El debate instalado en la sociedad, en el gobierno y en el Frente Amplio sobre la necesidad de gravar las grandes propiedades de tierra no se puede dimensionar adecuadamente si se lo aborda en forma aislada. Es parte central de dos debates más amplios: el de la distribución de la riqueza y el referente a la necesidad de profundizar los cambios iniciados por el primer gobierno frenteamplista, recogiendo los postulados históricos de la izquierda que se remontan a las raíces artiguistas.
Es en ese marco que debe valorarse la iniciativa de gravar adicionalmente a las propiedades agropecuarias de más de 2.000 hectáreas, planteada por el presidente de la República, José Mujica. Quedarse en la discusión de cómo se presentó la iniciativa o descartarla por la indefinición aún de sus alcances, -si bien no son menores estos aspectos -, no atiende a lo central; es una propuesta que va en el sentido de tomar medidas para avanzar en una distribución más justa de la riqueza y también en la de profundizar los cambios.
Si bien en un primer momento se fundamentó solamente en la necesidad de financiar las obras de infraestructura que el desarrollo del sector agropecuario sin duda requiere, en el proceso de debate, tanto en el gobierno como en el FA, se avanzó hacia otros horizontes. El miércoles último, Presidencia de la República explicó en su página web la iniciativa en la necesidad de atacar la concentración de la tierra.
En la nota oficial se sostuvo: «En Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra». «En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, de US$ 740 a US$ 3.114. La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009», se agregó.
Está claro que para enfrentar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra y de la producción agropecuaria en general, no alcanza con esta medida; pero abrir el debate y comenzar a recorrer el camino, es un paso positivo. Lo es más aún, si inscribimos esta discusión en la más amplia sobre la distribución de la riqueza.
En este terreno y respondiendo a una convocatoria del propio presidente José Mujica, el FA ha debatido desde febrero y varios sectores han presentado propuestas: el PCU, el MPP, el PS y la Vertiente Artiguista, entre ellos. Pero destacadamente también lo ha hecho el PITCNT en conjunto con la Onajpu. El Ministerio de Economía y Finanzas ha adoptado medidas que recogen algunos de los planteos: la rebaja total del IVA direccionada a los sectores más pobres (beneficiarios de las tarjetas del MIDES y de Asignaciones Familiares), elevación del monto imponible del IRPF, distribución del peso en 12 meses referido al aguinaldo; también abrió una consulta pública para modificar la Ley de Inversiones y estudia modificaciones en la Ley de Zonas Francas.
En el bombardeo mediático estos pasos o directamente se ignoran, se mediatizan o bien se presentan como aislados y no relacionados entre sí. ¿Existen diferencias en el gobierno y en el FA? Sí, sin duda existen. En particular el vicepresidente de la República, Danilo Astori, se mostró contrario a iniciar un debate sobre la distribución de la riqueza y también sobre nuevos gravámenes al agro; en ambos casos fundamentó su posición en la posibilidad de que se afecten las inversiones y el crecimiento económico. La posición es respetable, aunque no la compartimos, pero claramente parece irse conformando una sensibilidad mayoritaria, en el marco del debate, hacia la postura de profundizar los cambios. Con matices se han pronunciado por este camino: el presidente Mujica, el ex presidente Tabaré Vázquez, el MPP, el PS, el PCU, la VA y las organizaciones populares que constituyen, históricamente, la base social de la izquierda.
También parece recoger un amplio respaldo popular, una encuesta de Equipos Mori reveló que el 60% de los uruguayos y el 75% de los frenteamplistas está de acuerdo con gravar el agro. Pero además, en este punto de la mejor distribución de la riqueza y en específico el de la tierra, se han expresado claramente los dos proyectos de país y los dos bloques sociales que los sostienen e impulsan. Por un lado la izquierda, con el FA, con debates y diferencias tanto en la fuerza política como en el seno del gobierno, y sus aliados históricos, en particular el PIT-CNT y en el caso de la tierra con expresiones como la Comisión Nacional de Fomento Rural y la UNATRA. Lo hacen debatiendo, proponiendo e impulsando la profundización de los cambios. Por el otro lado y claramente, el bloque de las clases dominantes, con todos los partidos de la oposición, las organizaciones empresariales del agro y la mayoría de los medios y analistas del estabilishment; sin realizar una sola propuesta y oponiéndose a todo: no quieren que se discuta, quieren que todo siga como está o mejor dicho, que retroceda a como estaba.
El FA ha demostrado en el primer gobierno que es capaz de levantar al país de la peor crisis de su historia, promover reformas profundas en varios campos y encaminar a la economía por la senda del crecimiento. Ahora debe ser capaz de profundizar los cambios y construir un modelo de crecimiento que nos lleve hacia un país productivo y con justicia social. No es fácil. Cuando los cambios avanzan se tocan intereses poderosos que responden y operan. La concepción ideológica de las clases dominantes, hegemónica en nuestra sociedad, permea todo el debate y todos los estamentos. Pero es un debate imprescindible y necesario, y adoptar medidas en esa dirección es la única manera de garantizar la continuidad del gobierno del FA; además, con un sentido claro, profundizar los cambios e ir a más.
Es por añadidura, y en el caso de la tierra particularmente, una reivindicación de la mejor historia de nuestro país, de las propuestas de José Artigas, reflejadas en el memorable Reglamento de Tierras de 1815, donde se acuñó una frase que ha sido guía de toda la acción política de la izquierda: «que los más infelices sean los más privilegiados». Los mismos intereses que hace 196 años frustraron el sueño de Artigas se oponen hoy a las medidas que reivindican su espíritu. No obstante, es un camino posible, con debate, sin cucos, con unidad, con responsabilidad, pero en todo caso, con firmeza.
