La propuesta aprobada es síntesis de demandas históricas de los sectores más excluidos, quienes se han organizado y movilizado de forma permanente.
(Por Rony Corbo)
Nuestra América se encuentra en una nueva época, en la que nuestros pueblos se convierten en constructores de su propio destino, tras siglos de intervención, saqueo y sometimiento de los imperios de turno.
Hace unas semanas atrás, el pueblo boliviano ratificó a Evo -y con él a los pueblos originarios- al frente de Bolivia con más del 60 % de los votos, a pesar de la acción desestabilizadora de la oligarquía con la ayuda imperialista.
Ahora es Ecuador, que el pasado domingo nos dio una nueva lección de dignidad a todos los pueblos latinoamericanos, aprobando una carta magna de neto carácter antiimperialista, popular y democrática.
Triunfo contundente del “SI”
La votación por la nueva Constitución, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, obtiene un 63.97% de los votos escrutados, mientras el “NO” se sitúa en el 28,11%, el voto nulo llega al 7.2 % y el voto en blanco al 0,72%, según informes del Tribunal Supremo Electoral.
Estos altos porcentajes de adhesión al “SI” reflejan la gran expectativa de cambio que tiene la mayoría de ecuatorianos que se ha expresado en los cuatro últimos procesos electorales. El pueblo ecuatoriano votó por una democracia participativa, quiere intervenir activa y permanentemente en la vida política, lo cual marca una diferencia cualitativa importante respecto de la democracia representativa, en la cual solo concurría a las urnas cada cinco años.
La propuesta aprobada es síntesis de demandas históricas de los sectores más excluidos, quienes se han organizado y movilizado de forma permanente para confrontar y resistir las embestidas del modelo neoliberal impuesto desde los centros hegemónicos de poder mundial, hoy gravemente golpeados por la crisis financiera de los Estados Unidos.
Una nueva Constitución para un nuevo Estado
La nueva “Carta Magna” reivindica los derechos ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas, definiendo al Estado como plurinacional; es decir, plantea un nuevo modelo de relaciones de poder en la sociedad, donde la soberanía radica directamente en el pueblo, a través de los medios de participación ciudadana en el marco de la democracia directa y comunitaria. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el deber de ejercer el control social en todos los niveles de gobierno y de participar en la concepción, planificación, ejecución, gestión y evaluación de las políticas públicas, como parte integral de un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
Reconoce en su texto derechos a la naturaleza o Pachamama y desarrolla la concepción del buen vivir como parte del reconocimiento a las cosmovisiones indígenas andinas, que plantean una relación armónica e integrada de los seres humanos con la naturaleza. La naturaleza se concibe como una entidad viva, viviente, que da sustento y es fuente de la vida y por lo tanto es sujeta de derechos que todas y todos deben afirmar, defender y promover.
Se basa en relaciones sociales solidarias orientadas al bien colectivo que disfruta plenamente de sus derechos al agua, a la alimentación, a un ambiente sano, a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, a la cultura y la ciencia, a la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, al hábitat y vivienda digna.
Define al sistema económico como social y solidario y plantea una concepción integrada del Estado, el mercado y la sociedad, ámbitos separados históricamente por el liberalismo. Reconoce las formas plurales de propiedad y sus formas de organización de la producción, las cuales puede ser: públicas, privadas, comunitarias, asociativas, cooperativas y mixtas. Reserva al Estado los derechos de administrar, regular, controlar y gestionar sectores estratégicos, servicios y empresas públicas. Define como sectores
estratégicos: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.
Entre otros muchos elementos revolucionarios, prohíbe celebrar tratados o contratos en los que el Estado ceda jurisdicción soberana al arbitraje internacional (TLCs); y prohíbe expresamente bases militares extranjeras en su territorio y condena la imposición de éstas en cualquier otro territorio soberano.
Bases del modelo socialista
La nueva Constitución sienta las bases de un modelo socialista, en tanto contempla una redistribución de las riquezas y una redistribución y apropiación popular del poder, fortalece el papel del Estado en la regulación, control y gestión de la economía y sus recursos, amplía y robustece la soberanía en distintos ámbitos, reconoce y garantiza derechos a quienes siempre fueron explotados y dominados por las oligarquías nativas.
Establece un sistema económico que está integrado por las formas de organización pública, privada, mixta, popular y solidario, priorizando e incentivando la producción nacional.
