Tal cual lo informara El Popular en anteriores ediciones, la fiscal Mirtha Guianze interpuso el lunes un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad ante la Suprema Corte de Justicia.
El escrito fue presentado al juez de 10º Turno, Rolando Vomero, en el marco de las investigaciones del asesinato de la joven comunista Nibia Salbalsagaray producido el 29 de junio de 1974.
Como se sabe, la ley de Caducidad elaborada durante la primer presidencia de Julio María Sanguinetti y aprobada en el Parlamento-con los votos en contra de la bancada completa del Frente Amplio y de unos pocos blancos y colorados contraría normas nacionales e internacionales. Desconoce la separación de poderes entre el poder Judicial y el poder Ejecutivo y viola acuerdos firmados por Uruguay.
En 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que la Ley de Caducidad es un escollo para quienes investiguen los crímenes de la dictadura y aún los cometidos antes de ella.
El Estado uruguayo sigue siendo omiso y la CIDH recomendó a nuestro país en varias oportunidades, la adopción de “las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos” ocurridos durante la dictadura.
Ante este nuevo hecho se suspenden momentáneamente las actuaciones por el caso de Nibia Sabalsagaray. “La Suprema Corte es la que va a resolver en definitiva”, afirmó el miércoles la fiscal Guianze. En caso que la misma resuelva la inconstitucionalidad de la ley Nº 15.848-algo que es posible- se generarían nuevos espacios para investigar todos los crímenes de la dictadura cívico militar.
El escrito fue presentado al juez de 10º Turno, Rolando Vomero, en el marco de las investigaciones del asesinato de la joven comunista Nibia Salbalsagaray producido el 29 de junio de 1974.
Como se sabe, la ley de Caducidad elaborada durante la primer presidencia de Julio María Sanguinetti y aprobada en el Parlamento-con los votos en contra de la bancada completa del Frente Amplio y de unos pocos blancos y colorados contraría normas nacionales e internacionales. Desconoce la separación de poderes entre el poder Judicial y el poder Ejecutivo y viola acuerdos firmados por Uruguay.
En 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que la Ley de Caducidad es un escollo para quienes investiguen los crímenes de la dictadura y aún los cometidos antes de ella.
El Estado uruguayo sigue siendo omiso y la CIDH recomendó a nuestro país en varias oportunidades, la adopción de “las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos” ocurridos durante la dictadura.
Ante este nuevo hecho se suspenden momentáneamente las actuaciones por el caso de Nibia Sabalsagaray. “La Suprema Corte es la que va a resolver en definitiva”, afirmó el miércoles la fiscal Guianze. En caso que la misma resuelva la inconstitucionalidad de la ley Nº 15.848-algo que es posible- se generarían nuevos espacios para investigar todos los crímenes de la dictadura cívico militar.
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