DECLARACION DEL COMITÉ CENTRAL SOBRE LA LUCHA DE LOS OBREROS DEL METAL

Montevideo, Junio 19 de 2011.-

El Comité Central declara su más abierta solidaridad con la justa lucha de los obreros del metal en CIR Y TURBOFLOW, que en estos momentos están enfrentando un conflicto provocado por la patronal para avasallar sus derechos
El Partido Comunista de Uruguay exhorta a encontrar una salida negociada a este conflicto sobre la base del respeto a los derechos de los trabajadores.

DECLARACION DEL COMITÉ CENTRAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Montevideo, Junio 19 de 2011.-


Ante los hechos protagonizados por 8 generales visitando al Cnel. Tranquilino Machado, condenado por el asesinato del Camarada Ramón Perè, docente de Veterinaria, durante la huelga general.

El Comité Central declara:

1) Su condena a estos hechos reñidos con los valores democráticos en cuya defensa, enfrentando el golpe de estado fascista, cayo Peré.

2) Nuestro compromiso de terminar con la impunidad y avanzar con nuestro pueblo en
el conocimiento de la verdad y el accionar de la justicia, para que no quede ningún genocida sin castigo


PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY

DECLARACION DEL COMITÉ CENTRAL SOBRE LA TENENCIA Y EL USO DE LA TIERRA

El Comité Central reunido el dia 19 de junio del 2011,ante la iniciativa del Presidente de la Republica de gravar las extensiones de tierra de más de 2 mil hectáreas resolvió:

1) Apoyar la iniciativa entendiéndola no como un hecho aislado sino inscripta en la disputas entre dos proyectos de país, el de la izquierda y el de la derecha, en la necesidad imperiosa, desde el gobierno del FA, de profundizar los cambios, y como un aporte en la revolución a favor del pueblo de la que definimos como contradicción fundamental de la etapa entre un país productivo y con justicia social o mas dependencia.
2) Cuando planteamos, junto al PIT-CNT, un amplio espectro de fuerzas del Frente Amplio, el propio Presidente de la Republica, José Mujica y ex presidente, Tabaré Vázquez, entre otros, debatir y tomar medidas para avanzar en la redistribución de la riqueza, colocamos a la tierra, su propiedad y su utilización, como un factor clave.
3) La tierra hoy esta mas concentrada que el ingreso. Mientras el 10% de la población mas rica recibe el 30% del ingreso, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra. En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplico por 4.2 de US$ 740 a US$ 3114. La valoración de la tierra no se reflejo en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9.7% del PBI en 1999 y del 7.1 en 2009. Es de estricta justicia que este sector que ha visto crecer enormemente su patrimonio en función del esfuerzo de toda la sociedad, aporte más. Este juicio se refuerza más todavía cuando se recuerda que los propietarios de tierra no pagan casi impuesto al Patrimonio y ni siquiera pagan el Impuesto de Primaria.
4) Entendemos que el debate sobre la tierra y las políticas públicas sobre ella, no se agota en las necesidades de infraestructura del sector, que son innegables y mucho menos solo con esta medida. Hay que debatir la concentración y la extranjerización de la propiedad y el uso de la tierra, procesos que hay que limitar y revertir en la medida de lo posible. Hay que discutir la proyección de estos fenómenos a la producción, industrialización y comercialización de productos claves para nuestro país como la carne, el arroz, la soja, el girasol, el trigo y la forestación.
5) Respaldamos todas las iniciativas tendientes a profundizar la discusión sobre la tierra y a tomar medidas, que entre otras cosas, recuperen un rol central del Estado en la administración de un recurso que es un bien finito e irreproducible y de carácter social. El rol del Estado debe crecer tanto a través del instituto de Colonización, como en la investigación, como en la producción y comercialización, con instrumentos como el Frigorífico Nacional y otros. Deben explorarse una batería de medidas tendientes a diversificar la propiedad de la tierra y las modalidades de la propiedad, revirtiendo el proceso de mercantilización desatado por el neoliberalismo.
6) El debate debe tener como objetivo tanto en la etapa de elaboración de las propuestas como en las de su implementación y defensa, fortalecer la conformación del bloque político y social de los cambios, que en este tema tiene enormes posibilidades de potenciarse.
7) En un nuevo aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas, asumimos que es desde allí, desde esas raíces, que se debe dar la discusión, tomando como referencias ineludibles las propuestas históricas del Frente Amplio, de las orginizaciones populares y de las que representan a los pequeños y medianos productores, a los asalariados rurales y también las que forman parte del Programa de Gobierno aprobado en el Congreso Zelmar Michelini del Frente Amplio.