Es decir, no prioriza el crecimiento económico como el fin para alcanzar el desarrollo, sino que considera una visión integral: «construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.» (Art. 276)
Recupera el rol del Estado en la planificación participativa del desarrollo, donde el Estado mantendrá el control del sector financiero y monetario, y desarrollará políticas para evitar la concentración o acaparamiento de los factores de producción.
Satisfacción en las organizaciones indígenas
Correa Humberto Cholango, dirigente indígena de ECUARUNARI, la mayor organización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, celebró la aprobación en la Constitución y destacó la tesis del Estado plurinacional, que “es de justicia histórica, porque desde el primer levantamiento indígena, hace 18 años, los pueblos indígenas plantearon que el Ecuador debe ser declarado Estado plurinacional; esto lo dedicamos a los compañeros caídos que han derramado su sangre”, agregó.
Por su parte, el presidente Rafael Correa, en conferencia de prensa, señaló: “tenemos un inmenso trabajo después que se aprobó la nueva Constitución porque necesitamos en el corto plazo, tres - seis meses, preparar y tomar una serie de mecanismos para la nueva Constitución de la República…estamos trabajando muy duro para reconstruir todo el aparato productivo ecuatoriano; no nos engañemos, sin una base productiva sólida tampoco se puede sostener la política social; estamos tratando de reconstruir esa base productiva, en la agricultura, la industria, construir infraestructura, acompañado siempre de una política social…No puede haber una política económica sin una política social, como tampoco puede haber una política social sostenible sin una base política económica”.
Correa reiteró sus críticas a quienes se oponen a su política de impulsar la minería, agregando que “lamentablemente hay sectores que tienen una posición bastante infantil, pero nosotros consideramos que en el tema ambiental no ha habido gobierno más verde en el Ecuador que el gobierno de la revolución ciudadana”.
La nueva Constitución del Ecuador nutre en favor de los pueblos y con el protagonismo de los pueblos a este bloque histórico de la nueva geopolítica del Sur, que hoy se confronta a la geopolítica del Norte Imperial.
Se trata nada menos que de la profundización de las transformaciones revolucionarias en Nuestra América; celebremos este nuevo triunfo camino a la edificación socialista, destino que estamos construyendo en nuestra Patria Grande.
(Por Rony Corbo)
Nuestra América se encuentra en una nueva época, en la que nuestros pueblos se convierten en constructores de su propio destino, tras siglos de intervención, saqueo y sometimiento de los imperios de turno.
Hace unas semanas atrás, el pueblo boliviano ratificó a Evo -y con él a los pueblos originarios- al frente de Bolivia con más del 60 % de los votos, a pesar de la acción desestabilizadora de la oligarquía con la ayuda imperialista.
Ahora es Ecuador, que el pasado domingo nos dio una nueva lección de dignidad a todos los pueblos latinoamericanos, aprobando una carta magna de neto carácter antiimperialista, popular y democrática.
Triunfo contundente del “SI”
La votación por la nueva Constitución, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, obtiene un 63.97% de los votos escrutados, mientras el “NO” se sitúa en el 28,11%, el voto nulo llega al 7.2 % y el voto en blanco al 0,72%, según informes del Tribunal Supremo Electoral.
Estos altos porcentajes de adhesión al “SI” reflejan la gran expectativa de cambio que tiene la mayoría de ecuatorianos que se ha expresado en los cuatro últimos procesos electorales. El pueblo ecuatoriano votó por una democracia participativa, quiere intervenir activa y permanentemente en la vida política, lo cual marca una diferencia cualitativa importante respecto de la democracia representativa, en la cual solo concurría a las urnas cada cinco años.
La propuesta aprobada es síntesis de demandas históricas de los sectores más excluidos, quienes se han organizado y movilizado de forma permanente para confrontar y resistir las embestidas del modelo neoliberal impuesto desde los centros hegemónicos de poder mundial, hoy gravemente golpeados por la crisis financiera de los Estados Unidos.
