Diputada Mtra. Alicia Pintos
Señor Presidente:
Queremos iniciar nuestra intervención haciendo la siguiente precisión:
Desde siempre, los frenteamplistas, en distintos congresos, dijimos y decimos que “la educación constituye un asunto de estado”. En este sentido, frente a la realidad de gobiernos de los partidos tradicionales, sostuvimos que era necesaria una “…verdadera transformación que revolucionara la educación en el Uruguay, recogiendo el consenso y la participación, tanto en su elaboración como en su implementación, de todos los actores sociales y políticos involucrados - estado, docentes, alumnos y padres...” Porque “…el Frente Amplio, como fuerza política popular y participativa…” debía asumir “…el compromiso de promover y tomar como propio el gran proyecto educativo que implícita y explícitamente se ha ido elaborando - a lo largo de los años - en innumerables discusiones, diagnósticos, documentos, etc., aportados por docentes, padres, alumnos y trabajadores.” [1]
Esto es lo que siempre nos ha diferenciado de la derecha de este país. Seguramente algún despistado tratará de argumentar que en todos los partidos somos la misma cosa. Sepan que somos parte de una fuerza política que accedió al gobierno de la mano de un programa nacional, popular y democrático. Nuestro Frente Amplio se nutrió y se nutre de las elaboraciones y reclamos del pueblo y sus organizaciones. Y más allá de los aciertos o errores puntuales de los hombres y mujeres que lo componemos nuestro norte siempre ha sido y es “que los más infelices sean los más privilegiados”.
Señor presidente: podemos demostrar que en nuestro país la clase dominante siempre buscó controlar la educación y por eso históricamente -y hoy también- se expresa en contra de la participación. Los representantes de los llamados partidos tradicionales hoy votarán contra este proyecto de Ley, no porque reclamen mayor participación para los directamente involucrados sino que por el contrario lo han denunciado porque contiene demasiada participación.
En oposición a esta concepción, nuestro pueblo tiene una larga tradición de defensa de la educación frente a los intentos de cercenarla y dejarla sin su contenido democrático.
Cómo no recordar por ejemplo a los maestros que lucharon por instaurar a la escuela nueva en la década del 60 y 70 o la lucha de los obreros y estudiantes por el cogobierno y la autonomía en la lucha por la Ley Orgánica de la Universidad. Fue nuestro pueblo y sus organizaciones los que enfrentaron al pachecato. Recordemos cómo durante su gobierno se impidió que asumiera el delegado por las asambleas artículo 40, en una concepción que trataba de someter la Educación al poder político. Esa concepción es la que se plasma, luego en el 72 con la ley 14.101 emitida por el poder ejecutivo de la época de Juan María Bordaberry y el entonces ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguineti. Y que enfrentamos multitudinariamente.
Esa concepción es reafirmada durante la dictadura cívico-militar al intervenir la Universidad y la enseñanza toda. Centenares de docentes destituidos por su filiación política. Algunos de ellos pagaron con su vida su concepción democrática, son tantos que sería imposible nombrarlos a todos.
Fue la lucha del pueblo organizado y de amplios sectores democráticos los que derrotaron la dictadura. Sin embargo, los acuerdos de la CONAPRO fueron olvidados por los legisladores blancos y colorados durante el primer gobierno de Sanguinetti quienes votaron la ley de Emergencia de Educación, desconociendo los mismos.
La Ley de emergencia continuó con el control de la educación que reprimió con dureza en la década del 80 a los sectores populares. Pongamos como ejemplo la acción de Pivel Devoto reprimiendo a los estudiantes que ocuparon el IPA, las observaciones de Tarigo a una docente de historia alegando “violación de laicidad” o la destitución del maestro consejero Foch Puntigliano que terminó finalmente adhiriendo al FA.
También la limitación del desarrollo de la educación en un sentido presupuestal: esa política concreta buscó ahogarla al no brindarle los recursos necesarios para recuperar la calidad perdida durante la dictadura. No hubo diferencias cuantitativas en políticas educativas entre el período de dictadura y el primer período de democracia.
