El PCU entregó ayer al Frente Amplio, en mano de su presidente Jorge Brovetto, una propuesta para que se discuta la concentración y la extranjerización de la tierra y se estudien medidas para enfrentar este fenómeno socioeconómico y sus consecuencias.
El hecho es importante por muchas razones. Nos concentraremos en dos: el método y la forma de introducir un tema en la agenda política y la dimensión del problema que se propone debatir, tanto en sus aspectos económicos y productivos concretos, como en su impacto en un asunto central para la construcción de un proyecto de izquierda: la distribución de la riqueza.
En cuanto al método.
La propuesta se presentó al FA, para analizarla colectivamente, debatir, polemizar si es necesario, estudiarla con seriedad y responsabilidad, incorporar todos los aportes posibles y promover un camino, con acuerdos políticos y sociales, para enfrentar un problema que tiene planteado el país. Es una apuesta a una forma de discutir y resolver los problemas, que privilegia el papel del FA desde sus organismos e intenta aportar a la gestión de gobierno, a través de la propuesta y la unidad. El documento que se titula «La extranjerización de la tierra en el Uruguay. Propuesta del PCU al FA» es una propuesta abierta, esboza un diagnóstico y contiene cuatro ideas para debatir. No pretende cerrar nada; muy por el contrario, está dirigido a abrir la discusión «en el FA y la sociedad toda», y se lo propone explícitamente como objetivo.
Sobre el problema en sí.
Lo primero a saldar es si estamos o no ante un problema. Las definiciones exactas y precisas sobre la propiedad de la tierra en Uruguay no son sencillas; está pendiente el Censo Agropecuario, la presencia de sociedades anónimas como propietarias dificulta a veces la identificación, y varios etcéteras. No obstante esto, se constata que vivimos un proceso de concentración y extranjerización de la tierra en Uruguay que además se ha acelerado en los últimos años. En esa constatación se coincide desde muy diversos sectores, que van desde los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Instituto Nacional de Colonización, la UDELAR, centros independientes como el Cadesyc, la OPP y la Presidencia de la República. También desde el Banco Mundial y hasta la Fundación Pensar, vinculada a Macri en Argentina. El Uruguay tiene 16 millones de hectáreas productivas. Según las estimaciones citadas, un 25% de ellas estaría ya en manos de extranjeros. La situación es grave, tanto si se compara a Uruguay con su propia historia como si se la compara con la región y el mundo: Brasil tiene 1.2% de las tierras en manos de extranjeros, Argentina el 3.4% y EEUU el 1.7%. Pero además se da un altísimo grado de concentración. La situación es de tal magnitud que el Instituto Nacional de Colonización tuvo que crear una categoría nueva de propietarios de tierra: antes se hablaba de «grandes propietarios»; ahora debió agregarse «grandísimos propietarios», los de más de 200 mil hectáreas. Sólo 11 empresas transnacionales concentran más de un millón de hectáreas, el equivalente a la superficie productiva de Canelones, Colonia y San José. Esta concentración se da también en los distintos sectores y cadenas productivas agropecuarias, es decir que se extiende a la producción y la comercialización de uno de los sectores más importantes de la base productiva nacional. En forestación, 8 empresas extranjeras poseen 720 mil hectáreas; en la producción de secano, 6 empresas extranjeras superan las 300 mil hectáreas; en el arroz la extranjerización supera el 85%; en la ganadería, 10 frigoríficos (9 de ellos extranjeros) concentran el 70% de la faena. En el caso de la propiedad de la tierra, la producción y la comercialización de la producción agropecuaria, concentración y extranjerización son dos caras de la misma moneda y deben ser abordadas en conjunto.
Opiniones que importan
El propio presidente de la República, José Mujica, en el marco del debate aún no resuelto, sobre el aumento de la tributación a los grandes propietarios, expresó la necesidad de limitar la concentración y afirmó que la propiedad de la tierra está más concentrada que el ingreso, en tanto el 10% de los propietarios más grandes concentra el 65% de la tierra. También se refirió a ello el ex presidente Tabaré Vázquez, quien reconoció que era válido discutir la necesidad de ponerle límites a la inversión extranjera y en particular a la que se dirige a la compra de tierras. Incluso ha sido motivo de preocupación desde el punto de vista de la Defensa Nacional. En un documento del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) se sostiene que «un mayor control sobre la compra de tierra por extranjeros adquiere particular relevancia a raíz del temor por la inseguridad alimentaria y por la actitud de algunos Estados poderosos que deciden enfrentar ese riesgo comprando tierras productivas en países del hemisferio sur».
