Los datos y la opinión de todos los responsables de las principales empresas de análisis de opinión pública son coincidentes. Se afirma que existe una mayoría de ciudadanos que declaran estar dispuestos a firmar y a votar para anular la ley de caducidad. Como confirmación de ello, en las últimas semanas, el entusiasmo y el ritmo de la recolección de firmas para habilitar el plebiscito que permita la anulación, se han venido incrementando. Y tal como muchos sostienen, si el número de firmas ya conseguidas no es mayor aún, es porque la propia organización de la campaña no tiene la dimensión necesaria para poder llegar a todos los ciudadanos dispuestos a firmar.
¿Pero por qué la gente manifiesta su voluntad de firmar, si este tema no constituye una preocupación cotidiana para nuestros ciudadanos? ¿Por qué las encuestas expresan que hay una amplia mayoría a favor de anular la ley de caducidad, cuando es notorio que los hechos sobre los que la misma impide hacer justicia tienen más de treinta años de ocurridos?
Creo que la respuesta es bastante simple, los guía el valor de la justicia. Sucede que las causas nobles, como recuperar la dignidad y la justicia o pelear por la libertad, tienen una fuerza muy grande y un valor profundo en los uruguayos. Están muy arraigados en nuestra vida social y en nuestros corazones. Y es ese valor y ese sentimiento de justicia, el que va a enterrar definitivamente la ley de impunidad en el Uruguay de hoy.
Porque cuando alguien nos cuenta que en el año 1976, más precisamente en el mes de agosto, una muchacha argentina de 19 años, embarazada, de nombre María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, única sobreviviente de un grupo de jóvenes entre los que se encontraba su esposo, Marcelo Gelman brutalmente asesinados en Buenos Aires por paramilitares argentinos, fue trasladada a nuestro país y encerrada clandestinamente por militares uruguayos, quien lo escucha, seguramente no lo pueda creer. Si además, se sabe que se la mantuvo prisionera aquí en Montevideo, hasta que dio a luz a una niña, el 1° de noviembre de 1976 y que la bebita le fue sustraída para ser entregada ilegalmente a una familia policial, cualquiera debería sentir una enorme indignación. Pero lamentablemente, el fin de la historia es mucho peor. En enero de 1976, María Claudia, con solo 19 años de edad e indefensa, fue asesinada por militares y policías uruguayos, con el objetivo de ocultar la infamia del robo de su hija.
Esto es duro, es muy duro, mucho más de lo que cualquiera podría soportar. Pero es cierto, sucedió aquí, muy cerca y así fueron las cosas. Y este caso no es el único, hay muchas historias de increíbles infamias perpetradas por los servicios represivos del Estado uruguayo, durante la dictadura militar. El caso de los asesinados de Soca, es otro ejemplo. Ejecutaron a balazos a cinco uruguayos: Graciela Estefanell Guidali, Héctor Brum Cornelius y su esposa María de los Angeles Corbo Aguirregaray (embarazada de cinco meses), Floreal García Larrosa y su esposa Mirtha Yolanda Hernández (los padres de Amaral García, aparecido tiempo después) con la finalidad de presentarlo como una supuesta venganza por el asesinato del Coronel Ramón Trabal, ocurrido en París, en diciembre de 1974.
Pero los militares uruguayos, no sólo fueron responsables de la cinco muertes de Soca, todo indica que también fueron quienes asesinaron al Cnel. Trabal. Por algo, los cinco uruguayos fueron raptados en Buenos Aires, por militares uruguayos y traídos clandestinamente al Uruguay, 30 días antes del atentado en París. Podemos también mencionar el caso de Simón Riquelo o el del segundo vuelo de 1976, o el secuestro y cambio de identidad de los niños nacidos en cautiverio, producto de los secuestros y desapariciones por la represión del GAU, en diciembre de 1977 y enero de 1978 en Buenos Aires. Y podríamos agregar muchos más ejemplos, de represión e infamias, por parte de la dictadura uruguaya.
No hay dudas de que existe un gran sentimiento de rebeldía, que todos llevamos dentro, producto de que en nuestro país no ha sido posible hacer justicia. La indignación de tener que asumir que las víctimas siguen siendo víctimas y que la justicia no ha llegado, es lo que lleva a firmar para anular la ley de impunidad.
Porque la ley de Caducidad ha sido un instrumento de impunidad, quizás el más perfecto de todos los aplicados con esa finalidad en el Cono Sur. La ley de caducidad se llevó todo por delante. Primero porque terminó con la justicia y violó el equilibrio y la separación de poderes del Estado. Es el propio Poder Ejecutivo quien determina si un caso debe ser juzgado o no, en abierta violación de nuestra Constitución. Segundo, porque ocultó la verdad, lo hizo con eficiencia, negándole esa verdad a las familias y a toda la sociedad. Tercero, porque erosionó la memoria. Si no se juzgaba no había responsables, si no había responsables, los hechos quedaban definitivamente ocultos y entonces, vaya a saber si realmente ocurrieron. Finalmente, porque la ley estimulaba a los militares nostálgicos de la dictadura a conspirar contra la democracia, pues así como se les garantizaba la impunidad se les abría margen para mantener poder e influencia. La impunidad les retempla los ánimos, el entierro de esta impunidad es la verdadera semilla del 'nunca más'.
La anulación de la ley de Caducidad, va a tener tres consecuencias muy importantes que quiero destacar. La primera es de carácter simbólico, pero no por ello menos importante. Se va a terminar la impunidad. El Estado uruguayo recuperará su dignidad y eliminaremos democráticamente, de una vez por todas, el instrumento legal que ha permitido encubrir a represores, militares y policías, responsables de los crímenes más horrendos de la historia de nuestro país. La segunda, tan o más importante, es que los juicios hoy bloqueados se podrán reabrir, y los jueces y fiscales podrán accionar los procesos correspondientes. Este será el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas. Finalmente, la anulación es la señal más clara a favor del 'nunca más'. Los responsables de los peores crímenes y violaciones de derechos humanos, quienes atentan contra la vida, no pueden tener amparo ni cobijo, ni de hecho ni legal, porque la vida es un bien a tutelar, un bien superior a todos y nadie puede arrogarse el derecho de degradarlo.
Cada papeleta que se firma, nos acerca a ese objetivo. Cada compañera o compañero que sale una tarde a juntar firmas, homenajea a las víctimas y a la democracia. Cada ciudadano que en su trabajo, habla con los compañeros para que estampen su firma, fortalece a la justicia. Cada mesita que se instala, es un símbolo a favor de la verdad. Cada comisión pro referéndum para anular la ley de caducidad que se forma en un barrio o en una localidad, es un golpe a la impunidad. Cuando la ley se anule y todos sabemos que se va anular, cada uno de nosotros tendremos el regocijo de que, en esa gesta de recuperación de la justicia, que esa la lucha por la verdad y la memoria, el esfuerzo de miles, hizo posible enterrar la impunidad para siempre. Podremos entonces mirar a los ojos a nuestros hijos y sentirnos orgullosos de nosotros mismos.
|*| Senador, Nuevo Espacio FA
¿Pero por qué la gente manifiesta su voluntad de firmar, si este tema no constituye una preocupación cotidiana para nuestros ciudadanos? ¿Por qué las encuestas expresan que hay una amplia mayoría a favor de anular la ley de caducidad, cuando es notorio que los hechos sobre los que la misma impide hacer justicia tienen más de treinta años de ocurridos?
Creo que la respuesta es bastante simple, los guía el valor de la justicia. Sucede que las causas nobles, como recuperar la dignidad y la justicia o pelear por la libertad, tienen una fuerza muy grande y un valor profundo en los uruguayos. Están muy arraigados en nuestra vida social y en nuestros corazones. Y es ese valor y ese sentimiento de justicia, el que va a enterrar definitivamente la ley de impunidad en el Uruguay de hoy.
Porque cuando alguien nos cuenta que en el año 1976, más precisamente en el mes de agosto, una muchacha argentina de 19 años, embarazada, de nombre María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, única sobreviviente de un grupo de jóvenes entre los que se encontraba su esposo, Marcelo Gelman brutalmente asesinados en Buenos Aires por paramilitares argentinos, fue trasladada a nuestro país y encerrada clandestinamente por militares uruguayos, quien lo escucha, seguramente no lo pueda creer. Si además, se sabe que se la mantuvo prisionera aquí en Montevideo, hasta que dio a luz a una niña, el 1° de noviembre de 1976 y que la bebita le fue sustraída para ser entregada ilegalmente a una familia policial, cualquiera debería sentir una enorme indignación. Pero lamentablemente, el fin de la historia es mucho peor. En enero de 1976, María Claudia, con solo 19 años de edad e indefensa, fue asesinada por militares y policías uruguayos, con el objetivo de ocultar la infamia del robo de su hija.