Es en ese marco que debe valorarse la iniciativa de gravar adicionalmente a las propiedades agropecuarias de más de 2.000 hectáreas, planteada por el presidente de la República, José Mujica. Quedarse en la discusión de cómo se presentó la iniciativa o descartarla por la indefinición aún de sus alcances, -si bien no son menores estos aspectos -, no atiende a lo central; es una propuesta que va en el sentido de tomar medidas para avanzar en una distribución más justa de la riqueza y también en la de profundizar los cambios.
Si bien en un primer momento se fundamentó solamente en la necesidad de financiar las obras de infraestructura que el desarrollo del sector agropecuario sin duda requiere, en el proceso de debate, tanto en el gobierno como en el FA, se avanzó hacia otros horizontes. El miércoles último, Presidencia de la República explicó en su página web la iniciativa en la necesidad de atacar la concentración de la tierra.
En la nota oficial se sostuvo: «En Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra». «En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, de US$ 740 a US$ 3.114. La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009», se agregó.
Está claro que para enfrentar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra y de la producción agropecuaria en general, no alcanza con esta medida; pero abrir el debate y comenzar a recorrer el camino, es un paso positivo. Lo es más aún, si inscribimos esta discusión en la más amplia sobre la distribución de la riqueza.
En este terreno y respondiendo a una convocatoria del propio presidente José Mujica, el FA ha debatido desde febrero y varios sectores han presentado propuestas: el PCU, el MPP, el PS y la Vertiente Artiguista, entre ellos. Pero destacadamente también lo ha hecho el PITCNT en conjunto con la Onajpu. El Ministerio de Economía y Finanzas ha adoptado medidas que recogen algunos de los planteos: la rebaja total del IVA direccionada a los sectores más pobres (beneficiarios de las tarjetas del MIDES y de Asignaciones Familiares), elevación del monto imponible del IRPF, distribución del peso en 12 meses referido al aguinaldo; también abrió una consulta pública para modificar la Ley de Inversiones y estudia modificaciones en la Ley de Zonas Francas.
En el bombardeo mediático estos pasos o directamente se ignoran, se mediatizan o bien se presentan como aislados y no relacionados entre sí. ¿Existen diferencias en el gobierno y en el FA? Sí, sin duda existen. En particular el vicepresidente de la República, Danilo Astori, se mostró contrario a iniciar un debate sobre la distribución de la riqueza y también sobre nuevos gravámenes al agro; en ambos casos fundamentó su posición en la posibilidad de que se afecten las inversiones y el crecimiento económico. La posición es respetable, aunque no la compartimos, pero claramente parece irse conformando una sensibilidad mayoritaria, en el marco del debate, hacia la postura de profundizar los cambios. Con matices se han pronunciado por este camino: el presidente Mujica, el ex presidente Tabaré Vázquez, el MPP, el PS, el PCU, la VA y las organizaciones populares que constituyen, históricamente, la base social de la izquierda.
También parece recoger un amplio respaldo popular, una encuesta de Equipos Mori reveló que el 60% de los uruguayos y el 75% de los frenteamplistas está de acuerdo con gravar el agro. Pero además, en este punto de la mejor distribución de la riqueza y en específico el de la tierra, se han expresado claramente los dos proyectos de país y los dos bloques sociales que los sostienen e impulsan. Por un lado la izquierda, con el FA, con debates y diferencias tanto en la fuerza política como en el seno del gobierno, y sus aliados históricos, en particular el PIT-CNT y en el caso de la tierra con expresiones como la Comisión Nacional de Fomento Rural y la UNATRA. Lo hacen debatiendo, proponiendo e impulsando la profundización de los cambios. Por el otro lado y claramente, el bloque de las clases dominantes, con todos los partidos de la oposición, las organizaciones empresariales del agro y la mayoría de los medios y analistas del estabilishment; sin realizar una sola propuesta y oponiéndose a todo: no quieren que se discuta, quieren que todo siga como está o mejor dicho, que retroceda a como estaba.
El FA ha demostrado en el primer gobierno que es capaz de levantar al país de la peor crisis de su historia, promover reformas profundas en varios campos y encaminar a la economía por la senda del crecimiento. Ahora debe ser capaz de profundizar los cambios y construir un modelo de crecimiento que nos lleve hacia un país productivo y con justicia social. No es fácil. Cuando los cambios avanzan se tocan intereses poderosos que responden y operan. La concepción ideológica de las clases dominantes, hegemónica en nuestra sociedad, permea todo el debate y todos los estamentos. Pero es un debate imprescindible y necesario, y adoptar medidas en esa dirección es la única manera de garantizar la continuidad del gobierno del FA; además, con un sentido claro, profundizar los cambios e ir a más.
Es por añadidura, y en el caso de la tierra particularmente, una reivindicación de la mejor historia de nuestro país, de las propuestas de José Artigas, reflejadas en el memorable Reglamento de Tierras de 1815, donde se acuñó una frase que ha sido guía de toda la acción política de la izquierda: «que los más infelices sean los más privilegiados». Los mismos intereses que hace 196 años frustraron el sueño de Artigas se oponen hoy a las medidas que reivindican su espíritu. No obstante, es un camino posible, con debate, sin cucos, con unidad, con responsabilidad, pero en todo caso, con firmeza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario