salvaje dictadura de los Douvallier. EEUU usó Haití como plataforma de agresión hacia todo el Caribe, para impedir otra Cuba y además extrajo todo lo que se podía extraer de Haití. Después de los yanquis y Douvallier el 80% de la población haitiana vive en la pobreza y más del 60% es analfabeta. EEUU volvió a ocupar Haití en 1991 en el golpe contra Aristide, en 1994 para reponer a Aristide y en forma encubierta en 2004, apoyando las bandas mercenarias que invadieron desde República Dominicana y que profundizaron el caos. La Minustah fue creada por la ONU con el objetivo de estabilizar el país, defender los DDHH y evitar la presencia unilateral de EEUU y también de Francia. Lo que ocurrió en la realidad es que se sustituyó una presencia militar por otra, pero el pueblo haitiano sigue sufriendo, además de la miseria y la marginación más absoluta agravada por la tragedia del reciente terremoto, una ocupación militar extranjera. La Minustah no ha pacificado ni estabilizado nada. Como bien dice el PIT-CNT, la ayuda que necesita Haití es más bien de «médicos, maestros y albañiles». Se necesita terminar con el negocio de las mafias, de las élites corruptas y represoras y garantizar la libertad, la democracia y una vida digna para su sufrido y heroico pueblo. El PCU, otros sectores y legisladores del FA, como Guillermo Chifflet y el general Víctor Licandro, junto con el PIT-CNT, se han opuesto siempre a la presencia militar en Haití y en particular a la participación uruguaya en la Minustah. Desde que el gobierno de Batlle la implementó y luego en los dos gobiernos del propio FA. No hay ninguna razón para que se mantenga. El presidente Mujica ha dicho que «sería peligrosa la retirada hoy» y dejó entrever que la Minustah evitaría una presencia más protagónica de EEUU. La acción inconsulta de EEUU enviando miles de soldados, muchos más que los de la Minustah, y navíos de guerra a Haití durante el terremoto muestran que ese freno es por lo menos relativo. En todo caso, lo que corresponde es exigir, como país y como región, que se respete la soberanía de Haití y dar la solidaridad que su pueblo se merece y necesita; que no es, eso está claro, militares armados a guerra, más violencia, más represión, y mucho menos, más abusos y violaciones a los DDHH.

La ética, la identidad y la justicia ¿prescriben? (Editorial El Popular 154)