Esto es duro, es muy duro, mucho más de lo que cualquiera podría soportar. Pero es cierto, sucedió aquí, muy cerca y así fueron las cosas. Y este caso no es el único, hay muchas historias de increíbles infamias perpetradas por los servicios represivos del Estado uruguayo, durante la dictadura militar. El caso de los asesinados de Soca, es otro ejemplo. Ejecutaron a balazos a cinco uruguayos: Graciela Estefanell Guidali, Héctor Brum Cornelius y su esposa María de los Angeles Corbo Aguirregaray (embarazada de cinco meses), Floreal García Larrosa y su esposa Mirtha Yolanda Hernández (los padres de Amaral García, aparecido tiempo después) con la finalidad de presentarlo como una supuesta venganza por el asesinato del Coronel Ramón Trabal, ocurrido en París, en diciembre de 1974.
Pero los militares uruguayos, no sólo fueron responsables de la cinco muertes de Soca, todo indica que también fueron quienes asesinaron al Cnel. Trabal. Por algo, los cinco uruguayos fueron raptados en Buenos Aires, por militares uruguayos y traídos clandestinamente al Uruguay, 30 días antes del atentado en París. Podemos también mencionar el caso de Simón Riquelo o el del segundo vuelo de 1976, o el secuestro y cambio de identidad de los niños nacidos en cautiverio, producto de los secuestros y desapariciones por la represión del GAU, en diciembre de 1977 y enero de 1978 en Buenos Aires. Y podríamos agregar muchos más ejemplos, de represión e infamias, por parte de la dictadura uruguaya.
No hay dudas de que existe un gran sentimiento de rebeldía, que todos llevamos dentro, producto de que en nuestro país no ha sido posible hacer justicia. La indignación de tener que asumir que las víctimas siguen siendo víctimas y que la justicia no ha llegado, es lo que lleva a firmar para anular la ley de impunidad.
Porque la ley de Caducidad ha sido un instrumento de impunidad, quizás el más perfecto de todos los aplicados con esa finalidad en el Cono Sur. La ley de caducidad se llevó todo por delante. Primero porque terminó con la justicia y violó el equilibrio y la separación de poderes del Estado. Es el propio Poder Ejecutivo quien determina si un caso debe ser juzgado o no, en abierta violación de nuestra Constitución. Segundo, porque ocultó la verdad, lo hizo con eficiencia, negándole esa verdad a las familias y a toda la sociedad. Tercero, porque erosionó la memoria. Si no se juzgaba no había responsables, si no había responsables, los hechos quedaban definitivamente ocultos y entonces, vaya a saber si realmente ocurrieron. Finalmente, porque la ley estimulaba a los militares nostálgicos de la dictadura a conspirar contra la democracia, pues así como se les garantizaba la impunidad se les abría margen para mantener poder e influencia. La impunidad les retempla los ánimos, el entierro de esta impunidad es la verdadera semilla del 'nunca más'.
La anulación de la ley de Caducidad, va a tener tres consecuencias muy importantes que quiero destacar. La primera es de carácter simbólico, pero no por ello menos importante. Se va a terminar la impunidad. El Estado uruguayo recuperará su dignidad y eliminaremos democráticamente, de una vez por todas, el instrumento legal que ha permitido encubrir a represores, militares y policías, responsables de los crímenes más horrendos de la historia de nuestro país. La segunda, tan o más importante, es que los juicios hoy bloqueados se podrán reabrir, y los jueces y fiscales podrán accionar los procesos correspondientes. Este será el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas. Finalmente, la anulación es la señal más clara a favor del 'nunca más'. Los responsables de los peores crímenes y violaciones de derechos humanos, quienes atentan contra la vida, no pueden tener amparo ni cobijo, ni de hecho ni legal, porque la vida es un bien a tutelar, un bien superior a todos y nadie puede arrogarse el derecho de degradarlo.
Cada papeleta que se firma, nos acerca a ese objetivo. Cada compañera o compañero que sale una tarde a juntar firmas, homenajea a las víctimas y a la democracia. Cada ciudadano que en su trabajo, habla con los compañeros para que estampen su firma, fortalece a la justicia. Cada mesita que se instala, es un símbolo a favor de la verdad. Cada comisión pro referéndum para anular la ley de caducidad que se forma en un barrio o en una localidad, es un golpe a la impunidad. Cuando la ley se anule y todos sabemos que se va anular, cada uno de nosotros tendremos el regocijo de que, en esa gesta de recuperación de la justicia, que esa la lucha por la verdad y la memoria, el esfuerzo de miles, hizo posible enterrar la impunidad para siempre. Podremos entonces mirar a los ojos a nuestros hijos y sentirnos orgullosos de nosotros mismos.
|*| Senador, Nuevo Espacio FA
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