"Si algo importa de los plazos es el tiempo que ha trascurrido sin el conocimiento de la verdad", dice en uno de sus pasajes la proclama leída el pasado martes en Plaza Libertad. Así es.
El poder de la derecha y de los medios de comunicación para torcer los ejes reales del debate en torno a la impunidad es muy grande. Cuando la Ley Interpretativa el eje que instalaron era si se respetaba o no la supuesta primacía de la democracia directa, -que siempre denostaron-, por sobre la representativa. Luego lo trasladaron a los problemas internos del Frente Amplio. Ahora parece ser que lo único que existe, en caso de que algo exista ya que también silencian e invisibilizan el tema, es la prescripción de los delitos en noviembre.
Ese poder de cambiar los ejes impacta en la sociedad en su conjunto, objetivo principal, pero también en la izquierda y en el movimiento social. Tienen una gran capacidad para ocultar el centro real del problema y de paso, volver a transformar a los victimarios en víctimas.
Ahora todo gira, cuando se habla del tema, en las soluciones jurídicas y/o legislativas para impedir que los crímenes de lesa humanidad, que eso son, prescriban en noviembre. Esta es, la prescripción o no, una dimensión sin dudas importante de la lucha contra la impunidad, pero está muy lejos de ser la única.
En torno a la prescripción.
La posibilidad de que exactamente dentro de 60 días las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura prescriban, se sustenta en tres premisas: una, considerar que son delitos comunes y por lo tanto prescriptibles; dos, ignorar que la Ley de Caducidad y la interpretación generosa que de ella hicieron los gobiernos colorados y blancos, implicó un obstáculo para la acción de la Justicia y tres, la supuesta falta de interés de la ciudadanía en el tema.
Las tres premisas son falsas. Las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por agentes del Estado o a su servicio en el marco del terrorismo de Estado: son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. El Estado uruguayo está obligado por múltiples tratados internacionales que suscribió a considerarlos así y además, también lo está, por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH(CIDH) en el caso Gelman. En la sentencia se dice explícitamente que el Estado uruguayo (el Poder Judicial es parte de él) debe asegurarse que la Ley de Caducidad no pueda volver a ser un obstáculo para la investigación, ni para identificar y castigar a los responsables y que «no debe aplicarse ningún otro instrumento jurídico análogo como la prescripción».
El Poder Ejecutivo ha dado pasos para cumplir la sentencia de la CIDH. Revocó los decretos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle que obstruían la acción de la Justicia. Publicó la sentencia de la Corte. Se la comunicó a los otros poderes del Estado. Realizará un acto público de asunción de responsabilidad con la máxima representación de los tres poderes del Estado. Hace dos días publicó una nómina, parcial pero exhaustiva, de los casos de violaciones a los DDHH que están en la Justicia. Se logró el relevamiento de 135 casos; sólo en 14 de ellos hay procesados, en los 121 restantes los responsables de los crímenes siguen impunes.
Les toca actuar a los otros poderes del Estado. A la Justicia le toca asumir a cabalidad la tarea de reactivar todos esos casos, los que no están en esa nómina y las denuncias que vendrán, seguramente superarán los 200 casos.
Es una inmensa tarea, pero imprescindible. La sociedad uruguaya toda, su democracia, necesitan que esa tarea se cumpla a cabalidad. Sin renunciamientos y sin trampas leguleyas, como antes fue la Ley de Caducidad y ahora es la prescripción. Hay que empezar por tipificar los delitos como lo que son, de lesa humanidad.
Al Poder Legislativo le cabe adoptar, si es necesario, nuestros instrumentos legales para que la Justicia actúe sin cortapisas, las variantes son muchas, ninguna hay que descartar.
Las presiones y las mentiras.
Los impunes y sus defensores militares y civiles insisten en mentir y presionar. Hace una semana una delegación de retirados militares se reunió con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. En las versiones de prensa posteriores se dijeron cosas graves. El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrés dijo a Ultimas Noticias: «el Ministro nos dejó claro que piensa que la prescripción debe regir a partir del 1º de noviembre. Estamos en la misma sintonía», y agregó «coincidió en forma plena» en que existe un «trasfondo político» en los procesamientos».
Por su parte, el presidente del Centro de Oficiales Retirados, coronel (r) Jorge Puente, afirmó: «esto es un problema político, que va mucho más allá de que la Justicia se pronuncie». También dijo que «el Ministro estuvo de acuerdo».
Por último, el coronel Cedrés fue por más y dijo que no sólo quiere evitar que sean juzgados más militares, sino que pretende anular los juicios ya vigentes. Anunció que recurrirán a organismos internacionales, los mismos cuyas sentencias quieren que no se cumplan. «Nadie es más nacionalista que nosotros, pero no nos dejan otra salida», advirtió Cedrés.
El coronel Cedrés, al igual que los impunes que defiende, miente y lo hace a sabiendas. No hay ninguna operación revancha o búsqueda de rédito político en el reclamo de verdad y justicia. Si lo hubo, para la derecha, en la Ley de Caducidad, entre otros, mantener a las Fuerzas Armadas como su coto cerrado y dentro de su bloque de poder.
Los delitos cometidos por los representados por el coronel Cedrés, vale reafirmarlo una vez más, son de lesa humanidad, no prescriben. El coronel Cedrés y los que estén «en sintonía» con él, claramente EL POPULAR no lo estuvo, no lo está y no lo estará, quieren seguir con una democracia mutilada y mantener un privilegio: estar al margen de la justicia. Estamos en las antípodas del coronel Cedrés y de su «sintonía», ahora que lo expresa haciendo lobby y también cuando lo expresaron amenazando y chantajeando. A diferencia del coronel Cedrés y de su «sintonía» somos profundamente democráticos y por eso queremos que todos seamos iguales ante la ley, ni más ni menos.
Lo central.
Todas estas dimensiones, importantes por cierto, omiten lo central. La impunidad es intolerable desde una perspectiva ética.
Hábilmente hablan de leyes y de pronunciamientos pero omiten decir qué es lo que está en juego y a quiénes defienden. Los impunes son asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores. Eso son. A eso defienden quienes quieren que siga la impunidad o no hacen nada para que termine. Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Es imprescindible llamarlas por su nombre. Si la Justicia no actúa, si no investiga, si no identifica a los culpables, asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores, estos quedarán impunes.
Es tan brutal la tergiversación que se omite señalar que los defensores de los impunes no alegan la inocencia de sus defendidos. Muy por el contrario asumen que son culpables, pero dicen que deben quedar impunes. Su propuesta no es ni siquiera el perdón, es lisa y llanamente la impunidad, que es mucho peor.
Desde esa postura, la ética, la de construcción ciudadana, sostenemos que hay que salir de la trampa institucional y leguleya, que nos deja a la expectativa de soluciones cuasi mágicas y de negociaciones reducidas. La Verdad y la Justicia no son objeto de negociación; son premisas imprescindibles y condicionantes de la democracia y de la libertad.
Por eso, seguiremos investigando, seguiremos denunciando, seguiremos reclamando: Verdad y Justicia. Nada más pero nada menos.
Fuente; El Popular N° 154 - 2/9/2011
El poder de la derecha y de los medios de comunicación para torcer los ejes reales del debate en torno a la impunidad es muy grande. Cuando la Ley Interpretativa el eje que instalaron era si se respetaba o no la supuesta primacía de la democracia directa, -que siempre denostaron-, por sobre la representativa. Luego lo trasladaron a los problemas internos del Frente Amplio. Ahora parece ser que lo único que existe, en caso de que algo exista ya que también silencian e invisibilizan el tema, es la prescripción de los delitos en noviembre.
Ese poder de cambiar los ejes impacta en la sociedad en su conjunto, objetivo principal, pero también en la izquierda y en el movimiento social. Tienen una gran capacidad para ocultar el centro real del problema y de paso, volver a transformar a los victimarios en víctimas.
Ahora todo gira, cuando se habla del tema, en las soluciones jurídicas y/o legislativas para impedir que los crímenes de lesa humanidad, que eso son, prescriban en noviembre. Esta es, la prescripción o no, una dimensión sin dudas importante de la lucha contra la impunidad, pero está muy lejos de ser la única.
En torno a la prescripción.
La posibilidad de que exactamente dentro de 60 días las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura prescriban, se sustenta en tres premisas: una, considerar que son delitos comunes y por lo tanto prescriptibles; dos, ignorar que la Ley de Caducidad y la interpretación generosa que de ella hicieron los gobiernos colorados y blancos, implicó un obstáculo para la acción de la Justicia y tres, la supuesta falta de interés de la ciudadanía en el tema.
Las tres premisas son falsas. Las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por agentes del Estado o a su servicio en el marco del terrorismo de Estado: son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. El Estado uruguayo está obligado por múltiples tratados internacionales que suscribió a considerarlos así y además, también lo está, por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH(CIDH) en el caso Gelman. En la sentencia se dice explícitamente que el Estado uruguayo (el Poder Judicial es parte de él) debe asegurarse que la Ley de Caducidad no pueda volver a ser un obstáculo para la investigación, ni para identificar y castigar a los responsables y que «no debe aplicarse ningún otro instrumento jurídico análogo como la prescripción».