PARTIDO CUMUNISTA DE URUGUAY

LA TIERRA, LA RIQUEZA, LA IZQUIERDA Y LA DERECHA. Editorial de El Popular. 17 de Junio del 2011.

La discusión sobre la tierra, la propiedad, su valor, y si debe gravarse o no a las grandes propiedades agropecuarias parece haberse encaminado, y superando su fase mediática, ha tenido algunas definiciones trascendentes.
El eje se ha instalado donde debería estar y ya no se habla del peligro para los inversores o si la propia discusión es pertinente o no. Ahora se está discutiendo qué medida es la mejor, pero que habrá gravamen, habrá gravamen. No es motivo de este editorial analizar las bondades o debilidades del proyecto del presidente de la República José Mujica y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni o del que presentaron el vicepresidente de la República, Danilo Astori y el Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. En realidad, en el terreno del gobierno y también del Frente Amplio, lo que importa es la definición política de gravar a las grandes propiedades y discutir la concentración de la tierra como una realidad y como un problema a resolver. Ese es sin duda el concepto fundamental. Por supuesto que habrá que buscar una síntesis entre estas propuestas y analizar otras, ya que no son las únicas, pero eso está muy bien y se hará donde se debe y se puede lograr esa síntesis: en la discusión colectiva en los distintos ámbitos del gobierno, Gabinete Productivo, Consejo de Ministros y en los espacios orgánicos del FA. Por los medios y con títulos rimbombantes no se puede discutir nada y muchos menos sintetizar y decidir. Ese es el cauce fundamental de la discusión y de las decisiones que habrá que adoptar. Sin embargo es una reflexión que no se agotó ni mucho menos y que por el contrario conviene mantener, profundizar y enriquecer. El presidente Mujica ha ido incorporando como centro de la fundamentación de la medida que propone, no sólo la necesidad de fondos para la infraestructura rural, necesidad objetiva para el desarrollo del país, sino la concentración de la tierra. Para plantear la dimensión del problema conviene recordar algunos datos manejados por Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Colonización. En Uruguay, la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra. En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, de US$ 740 a US$ 3.114. La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009. En este panorama, ¿a quiénes está dirigida la medida que propone Mujica? A unas 5 millones de hectáreas que están en propiedad de 1.150 empresas. Vale la pena apuntar que Uruguay tiene unos 16 millones de hectáreas de uso agropecuario y que hay alrededor de 47 mil empresas que trabajan en el rubro. Mujica indicó que esa superficie, si se realiza un promedio de precios, valía hace 10 años 4 mil millones de dólares y hoy vale 16 mil millones de dólares. Por eso es tan importante esta discusión, más allá de las formas y del acuerdo o no con medidas concretas. Se trata de discutir uno de los aspectos fundamentales de la concentración del ingreso y de la riqueza en el país. Se inscribe, vale la pena insistir, en la discusión más amplia sobre la redistribución de la riqueza y del enfrentamiento de dos proyectos de país: el de la izquierda y el de la derecha, que en este tema además, se expresan con diáfana claridad. En el gobierno y en el Frente Amplio, hay diferencias, es innegable, pero es la única fuerza política que se propone abordar y atacar un problema central de la distribución de la propiedad y la riqueza. La derecha, o no opina o cuando lo hace no propone nada, absolutamente nada, salvo defender el status quo y seguir levantando al dios mercado. Esa fue la posición pública inicial de las gremiales que agrupan a los grandes propietarios de tierra, los voceros de grandes inversores extranjeros y sus expresiones políticas y mediáticas. Es decir, actúan como lo que históricamente han sido y siguen siendo, defensores de los privilegios de los más poderosos económica y socialmente hablando. Lo que está discutiendo el Gobierno hoy, se inscribe en el debate que desde febrero, aún en medio de todas las peripecias políticas de estos meses, se ha venido dando sobre la distribución de la riqueza y abarca al FA y al PIT-CNT. Expresa un alto nivel de consenso interno del FA o al menos una amplísima mayoría a favor de profundizar los cambios y avanzar en la redistribución de la riqueza y eso está claramente en sintonía con un importante apoyo ciudadano; una encuesta de Equipos Mori para Presidencia de la República reveló que un 60% de los uruguayos y un 75% de los frenteamplistas están de acuerdo con el gravamen. El debate no está cerrado y no debe cerrarse. El problema, como bien lo señala Mujica, no es sólo de las necesidades de infraestructura rural, es la concentración de la tierra y la extranjerización de su propiedad; fenómenos que además se extienden a la producción, industrialización y comercialización. Hay que discutir la necesidad de una política de Tierras, el papel del Instituto Nacional de Colonización; y con mayor amplitud aún, la matriz productiva, la primarización de la producción, el papel del Estado en todos los eslabones de la cadena agropecuaria y en sus principales rubros. Estos son los temas que hacen al corazón de un proyecto de izquierda, a la posibilidad de profundizar los cambios, a la perspectiva de fortalecer un bloque social alternativo al de las clases dominantes, a resolver a favor del pueblo la contradicción fundamental entre un país productivo y soberano o más dependencia.

LA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA EN DEBATE

La Departamental de Canelones del PCU convocó al FA a discutir
Por Gabriel Mazzarovich

El sábado 9 de abril, convocado por el Comité Departamental del PCU de Canelones, se realizó en el Club Juventud de Las Piedras ante un muy importante marco de público, un debate sobre la distribución de la riqueza que constituyó además un homenaje a los 8 mártires de la Seccional 20. Participaron del debate el diputado José Mahía (Asamblea Uruguay), el diputado José BayardI (Vertiente Artiguista), el diputado Sebastián Sabini (MPP), el diputado Raúl Olivera (Partido Socialista) y Juan Castillo (Partido Comunista).
Aita: el artiguismo y el FA
Abrió la actividad el secretario político de la Departamental del PCU en Canelones, Ubaldo Aita. El dirigente del PCU canario inscribió el evento en el “bicentenario de las luchas por la independencia, que tuvieron un programa de la Revolución Oriental, que convocó a un amplio espectro de fuerzas sociales”. Aita destacó que al llamado de José Gervasio Artigas concurrieron “los desposeídos de la ciudad y del campo, los sectores medios del comercio y la producción y los militares patriotas”. “La conjunción de las fuerzas de las potencias coloniales del momento y de las oligarquías nacionales logra poner fin a aquella maravillosa gesta, que buscaba la libertad, la independencia política, la justicia social y la unidad con los demás pueblos de América Latina. La fu erza y la traición se conjugaron en su contra”, destacó.
Aita señaló que “Ese proyecto libertador siguió presente en el imaginario colectivo”. “Nuestro Partido –indicó. En sus 90 años de existencia bregó por la construcción de los instrumentos unitarios para lograr su realización”.
Destacó que “hace 40 años el pueblo se autoconvoca para dar forma a la herramienta política que asumiera la tarea histórica pendiente: el Frente Amplio”.
Aita sostuvo que “esa esperanza organizada provocó la brutal reacción de los representantes de los mismos intereses, que con otros protagonistas, hace 200 años frustraron la concreción del ideario Artiguista”.
“El asesinato de los 8 camaradas que hoy recordamos, constituye una de las expresiones más repudiables de ese terrorismo de Estado que se proponía ajustar cuentas con el avance popular”, afirmó.
“La obtención del gobierno por el FA, es una forma de homenajearlos, los logros y avances conseguidos también, pero el tema que hoy nos convoca, la democratización del reparto de la riqueza generada por los uruguayos, hace a la necesidad de redoblar el esfuerzo por el cumplimiento del programa del FA, que como Artiguista que es, asegure que los más infelices sean los más privilegiados”, finalizó.

Mahía: “No cambiar el rumbo”

El diputado de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía calificó como “un honor” su participación y destacó “el significado del asesinato de los 8 obreros comunistas en 1972” y el compromiso de “todo el Frente Amplio con la libertad, con la democracia y con los cambios”.
“Es muy positivo reunirnos, hacer política en forma permanente y debatir fraternalmente, es buena cosa”, afirmó. El legislador recordó que “el Uruguay antes del FA era un país desesperanzado e incluso se cuestionaba su viabilidad, cargado de derrota. El FA llegó al gobierno en medio de una crisis profunda heredada de blancos y colorados, así llegamos al primer gobierno de Tabaré”.
Mahía señaló los logros de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica y reivindicó que “desde que el FA asumió hizo políticas públicas de redistribución, tenemos que profundizarlas sin dudas. Más presupuesto para la educación, para la salud, políticas públicas para los más desfavorecidos. Hicimos la reforma tributaria, que no la concebimos como algo congelado ni que no se pueda mover, El Ministro Lorenzo ha anunciado cambios. Pero no podemos perder el sentido de este gobierno que en materia económica se ha comprometido con un programa. Si hay que hacer modificaciones las haremos pero cumpliendo lo que nos comprometimos con la gente”
Afirmó que “con países vecinos con mercados mucho más grandes, la única manera de seguir creciendo es predicibilidad, regalas de juego claras, garantías para todas la s partes, derechos para los trabajadores pero rumbo sostenido en el tiempo”.
Mahía opinó que “no es el tema de la redistribución el que más le preocupa a la gente, aunque sea justo, el tema que más le preocupa es el de la seguridad ciudadana. No quiero dejar a la derecha que monopolice el discurso de la seguridad ciudadana. Somos el gobierno y tenemos que discutirlo con seriedad, la sociedad uruguaya percibe que no lo hemos resuelto aún”.

Bayardi: “Fortalecer el bloque social de los cambios”

El diputado José Bayardi, de la Vertiente Artiguista, comenzó señalando que “en 1972 el ascenso de la dictadura asesinó a 8 compañeros comunistas, para que el PCU reaccionara y cambiara su accionar político hacia acciones confrontativas. Mi homenaje a los 8 compañeros y al PCU. También a monseñor Partelli, que siendo obispo de Montevideo fue a la sede del PCU ese día. Quiero volver también a denunciar el asesinato de un capitán del Ejército, el capitán Busconi, que fue asesinado desde la derecha para desencadenar la represión”.
Indicó que “fui diputado desde el 90 y siempre me tocó discutir ajustes fiscales propuestos por la derecha y me parece muy importante que hoy estemos discutiendo como distribuimos la riqueza, es un cambio cualitativo muy importante”.
Para Bayardi “cuando discutimos distribución de la riqueza tenemos que discutir sobre el cambio de la matriz productiva de nuestro país y también como seguimos construyendo el bloque social de los cambios. En toda sociedad cuando se distribuye algo, alguien gana y alguien pierde. Nacimos como una alianza de los trabajadores con las capas medias y con los sectores de la producción de la ciudad y del campo y para gobernar y seguir cambiando, tenemos que seguir consolidando ese bloque”.
Bayardi opinó que “no se trata solamente de un tema tributario”. Propuso incluir en la discusión las renuncias fiscales en la promoción de inversiones y los mecanismos de redistribución con asignaciones directas, en particular las ASIGNACIONES Familiares, tanto en el monto como en el universo que abarcan.
Informó que el Ministro Lorenzo anunció al FA que se están revisando los mecanismos por los que se otorgan exoneraciones fiscales y destacó la decisión de devolver totalmente el IVA a los beneficiarios de las Tarjetas del MIDES.
Calificó como “muy importante” la Reforma Tributaria pero se pronunció por ”elevar el mínimo no imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y analizar la creación de franjas intermedias en el nivel de 111 mil pesos”. Propuso también ampliar las deducciones por alquiler y compra de vivienda.
Se pronunció por el incremento del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) para las empresas que tengan una rentabilidad anual por encima de los 200 mil dólares y por analizar la renta del sector agropecuario, en particular la de los grandes emprendimientos, “que concentran grandes extensiones de tierra”.
Bayardi advirtió que la discusión es estratégica porque “si seguimos creciendo exportando comodities, la economía va a crecer pero con una redistribución negativa”.

Olivera: “Avanzar es desafiar al capital

El diputado socialista Raúl Olivera afirmó que “cuando discutimos la distribución de la riqueza discutimos las condiciones de vida de la gente”. “Seguir avanzando significa desafiar al capital. Un ejemplo de ello es el conflicto de los Supermercados, cuando asumió el FA las grandes superficies tenían una participación en el mercado del 20%, hoy tienen el 50% y los trabajadores tienen salarios de 6.200 pesos”, indicó.
“Tenemos una posición contraria a elevar el mínimo imponible del IRPF porque beneficiaría solamente a los trabajadores que ganan más, nosotros creemos que hay que aumentar el gravamen a los que ganan más”, sostuvo. Se pronunció por “pensar un paquete de medias que aproximen a la gente a la Canasta Básica Familiar” y discutir las exoneraciones impositivas y el régimen de las zonas francas.

Sebastián Sabini: El instrumento es el Estado

El diputado del MPP, señaló que “el 10% de la población mundial se queda con el 55% de la riqueza, eso tiene que ver con el capitalismo y con la lógica del capital”. “El principal mecanismo para enfrentar eso –sostuvo- es el Estado para que no haya mayor concentración de la riqueza. En los países escandinavos por ejemplo, la presión fiscal es mucho más grande, entre un 30 y 35% y la nuestra es un 23%”.
Definió como “positiva” la propuesta de devolver el IVA a los beneficiarios de las tarjetas del MIDES y destacó el papel de los Consejos de Salarios como mecanismo de redistribución. Finalmente afirmó que el control de la inflación también es un mecanismo de redistribución de la riqueza.

Juan Castillo: Cuatro medidas y cuatro preocupaciones

Juan Castillo, dirigente del PIT-CNT y del PCU, destacó la importancia de la discusión “no hay mejor manera de rendir tributo a los camaradas nuestros que han ofrendado la vida por un proyecto político que hacerlo en unidad, en fraternidad, aún en la polémica y en el debate”. “Estamos entre compañeros –agregó- podemos no pensar igual, en algunos casos son matices en otros son diferencias, y eso no nos avergüenza, por que no atacamos a nadie porque piense distinto”.
Castillo afirmó que es “clave la acción política permanente y al participación” porque “una brillante gestión no necesariamente te da un buen resultado electoral. La Bachellet se fue con un 78%a de popularidad en Chile pero ganó la derecha. Nosotros estuvimos contando votos en una segunda vuelta para que ganara Pepe. Lula a pesar de una muy buena gestión que hizo en Brasil ganó en segunda vuelta. Esto demuestra que en nuestra América las concepciones de la burguesía, de la oligarquía, enquistadas durante décadas, han generado en expresiones de derecha y reaccionaria, fuertes anticuerpos y no alcanza solamente con hacer buenos gobiernos, tener mucho buen carisma como lo tenían Lula y Tabaré y lo tiene Pepe”.
“Cuando colocamos temas en el debe no lo hacemos para marcar matices o la cancha. Lo hacemos porque nos preocupa cumplir con un gobierno que eleve políticamente el nivel de conciencia de nuestra clase y de nuestra población”, explicó.
Redistribución de la riqueza
Castillo valoró los avances obtenidos y afirmó que “no hay que olvidar que cuando asumió el primer gobierno del FA lo que se discutía era como enfrentar la pobreza, cinco años después el debate es como redistribuimos la riqueza, es un avance importante”.
Entrado en tema alertó: “No estamos discutiendo distribución de la renta, estamos discutiendo redistribución de la riqueza real acumulada. El Uruguay está mucho mejor que hace seis años atrás cuando gobernaba Batlle. Ha marcado niveles de crecimiento productivo, de crecimiento económico, no hay en la historia del Uruguay niveles de desocupación tan bajos, pero de todas formas son 100 mil hombres y mujeres sin trabajo. Nunca se ha recuperado tanto el poder adquisitivo de los salarios. Sin embargo hay 100 mil compatriotas nuestros bajo el nivel de pobreza. A pesar de todo lo que hemos mejorado el 75% de los trabajadores de nuestro país ni siquiera tributa porque no supera los 15 mil pesos de salario. Hay jubilaciones y pensiones de lástima, de miseria”.
El dirigente sindical recordó que “el 50% de la riqueza que generamos los uruguayos se queda en manos del 20% más rico y el 20% más pobre se tiene que repartir el 5% de la riqueza, esos son datos del INE” y agregó: “somos de los que pensamos que el trabajo y el salario son los dos primeros elementos que hacen a la redistribución de la riqueza en el país”.
En cuanto a medidas concretas, Castillo reafirmó algunas propuestas del PIT-CNT: “Subir el monto no imponible del IRPF, porque ganar 20 mil pesos, no es un lujo. Duplicar las asignaciones familiares. Estudiar las tarifas de UTE que tienen un IVA muay importante, las casas promedio de un matrimonio de trabajadores con hijos, paga promedio 1.800 pesos de luz, algunos un poco menos, sin IVA pagaría 400 pesos menos. También propusimos dejar con 0 de IVA a los productos que hoy están con 10%: la carne, el arroz, el azúcar”.
Cuatro preocupaciones
Finalizando su intervención, Castillo planteó cuatro temas como “preocupaciones”: zonas francas, ley de inversiones, industria cárnica y sistema financiero.
Sobre las Zonas Francas dijo: “Uruguay tiene 14 zonas francas y de las últimas grandes inversiones, todas son zonas francas. Dicen que Brasil tiene, es cierto, pero una sola en Manaos. Aquí las zonas francas tienen exoneraciones fiscales, impositivas y aduaneras, todavía la ley dice que adentro de las zonas francas no rigen los monopolios estatales, pueden contratar con Antel o con UTE si quieren, si no, generar ellos sus propios servicios o traerlos del exterior. La ley de zonas francas del Uruguay es la única que da exoneraciones de todo tipo, en el resto del mundo son exoneraciones aduaneras. Pensamos que hay que discutir esto, producto del régimen de zonas francas Uruguay perdió de recaudar el año pasado 1 punto del PBI: 380 millones de dólares”
Ley de Inversiones: “no estamos diciendo que se saque la Ley de Inversiones, estamos diciendo que hay que discutirla, si en esta situación hay que mantenerla con tanta dádiva”.
La industria cárnica: “Hay 34 frigoríficos operando en Uruguay, 10 de ellos tienen el 70% de la faena. De lo faenado, el 80% se va para exportación, y solo el 20% queda para el mercado interno. Nunca se ha ido tanto ganado en pie como ahora. La carne alcanzó precio récord, se está vendiendo entre 4 mil y 5 mil dólares la tonelada y nunca se exportó tanto. Ahora hay casi mil trabajadores de los frigoríficos en el seguro de paro. Mientras todos los datos benefician a los industriales y productores, los trabajadores están en el seguro y nosotros pagamos la carne a 140 y 150 pesos el kilo. Es momento de discutir sobre un Frigorífico Nacional, no me importa si ese es el nombre o no, un ente testigo que le sirva al pequeño productor y que le sirva a la gente. Nos han dicho que el Frigorífico Nacional fue una joda, bueno, si fue una joda, ¿quién promovió la joda? Creemos por ejemplo que hay mecanismos para aplicar un símil con la Ley de Conaprole, eso no fue joda y sirvió a los pequeños y medianos productores para tener la principal empresa láctea. ¿Cómo no vamos a ser capaces los uruguayos de izquierda de construir una ley similar para la carne?”.
El sistema financiero: “El ahorro de los uruguayos hoy días es de 19 mil millones de dólares, 16 mil millones de ellos están en bancos extranjeros. El crédito al consumo ha crecido por 4ª; estamos cuatro veces más endeudados que antes. Ese crédito al consumo está pagando promedialmente un 58%a de interés, sin embargo el crédito a las grandes industrias y a la construcción está pagando un 9%; a la pequeña y mediana empresa un 15%. Cuanto más tenés menos pagas de interés. Eso es porque no hay un control del Estado y estamos en manos de usureros”.