Una nueva Constitución para un nuevo Estado
La nueva “Carta Magna” reivindica los derechos ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas, definiendo al Estado como plurinacional; es decir, plantea un nuevo modelo de relaciones de poder en la sociedad, donde la soberanía radica directamente en el pueblo, a través de los medios de participación ciudadana en el marco de la democracia directa y comunitaria. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el deber de ejercer el control social en todos los niveles de gobierno y de participar en la concepción, planificación, ejecución, gestión y evaluación de las políticas públicas, como parte integral de un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
Reconoce en su texto derechos a la naturaleza o Pachamama y desarrolla la concepción del buen vivir como parte del reconocimiento a las cosmovisiones indígenas andinas, que plantean una relación armónica e integrada de los seres humanos con la naturaleza. La naturaleza se concibe como una entidad viva, viviente, que da sustento y es fuente de la vida y por lo tanto es sujeta de derechos que todas y todos deben afirmar, defender y promover.
Se basa en relaciones sociales solidarias orientadas al bien colectivo que disfruta plenamente de sus derechos al agua, a la alimentación, a un ambiente sano, a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, a la cultura y la ciencia, a la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, al hábitat y vivienda digna.
Define al sistema económico como social y solidario y plantea una concepción integrada del Estado, el mercado y la sociedad, ámbitos separados históricamente por el liberalismo. Reconoce las formas plurales de propiedad y sus formas de organización de la producción, las cuales puede ser: públicas, privadas, comunitarias, asociativas, cooperativas y mixtas. Reserva al Estado los derechos de administrar, regular, controlar y gestionar sectores estratégicos, servicios y empresas públicas. Define como sectores
estratégicos: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.
Entre otros muchos elementos revolucionarios, prohíbe celebrar tratados o contratos en los que el Estado ceda jurisdicción soberana al arbitraje internacional (TLCs); y prohíbe expresamente bases militares extranjeras en su territorio y condena la imposición de éstas en cualquier otro territorio soberano.
Bases del modelo socialista
La nueva Constitución sienta las bases de un modelo socialista, en tanto contempla una redistribución de las riquezas y una redistribución y apropiación popular del poder, fortalece el papel del Estado en la regulación, control y gestión de la economía y sus recursos, amplía y robustece la soberanía en distintos ámbitos, reconoce y garantiza derechos a quienes siempre fueron explotados y dominados por las oligarquías nativas.
Establece un sistema económico que está integrado por las formas de organización pública, privada, mixta, popular y solidario, priorizando e incentivando la producción nacional.
Es decir, no prioriza el crecimiento económico como el fin para alcanzar el desarrollo, sino que considera una visión integral: «construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.» (Art. 276)
Recupera el rol del Estado en la planificación participativa del desarrollo, donde el Estado mantendrá el control del sector financiero y monetario, y desarrollará políticas para evitar la concentración o acaparamiento de los factores de producción.
Satisfacción en las organizaciones indígenas
Correa Humberto Cholango, dirigente indígena de ECUARUNARI, la mayor organización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, celebró la aprobación en la Constitución y destacó la tesis del Estado plurinacional, que “es de justicia histórica, porque desde el primer levantamiento indígena, hace 18 años, los pueblos indígenas plantearon que el Ecuador debe ser declarado Estado plurinacional; esto lo dedicamos a los compañeros caídos que han derramado su sangre”, agregó.
Por su parte, el presidente Rafael Correa, en conferencia de prensa, señaló: “tenemos un inmenso trabajo después que se aprobó la nueva Constitución porque necesitamos en el corto plazo, tres - seis meses, preparar y tomar una serie de mecanismos para la nueva Constitución de la República…estamos trabajando muy duro para reconstruir todo el aparato productivo ecuatoriano; no nos engañemos, sin una base productiva sólida tampoco se puede sostener la política social; estamos tratando de reconstruir esa base productiva, en la agricultura, la industria, construir infraestructura, acompañado siempre de una política social…No puede haber una política económica sin una política social, como tampoco puede haber una política social sostenible sin una base política económica”.
Correa reiteró sus críticas a quienes se oponen a su política de impulsar la minería, agregando que “lamentablemente hay sectores que tienen una posición bastante infantil, pero nosotros consideramos que en el tema ambiental no ha habido gobierno más verde en el Ecuador que el gobierno de la revolución ciudadana”.
La nueva Constitución del Ecuador nutre en favor de los pueblos y con el protagonismo de los pueblos a este bloque histórico de la nueva geopolítica del Sur, que hoy se confronta a la geopolítica del Norte Imperial.
Se trata nada menos que de la profundización de las transformaciones revolucionarias en Nuestra América; celebremos este nuevo triunfo camino a la edificación socialista, destino que estamos construyendo en nuestra Patria Grande.
(extraído de EL POPULAR del 3 /10/08)
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