Frente a esto, el movimiento sindical respondió, y respondió con firmeza. Como maestra en ese tiempo, como dirección del sindicato y de la CSEU –junto a otros compañeros del Frente Amplio, hoy diputados acá presentes o otros que están al frente de los ministerios y en diferentes responsabilidades de nuestro gobierno- iniciamos una huelga que duró 53 días. ¿Qué reclamábamos? Lo mismo que ahora reclaman los trabajadores de la enseñanza, -nucleados en sindicatos y no en corporaciones como a alguno se le ha escapado- mejor presupuesto: salarios para los docentes, mejores condiciones de trabajo, mejoras en la formación docente.
En la década del ´90, durante el gobierno de Lacalle, se inició el desmantelamiento de la UTU a través de los convenios con organismos internacionales como el BID. También se reduce a tres años la carrera docente en Magisterio, en un intento claro de seguir cercenando la formación y precarizando aún más la enseñanza pública.
Con el segundo gobierno de Sanguinetti entramos de lleno con las Reformas neoliberales: la reforma Rama y su continuación en el período de Bonilla en el mandato de Jorge Batlle. Recordemos cuánto fue dañada la educación de los hijos de los trabajadores: educación por áreas, flexibilización en los reglamentos de pasaje de cursos, permisividad que acentuó las deficiencias en la formación a una década de generaciones de nuestros estudiantes de Enseñanza Media, cierre de Escuelas Rurales, desmantelamiento de la Educación de Adultos. Promoviendo el crecimiento y desarrollo de las instituciones privadas.
A todo esto, el Frente Amplio siempre se ubicó del lado de los reclamos populares y los trabajadores. Uno puede leer como en los distintos Congresos de nuestra fuerza política, en los distintos proyectos o intervenciones en las cámaras del Legislativo como los frenteamplistas nos posicionamos del lado de las luchas de nuestro pueblo.
En nuestro IV Congreso ordinario “Tota Quinteros “, afirmábamos que :
“La democratización del conocimiento y de la educación es un capítulo fundamental de nuestra propuesta. La inteligencia humana y el conocimiento son en última instancia las claves determinantes de todo progreso. Por ello promovemos una fuerte apuesta a la educación en todos sus niveles como espacio fundamental para la enseñanza, el desarrollo la consolidación y la elaboración colectiva de los principios éticos aplicables a toda la vida humana. Hoy más que nunca importa que los jóvenes aprendan y obtengan formación que les habilite su desempeño laboral; pero resulta fundamental además, que desarrollen un espíritu crítico y solidario que los prepare para hacer frente a los nuevos desafíos que un mundo en permanente transformación les depara, para asumir plenamente sus derechos y responsabilidades ciudadanas.
La democratización del conocimiento y del acceso a la educación sólo se aseguran independizando estos procesos de los condicionamientos por parte de organismos financieros internacionales; así como transfiriendo a los principales actores del sistema educativo (alumnos, docentes y padres) la conducción de los procesos de reforma educativa, asegurando desde el Estado la realización de los mismos por la vía de la asignación de los recursos económicos necesarios.”[2]
Es por eso que cuando nuestro Gobierno convocó al debate educativo y al Congreso Nacional de Educación “Maestro Julio Castro”, vimos en eso una señal muy positiva, convencidos de que los lineamientos medulares emanados de ese debate y congreso se iban a reflejar en el nuevo marco normativo. Así inclusive lo reafirmó el V Congreso del Frente Amplio “Líber Seregni” cuando aseveró que “la futura Ley de Educación se enmarcará en las resoluciones del Congreso Nacional de Educación”
Lamentablemente esto no ha sido así, el proyecto en discusión contiene una serie de elementos, totalmente ajenos y en muchos casos contrarios, a las conclusiones emanadas del debate y congreso educativo.
Cierto, que hemos escuchado decir a los defensores del proyecto que las conclusiones del mencionado debate no eran vinculantes, sino referenciales, pero aún así cabe señalar, que ni como referencias han sido tomadas en cuenta.
Como ya hemos señalado, desde siempre los gremios de la educación han reclamado la autonomía y el cogobierno, porque ambos garantizan la independencia de la educación del poder político, es decir, son la garantía de una educación nacional por encima de las banderías políticas de los gobiernos de turno.
Nosotros que desde la oposición compartimos la apreciación precedente, no tenemos hoy siendo gobierno motivo alguno para apearnos de ella.
No es solo este aspecto lo que criticamos, es también la ingerencia del Ministerio de Educación y Cultura, en asuntos que deben ser materia de resolución de los diferentes consejos. Es decir, que a la autonomía relativa debemos sumarle el recorte aun más de la misma, por el Poder Ejecutivo.
Nosotros que no ponemos en duda que el objetivo es alcanzar una educación permanente y de calidad, estamos convencidos que la normativa propuesta expresa una mirada tecnocrática, que no avanza en ese camino.
El proyecto incursiona en aspectos, que a nuestro juicio no deben ser materia de legislación, sino de resolución de las autoridades de la educación como las cargas horarias, modalidades como la educación a distancia entre otros.
Nosotros tenemos acá el proyecto emanado por la comisión de seguimiento del Congreso maestro Julio Castro, de la lectura del mismo y la del proyecto en discusión, surge con claridad las diferentes concepciones que los animan, una continuadora de las mejores tradiciones valerianas y educativas nacionales y el otro conteniendo en su seno claudicaciones a la concepción neoliberal.
Qué otra cosa puede ser sino, la limitación de las competencias de la UTU o la fragmentación de la enseñanza secundaria, no surgen estas de un estudio de las necesidades sociales o pedagógicas, sino de la pretensión de adaptar la educación a un modelo de reproducción de un modelo de sociedad, al que precisamente los impulsores del proyecto afirman querer superar.
Creemos que el proyecto no es el que la sociedad y el país están reclamando, sus defectos minimizan los contenidos transversales, que en materia de valores contiene y relativizan la relación con el trabajo, que en él se proclama.
Mucho más podríamos decir, pero no queremos distraer más la atención de este cuerpo, solo agregar que lamentamos profundamente que en materia tan delicada y estratégica como la educación, no hayamos tenido la capacidad de alcanzar un gran consenso nacional, fundamentalmente con los actores del proceso educativo. Nosotros queremos cambiar la Ley de emergencia pero “ASÍ NO, ASÍ NO”
Señor presidente pedí la palabra para manifestar, que no vamos a acompañar ni en general, ni en particular el proyecto de ley de educación remitido por el Poder Ejecutivo. Esta actitud no es un capricho, obedece a lo que son para nosotros como integrantes del espacio 1001 cuestiones de principios.
Hemos buscado que se nos permitiera la libertad de acción en un tema en el que todos sabían cual eran nuestra posición desde un principio, lamentablemente esto no se nos fue concedido. Hemos sido leales y responsables al comunicarles ayer al presidente de nuestra fuerza política y al responsables de nuestra bancada la actitud que hoy tomaríamos. Somos plenamente concientes de nuestros actos y estamos dispuestos, como Partido Comunista, a transitar todas las instancias orgánicas de nuestra fuerza política.
Soy comunista y en mis hombros pesa la lucha histórica de nuestro Partido, fundador del Frente Amplio, en el que siempre permanecimos y al que siempre respetamos. Pero hoy pesan también la lucha de miles de hombres y de mujeres que dieron su vida por una sociedad más justa y democrática, en donde el respeto por las decisiones populares siempre fue el norte.
Cómo podría nuestro Partido seguir ocupando una banca en este recinto si no respetara la tradición de educación democrática que desde Artigas se desarrolla y crece con Varela, Vaz Ferreira, Grompone, Reina Reyes, Yolanda Valariño, Jesualdo Sosa, Julio Castro, Selmar Balbi, Paco Espinola, Miguel Soler y jóvenes como Angel Yoldi, Elena Quinteros, Carlos Chassale.
Cómo levantar la cabeza para mirar a los padres y maestros que nos acompañaron en luchas pasadas, y a los trabajadores y estudiantes que hoy rodean el Palacio o a los trabajadores organizados que el fin de semana, en el X Congreso del PIT-CNT, refrendaron su rechazo a este proyecto del Ley.
Soy representante de un Partido arraigado en la clase obrera y el pueblo y en ese sentido no me temblará el brazo al no votar esta ley.
[1]III Congreso extraordinario del Frente Amplio "Alfredo Zitarrosa", noviembre de 1998.
[2] IV Congreso ordinario del Frente Amplio “Tota Quinteros” Setiembre 2001
Señor Presidente:
Queremos iniciar nuestra intervención haciendo la siguiente precisión:
Desde siempre, los frenteamplistas, en distintos congresos, dijimos y decimos que “la educación constituye un asunto de estado”. En este sentido, frente a la realidad de gobiernos de los partidos tradicionales, sostuvimos que era necesaria una “…verdadera transformación que revolucionara la educación en el Uruguay, recogiendo el consenso y la participación, tanto en su elaboración como en su implementación, de todos los actores sociales y políticos involucrados - estado, docentes, alumnos y padres...” Porque “…el Frente Amplio, como fuerza política popular y participativa…” debía asumir “…el compromiso de promover y tomar como propio el gran proyecto educativo que implícita y explícitamente se ha ido elaborando - a lo largo de los años - en innumerables discusiones, diagnósticos, documentos, etc., aportados por docentes, padres, alumnos y trabajadores.” [1]
Esto es lo que siempre nos ha diferenciado de la derecha de este país. Seguramente algún despistado tratará de argumentar que en todos los partidos somos la misma cosa. Sepan que somos parte de una fuerza política que accedió al gobierno de la mano de un programa nacional, popular y democrático. Nuestro Frente Amplio se nutrió y se nutre de las elaboraciones y reclamos del pueblo y sus organizaciones. Y más allá de los aciertos o errores puntuales de los hombres y mujeres que lo componemos nuestro norte siempre ha sido y es “que los más infelices sean los más privilegiados”.
Señor presidente: podemos demostrar que en nuestro país la clase dominante siempre buscó controlar la educación y por eso históricamente -y hoy también- se expresa en contra de la participación. Los representantes de los llamados partidos tradicionales hoy votarán contra este proyecto de Ley, no porque reclamen mayor participación para los directamente involucrados sino que por el contrario lo han denunciado porque contiene demasiada participación.
En oposición a esta concepción, nuestro pueblo tiene una larga tradición de defensa de la educación frente a los intentos de cercenarla y dejarla sin su contenido democrático.
Cómo no recordar por ejemplo a los maestros que lucharon por instaurar a la escuela nueva en la década del 60 y 70 o la lucha de los obreros y estudiantes por el cogobierno y la autonomía en la lucha por la Ley Orgánica de la Universidad. Fue nuestro pueblo y sus organizaciones los que enfrentaron al pachecato. Recordemos cómo durante su gobierno se impidió que asumiera el delegado por las asambleas artículo 40, en una concepción que trataba de someter la Educación al poder político. Esa concepción es la que se plasma, luego en el 72 con la ley 14.101 emitida por el poder ejecutivo de la época de Juan María Bordaberry y el entonces ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguineti. Y que enfrentamos multitudinariamente.
Esa concepción es reafirmada durante la dictadura cívico-militar al intervenir la Universidad y la enseñanza toda. Centenares de docentes destituidos por su filiación política. Algunos de ellos pagaron con su vida su concepción democrática, son tantos que sería imposible nombrarlos a todos.
Fue la lucha del pueblo organizado y de amplios sectores democráticos los que derrotaron la dictadura. Sin embargo, los acuerdos de la CONAPRO fueron olvidados por los legisladores blancos y colorados durante el primer gobierno de Sanguinetti quienes votaron la ley de Emergencia de Educación, desconociendo los mismos.
La Ley de emergencia continuó con el control de la educación que reprimió con dureza en la década del 80 a los sectores populares. Pongamos como ejemplo la acción de Pivel Devoto reprimiendo a los estudiantes que ocuparon el IPA, las observaciones de Tarigo a una docente de historia alegando “violación de laicidad” o la destitución del maestro consejero Foch Puntigliano que terminó finalmente adhiriendo al FA.
También la limitación del desarrollo de la educación en un sentido presupuestal: esa política concreta buscó ahogarla al no brindarle los recursos necesarios para recuperar la calidad perdida durante la dictadura. No hubo diferencias cuantitativas en políticas educativas entre el período de dictadura y el primer período de democracia.
Frente a esto, el movimiento sindical respondió, y respondió con firmeza. Como maestra en ese tiempo, como dirección del sindicato y de la CSEU –junto a otros compañeros del Frente Amplio, hoy diputados acá presentes o otros que están al frente de los ministerios y en diferentes responsabilidades de nuestro gobierno- iniciamos una huelga que duró 53 días. ¿Qué reclamábamos? Lo mismo que ahora reclaman los trabajadores de la enseñanza, -nucleados en sindicatos y no en corporaciones como a alguno se le ha escapado- mejor presupuesto: salarios para los docentes, mejores condiciones de trabajo, mejoras en la formación docente.
En la década del ´90, durante el gobierno de Lacalle, se inició el desmantelamiento de la UTU a través de los convenios con organismos internacionales como el BID. También se reduce a tres años la carrera docente en Magisterio, en un intento claro de seguir cercenando la formación y precarizando aún más la enseñanza pública.
Con el segundo gobierno de Sanguinetti entramos de lleno con las Reformas neoliberales: la reforma Rama y su continuación en el período de Bonilla en el mandato de Jorge Batlle. Recordemos cuánto fue dañada la educación de los hijos de los trabajadores: educación por áreas, flexibilización en los reglamentos de pasaje de cursos, permisividad que acentuó las deficiencias en la formación a una década de generaciones de nuestros estudiantes de Enseñanza Media, cierre de Escuelas Rurales, desmantelamiento de la Educación de Adultos. Promoviendo el crecimiento y desarrollo de las instituciones privadas.
A todo esto, el Frente Amplio siempre se ubicó del lado de los reclamos populares y los trabajadores. Uno puede leer como en los distintos Congresos de nuestra fuerza política, en los distintos proyectos o intervenciones en las cámaras del Legislativo como los frenteamplistas nos posicionamos del lado de las luchas de nuestro pueblo.
En nuestro IV Congreso ordinario “Tota Quinteros “, afirmábamos que :
“La democratización del conocimiento y de la educación es un capítulo fundamental de nuestra propuesta. La inteligencia humana y el conocimiento son en última instancia las claves determinantes de todo progreso. Por ello promovemos una fuerte apuesta a la educación en todos sus niveles como espacio fundamental para la enseñanza, el desarrollo la consolidación y la elaboración colectiva de los principios éticos aplicables a toda la vida humana. Hoy más que nunca importa que los jóvenes aprendan y obtengan formación que les habilite su desempeño laboral; pero resulta fundamental además, que desarrollen un espíritu crítico y solidario que los prepare para hacer frente a los nuevos desafíos que un mundo en permanente transformación les depara, para asumir plenamente sus derechos y responsabilidades ciudadanas.
La democratización del conocimiento y del acceso a la educación sólo se aseguran independizando estos procesos de los condicionamientos por parte de organismos financieros internacionales; así como transfiriendo a los principales actores del sistema educativo (alumnos, docentes y padres) la conducción de los procesos de reforma educativa, asegurando desde el Estado la realización de los mismos por la vía de la asignación de los recursos económicos necesarios.”[2]
Es por eso que cuando nuestro Gobierno convocó al debate educativo y al Congreso Nacional de Educación “Maestro Julio Castro”, vimos en eso una señal muy positiva, convencidos de que los lineamientos medulares emanados de ese debate y congreso se iban a reflejar en el nuevo marco normativo. Así inclusive lo reafirmó el V Congreso del Frente Amplio “Líber Seregni” cuando aseveró que “la futura Ley de Educación se enmarcará en las resoluciones del Congreso Nacional de Educación”
Lamentablemente esto no ha sido así, el proyecto en discusión contiene una serie de elementos, totalmente ajenos y en muchos casos contrarios, a las conclusiones emanadas del debate y congreso educativo.
Cierto, que hemos escuchado decir a los defensores del proyecto que las conclusiones del mencionado debate no eran vinculantes, sino referenciales, pero aún así cabe señalar, que ni como referencias han sido tomadas en cuenta.
Como ya hemos señalado, desde siempre los gremios de la educación han reclamado la autonomía y el cogobierno, porque ambos garantizan la independencia de la educación del poder político, es decir, son la garantía de una educación nacional por encima de las banderías políticas de los gobiernos de turno.
Nosotros que desde la oposición compartimos la apreciación precedente, no tenemos hoy siendo gobierno motivo alguno para apearnos de ella.
No es solo este aspecto lo que criticamos, es también la ingerencia del Ministerio de Educación y Cultura, en asuntos que deben ser materia de resolución de los diferentes consejos. Es decir, que a la autonomía relativa debemos sumarle el recorte aun más de la misma, por el Poder Ejecutivo.
Nosotros que no ponemos en duda que el objetivo es alcanzar una educación permanente y de calidad, estamos convencidos que la normativa propuesta expresa una mirada tecnocrática, que no avanza en ese camino.
El proyecto incursiona en aspectos, que a nuestro juicio no deben ser materia de legislación, sino de resolución de las autoridades de la educación como las cargas horarias, modalidades como la educación a distancia entre otros.
Nosotros tenemos acá el proyecto emanado por la comisión de seguimiento del Congreso maestro Julio Castro, de la lectura del mismo y la del proyecto en discusión, surge con claridad las diferentes concepciones que los animan, una continuadora de las mejores tradiciones valerianas y educativas nacionales y el otro conteniendo en su seno claudicaciones a la concepción neoliberal.
Qué otra cosa puede ser sino, la limitación de las competencias de la UTU o la fragmentación de la enseñanza secundaria, no surgen estas de un estudio de las necesidades sociales o pedagógicas, sino de la pretensión de adaptar la educación a un modelo de reproducción de un modelo de sociedad, al que precisamente los impulsores del proyecto afirman querer superar.
Creemos que el proyecto no es el que la sociedad y el país están reclamando, sus defectos minimizan los contenidos transversales, que en materia de valores contiene y relativizan la relación con el trabajo, que en él se proclama.
Mucho más podríamos decir, pero no queremos distraer más la atención de este cuerpo, solo agregar que lamentamos profundamente que en materia tan delicada y estratégica como la educación, no hayamos tenido la capacidad de alcanzar un gran consenso nacional, fundamentalmente con los actores del proceso educativo. Nosotros queremos cambiar la Ley de emergencia pero “ASÍ NO, ASÍ NO”
Señor presidente pedí la palabra para manifestar, que no vamos a acompañar ni en general, ni en particular el proyecto de ley de educación remitido por el Poder Ejecutivo. Esta actitud no es un capricho, obedece a lo que son para nosotros como integrantes del espacio 1001 cuestiones de principios.
Hemos buscado que se nos permitiera la libertad de acción en un tema en el que todos sabían cual eran nuestra posición desde un principio, lamentablemente esto no se nos fue concedido. Hemos sido leales y responsables al comunicarles ayer al presidente de nuestra fuerza política y al responsables de nuestra bancada la actitud que hoy tomaríamos. Somos plenamente concientes de nuestros actos y estamos dispuestos, como Partido Comunista, a transitar todas las instancias orgánicas de nuestra fuerza política.
Soy comunista y en mis hombros pesa la lucha histórica de nuestro Partido, fundador del Frente Amplio, en el que siempre permanecimos y al que siempre respetamos. Pero hoy pesan también la lucha de miles de hombres y de mujeres que dieron su vida por una sociedad más justa y democrática, en donde el respeto por las decisiones populares siempre fue el norte.
Cómo podría nuestro Partido seguir ocupando una banca en este recinto si no respetara la tradición de educación democrática que desde Artigas se desarrolla y crece con Varela, Vaz Ferreira, Grompone, Reina Reyes, Yolanda Valariño, Jesualdo Sosa, Julio Castro, Selmar Balbi, Paco Espinola, Miguel Soler y jóvenes como Angel Yoldi, Elena Quinteros, Carlos Chassale.
Cómo levantar la cabeza para mirar a los padres y maestros que nos acompañaron en luchas pasadas, y a los trabajadores y estudiantes que hoy rodean el Palacio o a los trabajadores organizados que el fin de semana, en el X Congreso del PIT-CNT, refrendaron su rechazo a este proyecto del Ley.
Soy representante de un Partido arraigado en la clase obrera y el pueblo y en ese sentido no me temblará el brazo al no votar esta ley.
[1]III Congreso extraordinario del Frente Amplio "Alfredo Zitarrosa", noviembre de 1998.
[2] IV Congreso ordinario del Frente Amplio “Tota Quinteros” Setiembre 2001
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