"Si algo importa de los plazos es el tiempo que ha trascurrido sin el conocimiento de la verdad", dice en uno de sus pasajes la proclama leída el pasado martes en Plaza Libertad. Así es.
El poder de la derecha y de los medios de comunicación para torcer los ejes reales del debate en torno a la impunidad es muy grande. Cuando la Ley Interpretativa el eje que instalaron era si se respetaba o no la supuesta primacía de la democracia directa, -que siempre denostaron-, por sobre la representativa. Luego lo trasladaron a los problemas internos del Frente Amplio. Ahora parece ser que lo único que existe, en caso de que algo exista ya que también silencian e invisibilizan el tema, es la prescripción de los delitos en noviembre.
Ese poder de cambiar los ejes impacta en la sociedad en su conjunto, objetivo principal, pero también en la izquierda y en el movimiento social. Tienen una gran capacidad para ocultar el centro real del problema y de paso, volver a transformar a los victimarios en víctimas.
Ahora todo gira, cuando se habla del tema, en las soluciones jurídicas y/o legislativas para impedir que los crímenes de lesa humanidad, que eso son, prescriban en noviembre. Esta es, la prescripción o no, una dimensión sin dudas importante de la lucha contra la impunidad, pero está muy lejos de ser la única.
En torno a la prescripción.
La posibilidad de que exactamente dentro de 60 días las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura prescriban, se sustenta en tres premisas: una, considerar que son delitos comunes y por lo tanto prescriptibles; dos, ignorar que la Ley de Caducidad y la interpretación generosa que de ella hicieron los gobiernos colorados y blancos, implicó un obstáculo para la acción de la Justicia y tres, la supuesta falta de interés de la ciudadanía en el tema.
Las tres premisas son falsas. Las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por agentes del Estado o a su servicio en el marco del terrorismo de Estado: son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. El Estado uruguayo está obligado por múltiples tratados internacionales que suscribió a considerarlos así y además, también lo está, por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH(CIDH) en el caso Gelman. En la sentencia se dice explícitamente que el Estado uruguayo (el Poder Judicial es parte de él) debe asegurarse que la Ley de Caducidad no pueda volver a ser un obstáculo para la investigación, ni para identificar y castigar a los responsables y que «no debe aplicarse ningún otro instrumento jurídico análogo como la prescripción».
El Poder Ejecutivo ha dado pasos para cumplir la sentencia de la CIDH. Revocó los decretos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle que obstruían la acción de la Justicia. Publicó la sentencia de la Corte. Se la comunicó a los otros poderes del Estado. Realizará un acto público de asunción de responsabilidad con la máxima representación de los tres poderes del Estado. Hace dos días publicó una nómina, parcial pero exhaustiva, de los casos de violaciones a los DDHH que están en la Justicia. Se logró el relevamiento de 135 casos; sólo en 14 de ellos hay procesados, en los 121 restantes los responsables de los crímenes siguen impunes.
Les toca actuar a los otros poderes del Estado. A la Justicia le toca asumir a cabalidad la tarea de reactivar todos esos casos, los que no están en esa nómina y las denuncias que vendrán, seguramente superarán los 200 casos.
Es una inmensa tarea, pero imprescindible. La sociedad uruguaya toda, su democracia, necesitan que esa tarea se cumpla a cabalidad. Sin renunciamientos y sin trampas leguleyas, como antes fue la Ley de Caducidad y ahora es la prescripción. Hay que empezar por tipificar los delitos como lo que son, de lesa humanidad.
Al Poder Legislativo le cabe adoptar, si es necesario, nuestros instrumentos legales para que la Justicia actúe sin cortapisas, las variantes son muchas, ninguna hay que descartar.
Las presiones y las mentiras.
Los impunes y sus defensores militares y civiles insisten en mentir y presionar. Hace una semana una delegación de retirados militares se reunió con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. En las versiones de prensa posteriores se dijeron cosas graves. El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrés dijo a Ultimas Noticias: «el Ministro nos dejó claro que piensa que la prescripción debe regir a partir del 1º de noviembre. Estamos en la misma sintonía», y agregó «coincidió en forma plena» en que existe un «trasfondo político» en los procesamientos».
Por su parte, el presidente del Centro de Oficiales Retirados, coronel (r) Jorge Puente, afirmó: «esto es un problema político, que va mucho más allá de que la Justicia se pronuncie». También dijo que «el Ministro estuvo de acuerdo».
Por último, el coronel Cedrés fue por más y dijo que no sólo quiere evitar que sean juzgados más militares, sino que pretende anular los juicios ya vigentes. Anunció que recurrirán a organismos internacionales, los mismos cuyas sentencias quieren que no se cumplan. «Nadie es más nacionalista que nosotros, pero no nos dejan otra salida», advirtió Cedrés.
El coronel Cedrés, al igual que los impunes que defiende, miente y lo hace a sabiendas. No hay ninguna operación revancha o búsqueda de rédito político en el reclamo de verdad y justicia. Si lo hubo, para la derecha, en la Ley de Caducidad, entre otros, mantener a las Fuerzas Armadas como su coto cerrado y dentro de su bloque de poder.
Los delitos cometidos por los representados por el coronel Cedrés, vale reafirmarlo una vez más, son de lesa humanidad, no prescriben. El coronel Cedrés y los que estén «en sintonía» con él, claramente EL POPULAR no lo estuvo, no lo está y no lo estará, quieren seguir con una democracia mutilada y mantener un privilegio: estar al margen de la justicia. Estamos en las antípodas del coronel Cedrés y de su «sintonía», ahora que lo expresa haciendo lobby y también cuando lo expresaron amenazando y chantajeando. A diferencia del coronel Cedrés y de su «sintonía» somos profundamente democráticos y por eso queremos que todos seamos iguales ante la ley, ni más ni menos.
Lo central.
Todas estas dimensiones, importantes por cierto, omiten lo central. La impunidad es intolerable desde una perspectiva ética.
Hábilmente hablan de leyes y de pronunciamientos pero omiten decir qué es lo que está en juego y a quiénes defienden. Los impunes son asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores. Eso son. A eso defienden quienes quieren que siga la impunidad o no hacen nada para que termine. Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Es imprescindible llamarlas por su nombre. Si la Justicia no actúa, si no investiga, si no identifica a los culpables, asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores, estos quedarán impunes.
Es tan brutal la tergiversación que se omite señalar que los defensores de los impunes no alegan la inocencia de sus defendidos. Muy por el contrario asumen que son culpables, pero dicen que deben quedar impunes. Su propuesta no es ni siquiera el perdón, es lisa y llanamente la impunidad, que es mucho peor.
Desde esa postura, la ética, la de construcción ciudadana, sostenemos que hay que salir de la trampa institucional y leguleya, que nos deja a la expectativa de soluciones cuasi mágicas y de negociaciones reducidas. La Verdad y la Justicia no son objeto de negociación; son premisas imprescindibles y condicionantes de la democracia y de la libertad.
Por eso, seguiremos investigando, seguiremos denunciando, seguiremos reclamando: Verdad y Justicia. Nada más pero nada menos.

Fuente; El Popular N° 154 - 2/9/2011

La tierra, los terratenientes, la izquierda y la derecha (editorial de El Popular)

El gobierno del Frente Amplio envió al Parlamento el proyecto de ley que crea el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR). Su extensa y documentada exposición de motivos y los escuetos 14 artículos que lo componen desataron una tormenta política y mediática. Bienvenida sea. El proyecto dice acertadamente: “Existen tres mercados de factores productivos: tierra, trabajo y capital”. Los dos gobiernos del FA avanzaron sustancialmente en el mundo del trabajo, desmontando la obra del neoliberalismo en él; muy tímidamente aún, también se introdujeron en el mundo del capital; pero la tierra, factor clave de la producción y de la acumulación de riqueza, había permanecido prácticamente intocada. El Proyecto de Ley crea el ICIR, un impuesto progresivo que grava a las propiedades rurales de más de 2 mil hectáreas. Entre 2 mil y 5 mil hectáreas tributarán, por hectárea, 8 dólares anuales; entre 5 mil y 10 mil hectáreas, 12 dólares anuales; y las de más de 10 mil hectáreas, 16 dólares anuales. Además, introduce una modificación al régimen de compra-venta de tierra e incorpora la valorización del inmueble como objeto de tributación. En el primer caso lo que se recaude será volcado a las intendencias y en el segundo caso al Instituto Nacional de Colonización. Se financiará la infraestructura rural y el desarrollo del campo.
Algunos datos.
El ICIR gravará aproximadamente a 1.200 productores de un total de 47.300, es decir un 2.5%; el 97.5% de los productores no será afectado. Hay un nutrido grupo de argumentos que respaldan esta medida. En primer lugar la concentración de la tierra que es mucho más grande que la del ingreso: mientras que el 10% de la población de más altos ingresos percibe el 30.5% del ingreso, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra Además, como fruto de muy diversos factores, ninguno de ellos atado a la inversión productiva de sus propietarios, sino al carácter de bien social escaso, al crecimiento económico del país y a la liquidez internacional que la ve como refugio para capitales especulativos; la tierra se ha valorizado casi más que cualquier otro factor productivo. El valor total de las tierras que se gravan, unos 5 millones de hectáreas, era hace 10 años de 4 mil millones de dólares; hoy es de 16 mil millones de dólares. Este aumento del valor no fue acompañado de aporte fiscal; redundó solamente en beneficio de sus propietarios y no de la sociedad. En los últimos 10 años, la tributación total del sector agropecuario disminuyó, en porcentaje a su PIB, casi un 30%, pasando de 9.7% del PIB Agropecuario en 1999 a 7.1% en 2009. Esa disminución también se produjo respecto de lo que aporta el conjunto de la sociedad; es decir, no sólo comparados con sí mismos, sino con toda la sociedad. En 1999, la presión fiscal sobre los propietarios de tierra era de 9.7% mientras que la que recae sobre la población en su conjunto era de 30.1%. En 2009, la presión sobre el agro bajó a 7.1 mientras que la nacional fue de 29.5%. Para resumir, la tierra está altamente concentrada, aumentó su valor enormemente, tributa menos que antes y mucho menos que el resto de la sociedad.
El debate con la derecha.
La decisión de gravar a las grandes propiedades de tierra, está entonces largamente justificada. Las organizaciones que nuclean a los grandes propietarios han puesto el grito en el cielo; sobre todo la Asociación Rural, de triste trayectoria, habiendo apoyado el golpe de Estado, operando para la dictadura y reprimiendo cualquier intento de organización de los trabajadores. Lo mismo ha hecho la derecha, especialmente el Partido Colorado a través de su principal figura, Pedro Bordaberry. Es lógico, en su caso, más que tradición política es tradición familiar. Bordaberry al igual que su padre, ha convertido al Partido Colorado en una expresión de derecha dura, que sólo sabe proponer represión y defender los privilegios de los ricos. Es un debate saludable, no hay que caer en la trampa de discutir aspectos parciales, como qué se hará con contratos de inversión, que aunque es un problema real, no es el centro, ni por aproximación. Es bueno que Bordaberry le diga a la sociedad claramente que él no quiere que se toquen, ni mínimamente, los privilegios de los más ricos. Está defendiendo al 2.5% de los productores, sólo eso.
La discusión en el gobierno y en el FA.
La discusión para aprobar este proyecto de ley no fue sencilla hasta ahora y no lo será de ahora en adelante. Eso ocurre cuando están en juego elementos centrales del poder y de la riqueza. Pero el gobierno del Frente Amplio la saldó bien; incluso, fruto del debate, el proyecto es mejor que el original e incorporó el elemento de gravar la valorización de la tierra en las operaciones de venta. Esto muestra que es muy importante discutir y hacerlo con franqueza y sin miedo. Ahora la discusión se dará en el Parlamento y será dura. Hay que darla. Entendemos que es imprescindible que también la dé el FA y tome posición. Lo señalamos como una necesidad, en discrepancia, con la Ley de PPP; lo reiteramos ahora, en el acuerdo, con el ICIR. No tiene que ver con una opinión favorable o no, tiene que ver con el método: los temas centrales del país deben discutirse en el FA. Porque no hay monopolios para las iniciativas, ni del Ministerio de Economía, ni de la OPP, ni siquiera de la Presidencia; se necesita un debate colectivo, una decisión y una acción de todos para defender las medidas que así se aprueben. El 4 de agosto el PCU entregó al FA un documento proponiendo que se discutiera la concentración y extranjerización de la tierra. El PIT-CNT, a través del Instituto Cuesta-Duarte también ha realizado propuestas hace pocos días. Este proyecto de ley es un buen paso; merece y necesita discusión amplia y respaldo. Ese es el camino.

LA VIGENCIA DE LOS COMITÉS DE BASE

Este 25 de agosto se votará en los Comité de Base del FA para elegir sus autoridades. Como bien lo señala el presidente del FA, Jorge Brovetto, en la entrevista que se incluye en la presente edición de EL POPULAR, esta elección la realiza solamente el FA en Uruguay y son muy pocos los casos similares en América Latina.
¿Alguien se imagina a los blancos o colorados votando en el «Club de amigos de…» la dirección de 0ese club político? En esta elección no están en juego senaturías o diputaciones, ni siquiera se eligen direcciones departamentales y mucho menos nacionales de la fuerza política. No, nada de eso. Se eligen responsabilidades para militantes de base, lugares para militar y para hacerse responsable de tareas. Mujeres, hombres y jóvenes, se candidatean y son electos por sus iguales, los militantes, para hacerse responsables de tareas concretas y en algunos casos representarlos en organismos intermedios del FA.
No es nada menor que en estas épocas de tanto relativismo y tanto juicio apresurado sobre todo, militantes se junten para votar militantes. La participación de sus adherentes en forma organizada y permanente es un elemento nuevo que aportaron el FA y la izquierda a la política nacional e implicó, en primer lugar, un fortalecimiento de la democracia.
El 25 se votará en más de 400 Comité de Base de todo el país y unos 36 entre los uruguayos que viven en el exterior. Cuando se habla y se discute sobre el compromiso democrático de la izquierda dos datos importantes se destacan poco: cuando la derecha criminaliza a los jóvenes, en el FA se les otorgan derechos: pueden votar los mayores de 14 años y pueden ser electos los mayores de 16; los uruguayos que se tuvieron que ir al exterior, en el FA, votan con los mismos derechos.
Se ha puesto y se pone mucho énfasis en que los Comités de Base no alcanzan en la actualidad para incorporar a la inmensa masa de votantes del FA, ni siquiera, se dice, a toda la militancia. Es cierto, han cambiado la sociedad, las formas de organizarse y participar y también el rol del FA, que ahora es fuerza de gobierno. Todo eso debe ser incorporado, fortalecer los instrumentos actuales y abrir nuevos caminos.
Pero ello no debe hacerse subidos a la prédica del abandono de los Comités de Base, y mucho menos, con el mensaje soterrado de que «la militancia ya fue». No hay otra fuerza política en el Uruguay que tenga 400 organizaciones de base en todo el país y menos aún, militantes dispuestos a asumir, sin ningún cargo a cambio, responsabilidades en ellas.
Más allá de las limitaciones y reconociendo que hay que cambiar muchas cosas, el 25 es un día importante para el FA y para la democracia del país: Es el día de los Comités de Base, uno de los instrumentos populares que más transformaron la vida del Uruguay.

OBREROS Y ESTUDIANTES (editorial de El Popular)

En una semana, nuestro país fue escenario de dos grandes movilizaciones que involucraron a dos sectores claves de la sociedad: los trabajadores y los estudiantes.
Cualquier proceso de izquierda de transformación de la sociedad tiene una premisa fundamental: la participación del pueblo organizado. Es clave la conquista de espacios de gobierno; es clave una buena gestión en ellos. Pero también lo es el fortalecimiento de los instrumentos populares, la movilización y la participación. Una sociedad apática y desmovilizada siempre favorece a la derecha y al «statu quo». En el enfrentamiento de dos proyectos de país y la conformación de los bloques sociales que respaldan a cada uno -los trabajadores y la juventud, con su componente históricamente más influyente-, los estudiantes, fueron, son y serán decisivos. Los trabajadores y los estudiantes son dos de las fuerzas motrices del cambio y las transformaciones de izquierda. Por eso la derecha, que lo sabe claramente, salió con furia a golpearlos. Por eso El País retomó sus peores épocas fascistoides, para decir que el CLAE era un «congreso castrista». Le temen y les preocupa el pueblo organizado.
Miles con el PIT-CNT.
El peso de los trabajadores organizados en la sociedad uruguaya ha sido un rasgo distintivo. No responde a una antojadiza definición teórica y mucho menos a una operación ideológica de la izquierda. Es fruto del trabajo de la acumulación de décadas y es mérito, en primer lugar, del propio movimiento sindical y también, de la izquierda toda. El mantenimiento de la unidad en los gremios por rama y en una central única que reúne a todos los trabajadores, públicos y privados, y a todas la corrientes sindicales, es un logro histórico de los trabajadores y de la izquierda uruguaya. El PIT-CNT, que desde 2005 ha triplicado el número de sus afiliados, superando los 300 mil, ha mostrado su madurez, su capacidad de propuesta y su representatividad, ratificada en las elecciones con voto secreto y obligatorio para el BPS, en las cuales logró más de 300 mil votos. También ha mostrado su profunda raigambre democrática con elecciones sucesivas en varios gremios: ADEOM, AEBU, SUTEL, FFSP, ahora en el SUNCA, por citar sólo algunas, en las que han participado decenas de miles de trabajadores. El martes 16, con la jornada nacional, el PITCNT agregó otro elemento sustancial: demostró su capacidad de movilización. El paro general parcial tuvo un acatamiento del 90% y en las movilizaciones a lo largo y ancho del país participaron miles de trabajadores; solamente en Montevideo fueron más de 20 mil. La plataforma levantada, muestra la madurez y la preocupación, para nada corporativa del movimiento sindical: defensa de la negociación colectiva, de las empresas públicas, reivindicación del Estado como locomotora del desarrollo, exigencia de que los impactos de la crisis internacional no los paguen los trabajadores, salario mínimo nacional de 10 mil pesos, incremento de las asignaciones familiares, distribución de la riqueza, evitar las prescripciones de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, defensa de la educación pública, entre otros puntos. Siendo esto importante, lo es más sin embargo, la presencia movilizada y unitaria del PITCNT en la realidad nacional, como garantía del proceso de cambios y también de su consolidación y profundización.
Miles con la FEUU y el CLAE.
Entre el 10 y el 15 de agosto se realizó en Montevideo el XVI Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Participaron 3.500 delegados de 18 países y 2.000 estudiantes uruguayos. Debatieron, propusieron, ratificaron su compromiso de lucha, marcharon y se divirtieron. Conmovieron Montevideo con su presencia y para bien. De las muchas cosas que hay para destacar del CLAE nos interesa hoy concentrarnos en una: la madurez, militancia y capacidad mostrada por los cientos de militantes de la FEUU para organizarlo y asegurar su éxito. Conviene destacarlo, cuando reiteradamente se critica a la FEUU, incluso desde la izquierda y se la mira con indiferencia. Es cierto que hay problemas. Es cierto que tiene muchas dificultades para lograr la adhesión y participación de una inmensa masa estudiantil en crecimiento. Pero también es cierto que la FEUU demostró con el CLAE que tiene reservas y militantes de enorme valía y proyección. No es un dato menor. El grado de desarrollo orgánico y político de la FEUU no es un problema solamente de los estudiantes y de la Universidad, lo es de todo el movimiento popular uruguayo, que ha estado y sigue estando omiso en asumirlo, discutirlo y ayudar. No para decirles a los gurises cómo hacer las cosas; no para imponerles viejos esquemas; menos para transformar a la FEUU en un escenario de disputas entre corrientes de izquierda por espacios de poder. Para eso no. El movimiento popular, la izquierda, la sociedad uruguaya toda, debe ver hacia el movimiento estudiantil, para aprender, para entender y para luchar mejor, junto con ellos. Son parte decisiva del bloque social de los cambios y son una de las llaves para enfrentar con éxito la profundización del actual proceso de cambios. La derecha lo entiende claramente por eso los golpea. La izquierda debe asumirlo con mucha fuerza, defenderlos y dejarlos ser. A pesar de que los medios de la derecha los golpearon y en algunos casos los ignoraron, hubo dos grandes hechos en el Uruguay en una semana. Los protagonizaron los trabajadores y los estudiantes organizados. No es poca cosa. Que conste.

La tierra está extranjerizada y concentrada. (Editorial de EL POPULAR).

El PCU entregó ayer al Frente Amplio, en mano de su presidente Jorge Brovetto, una propuesta para que se discuta la concentración y la extranjerización de la tierra y se estudien medidas para enfrentar este fenómeno socioeconómico y sus consecuencias.
El hecho es importante por muchas razones. Nos concentraremos en dos: el método y la forma de introducir un tema en la agenda política y la dimensión del problema que se propone debatir, tanto en sus aspectos económicos y productivos concretos, como en su impacto en un asunto central para la construcción de un proyecto de izquierda: la distribución de la riqueza.
En cuanto al método.
La propuesta se presentó al FA, para analizarla colectivamente, debatir, polemizar si es necesario, estudiarla con seriedad y responsabilidad, incorporar todos los aportes posibles y promover un camino, con acuerdos políticos y sociales, para enfrentar un problema que tiene planteado el país. Es una apuesta a una forma de discutir y resolver los problemas, que privilegia el papel del FA desde sus organismos e intenta aportar a la gestión de gobierno, a través de la propuesta y la unidad. El documento que se titula «La extranjerización de la tierra en el Uruguay. Propuesta del PCU al FA» es una propuesta abierta, esboza un diagnóstico y contiene cuatro ideas para debatir. No pretende cerrar nada; muy por el contrario, está dirigido a abrir la discusión «en el FA y la sociedad toda», y se lo propone explícitamente como objetivo.
Sobre el problema en sí.
Lo primero a saldar es si estamos o no ante un problema. Las definiciones exactas y precisas sobre la propiedad de la tierra en Uruguay no son sencillas; está pendiente el Censo Agropecuario, la presencia de sociedades anónimas como propietarias dificulta a veces la identificación, y varios etcéteras. No obstante esto, se constata que vivimos un proceso de concentración y extranjerización de la tierra en Uruguay que además se ha acelerado en los últimos años. En esa constatación se coincide desde muy diversos sectores, que van desde los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Instituto Nacional de Colonización, la UDELAR, centros independientes como el Cadesyc, la OPP y la Presidencia de la República. También desde el Banco Mundial y hasta la Fundación Pensar, vinculada a Macri en Argentina. El Uruguay tiene 16 millones de hectáreas productivas. Según las estimaciones citadas, un 25% de ellas estaría ya en manos de extranjeros. La situación es grave, tanto si se compara a Uruguay con su propia historia como si se la compara con la región y el mundo: Brasil tiene 1.2% de las tierras en manos de extranjeros, Argentina el 3.4% y EEUU el 1.7%. Pero además se da un altísimo grado de concentración. La situación es de tal magnitud que el Instituto Nacional de Colonización tuvo que crear una categoría nueva de propietarios de tierra: antes se hablaba de «grandes propietarios»; ahora debió agregarse «grandísimos propietarios», los de más de 200 mil hectáreas. Sólo 11 empresas transnacionales concentran más de un millón de hectáreas, el equivalente a la superficie productiva de Canelones, Colonia y San José. Esta concentración se da también en los distintos sectores y cadenas productivas agropecuarias, es decir que se extiende a la producción y la comercialización de uno de los sectores más importantes de la base productiva nacional. En forestación, 8 empresas extranjeras poseen 720 mil hectáreas; en la producción de secano, 6 empresas extranjeras superan las 300 mil hectáreas; en el arroz la extranjerización supera el 85%; en la ganadería, 10 frigoríficos (9 de ellos extranjeros) concentran el 70% de la faena. En el caso de la propiedad de la tierra, la producción y la comercialización de la producción agropecuaria, concentración y extranjerización son dos caras de la misma moneda y deben ser abordadas en conjunto.
Opiniones que importan
El propio presidente de la República, José Mujica, en el marco del debate aún no resuelto, sobre el aumento de la tributación a los grandes propietarios, expresó la necesidad de limitar la concentración y afirmó que la propiedad de la tierra está más concentrada que el ingreso, en tanto el 10% de los propietarios más grandes concentra el 65% de la tierra. También se refirió a ello el ex presidente Tabaré Vázquez, quien reconoció que era válido discutir la necesidad de ponerle límites a la inversión extranjera y en particular a la que se dirige a la compra de tierras. Incluso ha sido motivo de preocupación desde el punto de vista de la Defensa Nacional. En un documento del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) se sostiene que «un mayor control sobre la compra de tierra por extranjeros adquiere particular relevancia a raíz del temor por la inseguridad alimentaria y por la actitud de algunos Estados poderosos que deciden enfrentar ese riesgo comprando tierras productivas en países del hemisferio sur».
Dos proyectos de país
Es un aspecto central -y más si se le mira desde una perspectiva más amplia-, la disputa entre dos proyectos de país: el de la izquierda, productivo y con justicia social y el de la derecha, con más dependencia. Por otra parte, la tierra, su propiedad y la renta derivada de ella y su producción es uno de los factores históricos y actuales de mayor incidencia en la generación de riqueza en el Uruguay. Tener una política de tierras, redefinir el rol del Estado, cumplir con lo establecido en el programa del FA respecto del papel del Instituto Nacional de Colonización, impedir el desplazamiento de los pequeños y medianos productores así como la primarización de la producción, y buscar la diversificación productiva, son objetivos imprescindibles para un proyecto de izquierda. ¿Es necesaria la inversión, incluso la extranjera? Por supuesto que sí, pero no cualquiera, ni para cualquier cosa. Uruguay es el único país de la región que no tiene ninguna limitación legal a la compra de tierras por extranjeros. El FA y su gobierno tienen la obligación política de asumir el problema y enfrentarlo. Por el presente, por el futuro y por ser fieles, como se proclama, al legado artiguista, que tiene en el «Reglamento de Tierras» uno de sus componentes fundamentales, políticos, éticos y revolucionarios. La derecha no tiene proyecto ni propuesta; quiere que todo siga como está. Ante la menor discusión la respuesta de la Asociación Rural, expresión de la oligarquía vernácula, rentista y conservadora, responde diciendo que van a ir a invertir a Paraguay. La izquierda, el FA, las fuerzas sociales que componen su base histórica, deben debatir y afrontar esta situación para revertir este proceso, donde el lucro y el mercado campean sin límites en un recurso estratégico para el país. Hacia ese objetivo está dirigida la propuesta del PCU.

DECLARACION DEL COMITÉ CENTRAL SOBRE LA LUCHA DE LOS OBREROS DEL METAL

Montevideo, Junio 19 de 2011.-

El Comité Central declara su más abierta solidaridad con la justa lucha de los obreros del metal en CIR Y TURBOFLOW, que en estos momentos están enfrentando un conflicto provocado por la patronal para avasallar sus derechos
El Partido Comunista de Uruguay exhorta a encontrar una salida negociada a este conflicto sobre la base del respeto a los derechos de los trabajadores.