El Poder Ejecutivo ha dado pasos para cumplir la sentencia de la CIDH. Revocó los decretos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle que obstruían la acción de la Justicia. Publicó la sentencia de la Corte. Se la comunicó a los otros poderes del Estado. Realizará un acto público de asunción de responsabilidad con la máxima representación de los tres poderes del Estado. Hace dos días publicó una nómina, parcial pero exhaustiva, de los casos de violaciones a los DDHH que están en la Justicia. Se logró el relevamiento de 135 casos; sólo en 14 de ellos hay procesados, en los 121 restantes los responsables de los crímenes siguen impunes.
Les toca actuar a los otros poderes del Estado. A la Justicia le toca asumir a cabalidad la tarea de reactivar todos esos casos, los que no están en esa nómina y las denuncias que vendrán, seguramente superarán los 200 casos.
Es una inmensa tarea, pero imprescindible. La sociedad uruguaya toda, su democracia, necesitan que esa tarea se cumpla a cabalidad. Sin renunciamientos y sin trampas leguleyas, como antes fue la Ley de Caducidad y ahora es la prescripción. Hay que empezar por tipificar los delitos como lo que son, de lesa humanidad.
Al Poder Legislativo le cabe adoptar, si es necesario, nuestros instrumentos legales para que la Justicia actúe sin cortapisas, las variantes son muchas, ninguna hay que descartar.
Las presiones y las mentiras.
Los impunes y sus defensores militares y civiles insisten en mentir y presionar. Hace una semana una delegación de retirados militares se reunió con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. En las versiones de prensa posteriores se dijeron cosas graves. El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrés dijo a Ultimas Noticias: «el Ministro nos dejó claro que piensa que la prescripción debe regir a partir del 1º de noviembre. Estamos en la misma sintonía», y agregó «coincidió en forma plena» en que existe un «trasfondo político» en los procesamientos».
Por su parte, el presidente del Centro de Oficiales Retirados, coronel (r) Jorge Puente, afirmó: «esto es un problema político, que va mucho más allá de que la Justicia se pronuncie». También dijo que «el Ministro estuvo de acuerdo».
Por último, el coronel Cedrés fue por más y dijo que no sólo quiere evitar que sean juzgados más militares, sino que pretende anular los juicios ya vigentes. Anunció que recurrirán a organismos internacionales, los mismos cuyas sentencias quieren que no se cumplan. «Nadie es más nacionalista que nosotros, pero no nos dejan otra salida», advirtió Cedrés.
El coronel Cedrés, al igual que los impunes que defiende, miente y lo hace a sabiendas. No hay ninguna operación revancha o búsqueda de rédito político en el reclamo de verdad y justicia. Si lo hubo, para la derecha, en la Ley de Caducidad, entre otros, mantener a las Fuerzas Armadas como su coto cerrado y dentro de su bloque de poder.
Los delitos cometidos por los representados por el coronel Cedrés, vale reafirmarlo una vez más, son de lesa humanidad, no prescriben. El coronel Cedrés y los que estén «en sintonía» con él, claramente EL POPULAR no lo estuvo, no lo está y no lo estará, quieren seguir con una democracia mutilada y mantener un privilegio: estar al margen de la justicia. Estamos en las antípodas del coronel Cedrés y de su «sintonía», ahora que lo expresa haciendo lobby y también cuando lo expresaron amenazando y chantajeando. A diferencia del coronel Cedrés y de su «sintonía» somos profundamente democráticos y por eso queremos que todos seamos iguales ante la ley, ni más ni menos.
Lo central.
Todas estas dimensiones, importantes por cierto, omiten lo central. La impunidad es intolerable desde una perspectiva ética.
Hábilmente hablan de leyes y de pronunciamientos pero omiten decir qué es lo que está en juego y a quiénes defienden. Los impunes son asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores. Eso son. A eso defienden quienes quieren que siga la impunidad o no hacen nada para que termine. Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Es imprescindible llamarlas por su nombre. Si la Justicia no actúa, si no investiga, si no identifica a los culpables, asesinos, torturadores, secuestradores de niños y violadores, estos quedarán impunes.
Es tan brutal la tergiversación que se omite señalar que los defensores de los impunes no alegan la inocencia de sus defendidos. Muy por el contrario asumen que son culpables, pero dicen que deben quedar impunes. Su propuesta no es ni siquiera el perdón, es lisa y llanamente la impunidad, que es mucho peor.
Desde esa postura, la ética, la de construcción ciudadana, sostenemos que hay que salir de la trampa institucional y leguleya, que nos deja a la expectativa de soluciones cuasi mágicas y de negociaciones reducidas. La Verdad y la Justicia no son objeto de negociación; son premisas imprescindibles y condicionantes de la democracia y de la libertad.
Por eso, seguiremos investigando, seguiremos denunciando, seguiremos reclamando: Verdad y Justicia. Nada más pero nada menos.
Fuente; El Popular N° 154 - 2/9/2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario