La Junta Departamental de Canelones en sesión extraordinaria, resolvió aprobar el informe presentado en mayoría por la Comisión Investigadora que estudió las presuntas irregularidades en la Comuna en el período 2000-2005.
Esta Comisión que trabajó intensamente durante mas de dos años en la investigación, constató la existencia de diversas irregularidades administrativas varias de las cuales podrían tener relevancia penal, de las mismas surgen responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales, respecto de algunos de los integrantes de cargos de gobierno departamental en el período anterior. En algunos casos dichas personas revisten en la actualidad cargos políticos electivos en el Poder Legislativo y en la propia Junta Departamental. De acuerdo al informe producido por la Comisión Investigadora, algunos de los hechos comprobados, a mero título informativo y no taxativo, pueden encontrarse comprendidos en los arts. 160 (Fraude), 161 (Conjunción del interés personal y del público), 162 (Abuso de Funciones en los casos no previstos por la Ley), y 164 del Código Penal, así como en las previsiones de los arts. 119 a 129 del TOCAF.
Surge de la resolución de la Junta que se ha constatado por parte de algunos de los convocados y/o investigados, una clara voluntad de obstrucción al funcionamiento de la Comisión, así como de impedir la posibilidad de obtener pruebas y testimonios, situación que reviste suma gravedad por cuanto en algunos casos involucra a integrantes del Poder Legislativo. Como consecuencia de lo anterior se resolvió poner dichas actuaciones en conocimiento inmediato al Sr. Intendente Municipal a los efectos de que determine las responsabilidades que puedan corresponder desde el punto de vista administrativo sin perjuicio de las reclamaciones civiles a que pudieran dar lugar y poner en conocimiento en forma inmediata a la Justicia Penal. También remitir copia de todas las actuaciones al Poder Legislativo, para que tome conocimiento de las mismas a los efectos que entienda pueda corresponder, además de remitir copia del expediente a la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado (Junta Anticorrupción), a los efectos de que proceda, si así lo considera necesario.Por último crear una Comisión investigadora, en virtud de la situación planteada por parte de un Edil del Partido Nacional, que además de trabajar en el BPS recibía una compensación sin tener ninguna relación con la comuna.
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