Dos proyectos de país
Es un aspecto central -y más si se le mira desde una perspectiva más amplia-, la disputa entre dos proyectos de país: el de la izquierda, productivo y con justicia social y el de la derecha, con más dependencia. Por otra parte, la tierra, su propiedad y la renta derivada de ella y su producción es uno de los factores históricos y actuales de mayor incidencia en la generación de riqueza en el Uruguay. Tener una política de tierras, redefinir el rol del Estado, cumplir con lo establecido en el programa del FA respecto del papel del Instituto Nacional de Colonización, impedir el desplazamiento de los pequeños y medianos productores así como la primarización de la producción, y buscar la diversificación productiva, son objetivos imprescindibles para un proyecto de izquierda. ¿Es necesaria la inversión, incluso la extranjera? Por supuesto que sí, pero no cualquiera, ni para cualquier cosa. Uruguay es el único país de la región que no tiene ninguna limitación legal a la compra de tierras por extranjeros. El FA y su gobierno tienen la obligación política de asumir el problema y enfrentarlo. Por el presente, por el futuro y por ser fieles, como se proclama, al legado artiguista, que tiene en el «Reglamento de Tierras» uno de sus componentes fundamentales, políticos, éticos y revolucionarios. La derecha no tiene proyecto ni propuesta; quiere que todo siga como está. Ante la menor discusión la respuesta de la Asociación Rural, expresión de la oligarquía vernácula, rentista y conservadora, responde diciendo que van a ir a invertir a Paraguay. La izquierda, el FA, las fuerzas sociales que componen su base histórica, deben debatir y afrontar esta situación para revertir este proceso, donde el lucro y el mercado campean sin límites en un recurso estratégico para el país. Hacia ese objetivo está dirigida la propuesta del PCU.
El hecho es importante por muchas razones. Nos concentraremos en dos: el método y la forma de introducir un tema en la agenda política y la dimensión del problema que se propone debatir, tanto en sus aspectos económicos y productivos concretos, como en su impacto en un asunto central para la construcción de un proyecto de izquierda: la distribución de la riqueza.
En cuanto al método.
La propuesta se presentó al FA, para analizarla colectivamente, debatir, polemizar si es necesario, estudiarla con seriedad y responsabilidad, incorporar todos los aportes posibles y promover un camino, con acuerdos políticos y sociales, para enfrentar un problema que tiene planteado el país. Es una apuesta a una forma de discutir y resolver los problemas, que privilegia el papel del FA desde sus organismos e intenta aportar a la gestión de gobierno, a través de la propuesta y la unidad. El documento que se titula «La extranjerización de la tierra en el Uruguay. Propuesta del PCU al FA» es una propuesta abierta, esboza un diagnóstico y contiene cuatro ideas para debatir. No pretende cerrar nada; muy por el contrario, está dirigido a abrir la discusión «en el FA y la sociedad toda», y se lo propone explícitamente como objetivo.
Sobre el problema en sí.
Lo primero a saldar es si estamos o no ante un problema. Las definiciones exactas y precisas sobre la propiedad de la tierra en Uruguay no son sencillas; está pendiente el Censo Agropecuario, la presencia de sociedades anónimas como propietarias dificulta a veces la identificación, y varios etcéteras. No obstante esto, se constata que vivimos un proceso de concentración y extranjerización de la tierra en Uruguay que además se ha acelerado en los últimos años. En esa constatación se coincide desde muy diversos sectores, que van desde los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Instituto Nacional de Colonización, la UDELAR, centros independientes como el Cadesyc, la OPP y la Presidencia de la República. También desde el Banco Mundial y hasta la Fundación Pensar, vinculada a Macri en Argentina. El Uruguay tiene 16 millones de hectáreas productivas. Según las estimaciones citadas, un 25% de ellas estaría ya en manos de extranjeros. La situación es grave, tanto si se compara a Uruguay con su propia historia como si se la compara con la región y el mundo: Brasil tiene 1.2% de las tierras en manos de extranjeros, Argentina el 3.4% y EEUU el 1.7%. Pero además se da un altísimo grado de concentración. La situación es de tal magnitud que el Instituto Nacional de Colonización tuvo que crear una categoría nueva de propietarios de tierra: antes se hablaba de «grandes propietarios»; ahora debió agregarse «grandísimos propietarios», los de más de 200 mil hectáreas. Sólo 11 empresas transnacionales concentran más de un millón de hectáreas, el equivalente a la superficie productiva de Canelones, Colonia y San José. Esta concentración se da también en los distintos sectores y cadenas productivas agropecuarias, es decir que se extiende a la producción y la comercialización de uno de los sectores más importantes de la base productiva nacional. En forestación, 8 empresas extranjeras poseen 720 mil hectáreas; en la producción de secano, 6 empresas extranjeras superan las 300 mil hectáreas; en el arroz la extranjerización supera el 85%; en la ganadería, 10 frigoríficos (9 de ellos extranjeros) concentran el 70% de la faena. En el caso de la propiedad de la tierra, la producción y la comercialización de la producción agropecuaria, concentración y extranjerización son dos caras de la misma moneda y deben ser abordadas en conjunto.
Opiniones que importan
El propio presidente de la República, José Mujica, en el marco del debate aún no resuelto, sobre el aumento de la tributación a los grandes propietarios, expresó la necesidad de limitar la concentración y afirmó que la propiedad de la tierra está más concentrada que el ingreso, en tanto el 10% de los propietarios más grandes concentra el 65% de la tierra. También se refirió a ello el ex presidente Tabaré Vázquez, quien reconoció que era válido discutir la necesidad de ponerle límites a la inversión extranjera y en particular a la que se dirige a la compra de tierras. Incluso ha sido motivo de preocupación desde el punto de vista de la Defensa Nacional. En un documento del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) se sostiene que «un mayor control sobre la compra de tierra por extranjeros adquiere particular relevancia a raíz del temor por la inseguridad alimentaria y por la actitud de algunos Estados poderosos que deciden enfrentar ese riesgo comprando tierras productivas en países del hemisferio sur».
Dos proyectos de país
Es un aspecto central -y más si se le mira desde una perspectiva más amplia-, la disputa entre dos proyectos de país: el de la izquierda, productivo y con justicia social y el de la derecha, con más dependencia. Por otra parte, la tierra, su propiedad y la renta derivada de ella y su producción es uno de los factores históricos y actuales de mayor incidencia en la generación de riqueza en el Uruguay. Tener una política de tierras, redefinir el rol del Estado, cumplir con lo establecido en el programa del FA respecto del papel del Instituto Nacional de Colonización, impedir el desplazamiento de los pequeños y medianos productores así como la primarización de la producción, y buscar la diversificación productiva, son objetivos imprescindibles para un proyecto de izquierda. ¿Es necesaria la inversión, incluso la extranjera? Por supuesto que sí, pero no cualquiera, ni para cualquier cosa. Uruguay es el único país de la región que no tiene ninguna limitación legal a la compra de tierras por extranjeros. El FA y su gobierno tienen la obligación política de asumir el problema y enfrentarlo. Por el presente, por el futuro y por ser fieles, como se proclama, al legado artiguista, que tiene en el «Reglamento de Tierras» uno de sus componentes fundamentales, políticos, éticos y revolucionarios. La derecha no tiene proyecto ni propuesta; quiere que todo siga como está. Ante la menor discusión la respuesta de la Asociación Rural, expresión de la oligarquía vernácula, rentista y conservadora, responde diciendo que van a ir a invertir a Paraguay. La izquierda, el FA, las fuerzas sociales que componen su base histórica, deben debatir y afrontar esta situación para revertir este proceso, donde el lucro y el mercado campean sin límites en un recurso estratégico para el país. Hacia ese objetivo está dirigida la propuesta del PCU.
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