ARTIGAS, LA TIERRA, LA RIQUEZA Y LA PROFUNDIZACION DE LOS CAMBIOS (Editorial de El Popular)

El debate instalado en la sociedad, en el gobierno y en el Frente Amplio sobre la necesidad de gravar las grandes propiedades de tierra no se puede dimensionar adecuadamente si se lo aborda en forma aislada. Es parte central de dos debates más amplios: el de la distribución de la riqueza y el referente a la necesidad de profundizar los cambios iniciados por el primer gobierno frenteamplista, recogiendo los postulados históricos de la izquierda que se remontan a las raíces artiguistas.
Es en ese marco que debe valorarse la iniciativa de gravar adicionalmente a las propiedades agropecuarias de más de 2.000 hectáreas, planteada por el presidente de la República, José Mujica. Quedarse en la discusión de cómo se presentó la iniciativa o descartarla por la indefinición aún de sus alcances, -si bien no son menores estos aspectos -, no atiende a lo central; es una propuesta que va en el sentido de tomar medidas para avanzar en una distribución más justa de la riqueza y también en la de profundizar los cambios.
Si bien en un primer momento se fundamentó solamente en la necesidad de financiar las obras de infraestructura que el desarrollo del sector agropecuario sin duda requiere, en el proceso de debate, tanto en el gobierno como en el FA, se avanzó hacia otros horizontes. El miércoles último, Presidencia de la República explicó en su página web la iniciativa en la necesidad de atacar la concentración de la tierra.
En la nota oficial se sostuvo: «En Uruguay la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra». «En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, de US$ 740 a US$ 3.114. La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009», se agregó.
Está claro que para enfrentar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra y de la producción agropecuaria en general, no alcanza con esta medida; pero abrir el debate y comenzar a recorrer el camino, es un paso positivo. Lo es más aún, si inscribimos esta discusión en la más amplia sobre la distribución de la riqueza.
En este terreno y respondiendo a una convocatoria del propio presidente José Mujica, el FA ha debatido desde febrero y varios sectores han presentado propuestas: el PCU, el MPP, el PS y la Vertiente Artiguista, entre ellos. Pero destacadamente también lo ha hecho el PITCNT en conjunto con la Onajpu. El Ministerio de Economía y Finanzas ha adoptado medidas que recogen algunos de los planteos: la rebaja total del IVA direccionada a los sectores más pobres (beneficiarios de las tarjetas del MIDES y de Asignaciones Familiares), elevación del monto imponible del IRPF, distribución del peso en 12 meses referido al aguinaldo; también abrió una consulta pública para modificar la Ley de Inversiones y estudia modificaciones en la Ley de Zonas Francas.
En el bombardeo mediático estos pasos o directamente se ignoran, se mediatizan o bien se presentan como aislados y no relacionados entre sí. ¿Existen diferencias en el gobierno y en el FA? Sí, sin duda existen. En particular el vicepresidente de la República, Danilo Astori, se mostró contrario a iniciar un debate sobre la distribución de la riqueza y también sobre nuevos gravámenes al agro; en ambos casos fundamentó su posición en la posibilidad de que se afecten las inversiones y el crecimiento económico. La posición es respetable, aunque no la compartimos, pero claramente parece irse conformando una sensibilidad mayoritaria, en el marco del debate, hacia la postura de profundizar los cambios. Con matices se han pronunciado por este camino: el presidente Mujica, el ex presidente Tabaré Vázquez, el MPP, el PS, el PCU, la VA y las organizaciones populares que constituyen, históricamente, la base social de la izquierda.
También parece recoger un amplio respaldo popular, una encuesta de Equipos Mori reveló que el 60% de los uruguayos y el 75% de los frenteamplistas está de acuerdo con gravar el agro. Pero además, en este punto de la mejor distribución de la riqueza y en específico el de la tierra, se han expresado claramente los dos proyectos de país y los dos bloques sociales que los sostienen e impulsan. Por un lado la izquierda, con el FA, con debates y diferencias tanto en la fuerza política como en el seno del gobierno, y sus aliados históricos, en particular el PIT-CNT y en el caso de la tierra con expresiones como la Comisión Nacional de Fomento Rural y la UNATRA. Lo hacen debatiendo, proponiendo e impulsando la profundización de los cambios. Por el otro lado y claramente, el bloque de las clases dominantes, con todos los partidos de la oposición, las organizaciones empresariales del agro y la mayoría de los medios y analistas del estabilishment; sin realizar una sola propuesta y oponiéndose a todo: no quieren que se discuta, quieren que todo siga como está o mejor dicho, que retroceda a como estaba.
El FA ha demostrado en el primer gobierno que es capaz de levantar al país de la peor crisis de su historia, promover reformas profundas en varios campos y encaminar a la economía por la senda del crecimiento. Ahora debe ser capaz de profundizar los cambios y construir un modelo de crecimiento que nos lleve hacia un país productivo y con justicia social. No es fácil. Cuando los cambios avanzan se tocan intereses poderosos que responden y operan. La concepción ideológica de las clases dominantes, hegemónica en nuestra sociedad, permea todo el debate y todos los estamentos. Pero es un debate imprescindible y necesario, y adoptar medidas en esa dirección es la única manera de garantizar la continuidad del gobierno del FA; además, con un sentido claro, profundizar los cambios e ir a más.
Es por añadidura, y en el caso de la tierra particularmente, una reivindicación de la mejor historia de nuestro país, de las propuestas de José Artigas, reflejadas en el memorable Reglamento de Tierras de 1815, donde se acuñó una frase que ha sido guía de toda la acción política de la izquierda: «que los más infelices sean los más privilegiados». Los mismos intereses que hace 196 años frustraron el sueño de Artigas se oponen hoy a las medidas que reivindican su espíritu. No obstante, es un camino posible, con debate, sin cucos, con unidad, con responsabilidad, pero en todo caso, con firmeza.

IMPUNIDAD, LOS CAMINOS POSIBLES (Editorial de El Popular del 3 de junio de 2011)

Luego de la derrota sufrida en el Parlamento al no aprobarse la Ley Interpretativa que anulaba los efectos de la Ley de Caducidad se abrieron nuevos escenarios para la lucha por Verdad y Justicia. La Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que obliga al Estado uruguayo a eliminar todos los obstáculos para la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado y el castigo a sus responsables, sigue firme. El compromiso ético, histórico y político de las organizaciones sociales y de DDHH, de un importante sector de la población dispuesto a movilizarse y comprometerse, como quedó ratificado el 19 y el 20 de mayo, del FA como expresión política de lo anterior y de su gobierno, también.

Las acciones necesarias son muchas y en diversos campos. En el terreno estrictamente judicial, la Suprema Corte de Justicia ha dado señales contradictorias, aunque en su mayoría francamente negativas. Se negó a tipificar como delitos de lesa humanidad los crímenes de la dictadura pero no se pronunció sobre su prescripción el 1° de noviembre. También archivo el expediente que había abierto contra la jueza Mariana Motta por participar en la Marcha del Silencio, aunque igualmente esbozó un cuestionamiento. La Suprema Corte quedó como una de las más conservadoras de toda América Latina con su resolución negándose a tipificar como de lesa humanidad los crímenes del terrorismo de Estado. Sin embargo el camino para evitar que el 1° de noviembre prescriban los delitos sigue abierto. Lo podría subsanar la propia Suprema Corte, de la misma manera que se hizo en la recuperación democrática una excepción de prescripción, y no se computaron los años de dictadura, resolver ahora, en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana que la declara nula, que tampoco se cuenten los años de vigencia de la Ley de Caducidad. Si esto no ocurre la solución podría venir por el lado del Poder Legislativo que mediante una ley podría consagrar este régimen de excepción de la prescripción o lisa y llanamente declararlos delitos de lesa humanidad o imprescriptibles. Pero la Justicia tiene que hacer mucho más: acelerar los juicios en marcha, prepararse para resolver los que se están presentando y dotar de recursos humanos y logísticos a los jueces para que investiguen. Lo exige el dictamen de la Corte, la demanda social y también el tiempo transcurrido para las víctimas y sus familiares.

El Poder Ejecutivo debe revocar todos los actos administrativos que ampararon casos en la Ley de Caducidad, también en cumplimiento del dictamen de la Corte Interamericana. Lo puede hacer de oficio no hace falta que se presenten denuncias o escritos y además, puede dejarlos sin efecto con un decreto único. Pero también debe hacer más, debe abrir todos los archivos y fundamentalmente debe comprometerse más con la investigación y la búsqueda de la verdad. La instalación del Instituto de Derechos Humanos es un paso. La conformación de una Comisión de la Verdad, con amplias potestades y con una integración que refleje a la mayor cantidad posible de sectores sociales, religiosos y políticos, también lo sería. Desde las organizaciones sociales se debe promover la organización y presentación de denuncias y aportar a la investigación. Se debe movilizar y convencer, sumar y no restar voluntades. HIJOS pedirá al Poder Ejecutivo que revoque todos los decretos que ampararon casos en la Ley de Caducidad, es un camino a recorrer. Se debe actuar desde el FA y desde su Gobierno para que las causas caminen, para que la prescripción no se concrete; no sólo para que Uruguay no sufra el escarnio de una nueva condena esta vez por desacatar un fallo de la Corte Interamericana, sino y fundamentalmente, porque sería una derrota seria en el proceso de acumulación hacia los cambios y una victoria de la derecha en su esfuerzo por mantener la hegemonía cultural e ideológica, en el sentido puro y duro, sobre la sociedad. La derecha, con las presiones desembozadas para impedir, como finalmente ocurrió, que se votara la Ley Interpretativa, sigue en ofensiva, política, mediática y judicial para lograr su verdadero objetivo: que llegue el 1° de noviembre y la Justicia no investigue más. Recusa jueces y juezas, miente y maniobra. Su objetivo es que siga la impunidad, es un eslabón central de su estrategia de poder. Derrotar la impunidad no sólo es un imperativo del Estado por sus obligaciones internacionales. Es un imperativo político y ético para la izquierda, para el Frente Amplio, para el Gobierno, para seguir acumulando en el sentido de la profundización de los cambios. También lo es por el golpe que los fracasos sucesivos han generado con un sector importante de la militancia de izquierda, sobre todo los jóvenes. Por todo ello no hay proyecto de cambios posible con impunidad. La derecha quiere llegar a noviembre sin novedades. La izquierda debe demostrar que puede actuar en toda la sociedad para terminar con esta vergüenza para la democracia y la libertad de todos los uruguayos.