Más de 800 ex presos políticos desbordaron completamente las instalaciones del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza para participar en la Asamblea Nacional convocada por Crysol.
Asistieron delegaciones numerosas de todos los departamentos y ciudades del país: Bella Unión, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Paysandú, Melo, Treinta y Tres, Durazno, Colonia, etc. Impresionante.
También asistieron e hicieron uso de la palabra Zelmar Michelini (hijo), Presidente de "Donde Están?" de Francia, el Dr. Oscar López Goldaracena y el cro. Erardo Velázquez de la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos.
La Asamblea Nacional fue convocada por Crysol a los efectos de aprobar un plan de movilizaciones que permita anular la ley de caducidad y lograr la aprobación de una ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado.
A continuación transcribimos el Mensaje de Apertura de dicha asamblea que fuera pronunciado por la compañera Rosario Peguito a nombre de la Comisión Directiva de Crysol.
También transcribimos la Resolución aprobada por unanimidad.
Mensaje de apertura de la Asamblea Nacional
Compañeras y Compañeros:
Muchas gracias a todas y a todos por haber concurrido a esta nueva asamblea nacional que tiene un único y gran propósito: discutir colectivamente y aprobar un plan de movilizaciones que nos involucre a todos y que nos permita afianzar y reforzar la campaña de recolección de firmas para anular la ley de caducidad y aprobar a corto plazo una ley de reparación integral que ampare y contemple sin exclusiones a todas las víctimas del terrorismo de estado.
Desde el 1º de marzo del 2005 los avances en materia de derechos humanos fueron notorios y se logró llevar a cabo lo que durante décadas de cultura de la impunidad se señaló como algo imposible so riesgo del volver al autoritarismo.
Apreciamos el esfuerzo desplegado para encontrar los restos de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos ingresando a los cuarteles.
Valoramos la interpretación que el Poder Ejecutivo realizó de la ley de Caducidad en el sentido de que la misma no contempla a los mandos represivos.
Valoramos altamente el significado profundo que tiene para la vitalidad y la esperanza republicana que algunos de los principales responsables de la destrucción institucional y de las graves violaciones a los derechos humanos hayan sido juzgados y condenados con todas las garantías del debido proceso que miles de uruguayos no tuvieron.
En todos estos últimos años se ha avanzado. Pero para continuar avanzando hacia un Uruguay justo y democrático hacen falta concretar dos grandes desafíos ineludibles: anular la ley de caducidad y aprobar una ley de reparación integral que contemple a todas las víctimas del Terrorismo de Estado y que efectivice todos los principios básicos y esenciales de ella: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición y prevención.
La maldita caducidad.
La ley de caducidad promovida por el Partido Colorado y sectores del Partido Nacional en diciembre del año 1986, es una ley contradictoria e incompatible con una sociedad democrática y con un auténtico estado de derecho.
En tanto ella siga vigente, nuestra sociedad no será auténticamente democrática, seguirá teniendo espinas envenenadas de autoritarismo y de visiones propias de la Doctrina de la Seguridad Nacional en su sistema jurídico.
No es admisible en una sociedad democrática que delitos considerados de lesa humanidad, graves e imprescriptibles sean amnistiados aunque el Poder Judicial de otras épocas, viciado y contaminado de complacencia con los poderosos de siempre, haya dictaminado su constitucionalidad.
Al igual que la mayoría del pueblo uruguayo, las ex presas y los ex presos queremos un Uruguay auténticamente democrático y por ello nos hemos pronunciado desde el año 2004 a favor de su anulación y bregamos por la conformación de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la ley de Caducidad y hemos participado activamente en la campaña de recolección de firmas para que ella sea anulada.
Queremos juntar las firmas necesarias para convocar un plebiscito a la mayor brevedad. Queremos que la ley que limita el accionar del Poder Judicial y que amnistía a los violadores, a los torturadores, a los asesinos y secuestradores, sea anulada por medio de la participación masiva del conjunto de la ciudadanía, de esa misma ciudadanía que en otros momentos, en otra situación, la refrendó en las urnas.
Será un enorme desafío para el conjunto de los sectores populares que quieren seguir avanzando en el camino de la democratización de la sociedad uruguaya y ésta es sin dudas la madre de las grandes reformas del estado uruguayo: anular la ley de caducidad.
En este sentido compañeras y compañeros nos preocupa enormemente la falta de comprensión y de compromiso en torno a este tema de sectores importantes de los partidos de izquierda en nuestro país.
Llamamos a todas y a todos los ex presos políticos a respaldar a Crysol y sus planteos, convocamos a militar a favor de la nulidad de la ley en todos los ámbitos donde desarrollen su militancia política, gremial, cultural o social.
Una imprescindible Ley de Reparación Integral para todas las víctimas.
Los estados, todos los estados tienen la obligación de respetar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos sujetos a su jurisdicción. Tienen además, no sólo la obligación de respetar, sino de garantizar el pleno ejercicio de ellos a todas las personas sin ninguna clase de excepción tal como lo señala la declaración Universal de los Derechos del Hombre, que en diciembre cumple 60 años de su proclamación.
Cuando los estados no cumplen con esta obligación, los estados tienen el deber de reparar de manera integral las violaciones que se produzcan a dichos derechos tal como lo estipula la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.
En Uruguay, las violaciones a los derechos humanos fueron organizadas de manera sistemática por parte del Estado, por sus órganos, sus poderes, sus instituciones y sus funcionarios civiles y militares. Por lo mismo, es lógico afirmar que es el Estado como tal quien tiene el deber de reparar de manera integral las violaciones cometidas por sus órganos, instituciones y funcionarios durante el largo y doloroso período del Terrorismo de Estado tanto dentro de las fronteras nacionales como las que se cometieron fuera de ellas en el marco del denominado Plan Cóndor.
A veintitrés años del retorno a la vida institucional, el Estado uruguayo aún no ha cumplido en este sentido con sus obligaciones jurídicas, políticas y éticas cabalmente tal como lo establece la normativa internacional que Uruguay ha ratificado y que, incluso, la ley 18 026 aprobada por unanimidad durante la actual legislatura consagra.
La barbarie del Terrorismo de Estado.
Creemos necesario también dejar muy claro algunos aspectos que consideramos importantes cuando se trata de avanzar en el camino de superar el pasado reciente y de avanzar hacia el Nunca Más terrorismo de Estado.
El Golpe de Estado dirigido por Juan María Bordaberry y los políticos contestes a él se llevó a cabo en un momento histórico del Uruguay en que cuarteles y dependencias policiales eran bautizadas diariamente con la sangre de cientos de ciudadanas y ciudadanos torturados y eran inauguradas cárceles de máxima seguridad para los miles de Presas y Presos políticos procesados ya por la justicia militar.
El Golpe de Estado con la activa participación de las Fuerzas Armadas y de los sectores más reaccionarios de los partidos tradicionales fue la respuesta institucional de la clase dominante, aliada del imperialismo norteamericano, para frenar el proceso de acumulación de fuerzas de los trabajadores y de los sectores populares.
La Violencia de Estado fue desde siempre el método de los poderosos de turno para reprimir y acallar todos los intentos de cambio en el país siendo especialmente dirigida contra los trabajadores, los estudiantes y sus expresiones organizativas. A partir del 13 de junio de 1968 en que se implantaron en forma sistemática y permanente las Medidas Prontas de Seguridad durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco la violencia se incrementó reprimiendo salvajemente a todos los sectores populares organizados tanto política como gremial y socialmente.
La Violencia de Estado a través del Ministerio del Interior, gestó y organizó el Escuadrón de la Muerte, organización paramilitar que secuestró, desapareció y asesinó a jóvenes militantes políticos intentando amedrentar a los militantes sindicales, estudiantiles, sociales y políticos.
Luego de la disolución del Parlamento del 27 de junio de 1973 se inició una nueva fase represiva en la vida del país, un escalón más elevado en el ejercicio de una violencia sistemática, masiva y generalizada contra el conjunto de la población que todos conocemos como el período del Terrorismo de Estado.
Las Fuerzas Armadas y sus cómplices civiles a nivel social y político han pretendido y siguen pretendiendo, una y otra vez, dar “vuelta la página”. Pretenden justificar sus responsabilidades en las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas desde y con el aval del estado para garantizar la impunidad.
A más de 23 años del retorno a la vida institucional sigue siendo necesario establecer la verdad de lo ocurrido, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Esta es a nuestro entender, la verdad histórica a la cual no renunciamos y que reafirmamos como colectivo.
La necesaria movilización colectiva.
Los resultados se obtienen con la movilización, incluso ganando las calles en forma sistemática y con una visión de mediano alcance en su proyección. No alcanza con tener reivindicaciones justas desde el punto de vista político, jurídico y ético si ellas no se refrendan con acciones callejeras con centenares de militantes participando en ellas.
En la propuesta de resolución que todos Uds. tienen hay una propuesta de movilización para los próximos meses que esperamos sea enriquecida con el debate colectivo, teniendo en cuenta que contamos con muy pocos meses para concretar nuestros anhelos con respecto a la ley de reparación integral.
Y a eso compañeras y compañeros es que convocamos a todas y a todos.
Muchas gracias.
Resolución
La asamblea nacional de ex presas y de ex presos políticos convocada por Crysol y reunida en el Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza en la Ciudad de Montevideo, el día domingo 27 de julio de 2008, resuelve:
1) Ratificar que la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley de Impunidad) es incompatible con un auténtico estado democrático y que bregar a todos los niveles por su anulación mediante un plebiscito nacional es un imperativo político y ético de todo el colectivo y de cada uno de los ex presos políticos.
2) Ratificar que la aprobación de una Ley de Reparación Integral que contemple y ampare a todas las víctimas del Terrorismo de Estado en concordancia con las normas internacionales de Derechos Humanos, en especial la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y de la Ley 18 026 de Setiembre de 2006 es un paso insoslayable e imprescindible en el camino de avanzar seria y comprometidamente en el camino de Nunca Más Terrorismo de Estado.
3) Manifestar su pleno y total apoyo al proyecto de ley de Reparación Integral presentado por Crysol junto con el Dr. Oscar López Goldaracena al gobierno, al Parlamento y a los partidos políticos.
4) Declarar que subsanar íntegramente las carencias, omisiones e insuficiencias de la ley 18 033 que Crysol ha señalado reiteradamente, en el marco de la aprobación de una Ley de Reparación Integral, es imprescindible para lograr una auténtica justicia a nivel previsional.
5) Encomendar a Crysol y a sus organismos correspondientes a que contacten a la mayor brevedad a todas las fuerzas sociales, de DDHH y políticas del país para que se comprometan activamente en la recolección de firmas para convocar un plebiscito destinado a anular la ley de impunidad.
6) Encomendar a Crysol la organización e implementación de un plan de movilización que incluya:
a) realización de Mesas Redondas con el propósito de difundir la normativa de DDHH y las obligaciones de los Estados para con las víctimas del Terrorismo de Estado.
b) organización de manifestaciones callejeras y concentraciones ante el Parlamento para manifestar públicamente nuestro respaldo al proyecto de Ley de Reparación Integral con el siguiente calendario:
* 20 de agosto
* 24 de setiembre
* 22 de octubre
c) colocación de pasacalles y pintada de murales en toda la ciudad.
d) contactar a los organismos internacionales de Derechos Humanos para promover su apoyo directo al proyecto de Ley de Reparación Integral.
e) Realizar campañas publicitarias en los medios de comunicación
7) Convocar a todas y a todos los ex presos políticos, a los familiares y descendientes en todo el país a movilizarse activamente junto a Crysol y exhortarlos a contribuir activamente al fortalecimiento de la organización en todos los planos.
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