La tierra, los terratenientes, la izquierda y la derecha (editorial de El Popular)

El gobierno del Frente Amplio envió al Parlamento el proyecto de ley que crea el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR). Su extensa y documentada exposición de motivos y los escuetos 14 artículos que lo componen desataron una tormenta política y mediática. Bienvenida sea. El proyecto dice acertadamente: “Existen tres mercados de factores productivos: tierra, trabajo y capital”. Los dos gobiernos del FA avanzaron sustancialmente en el mundo del trabajo, desmontando la obra del neoliberalismo en él; muy tímidamente aún, también se introdujeron en el mundo del capital; pero la tierra, factor clave de la producción y de la acumulación de riqueza, había permanecido prácticamente intocada. El Proyecto de Ley crea el ICIR, un impuesto progresivo que grava a las propiedades rurales de más de 2 mil hectáreas. Entre 2 mil y 5 mil hectáreas tributarán, por hectárea, 8 dólares anuales; entre 5 mil y 10 mil hectáreas, 12 dólares anuales; y las de más de 10 mil hectáreas, 16 dólares anuales. Además, introduce una modificación al régimen de compra-venta de tierra e incorpora la valorización del inmueble como objeto de tributación. En el primer caso lo que se recaude será volcado a las intendencias y en el segundo caso al Instituto Nacional de Colonización. Se financiará la infraestructura rural y el desarrollo del campo.
Algunos datos.
El ICIR gravará aproximadamente a 1.200 productores de un total de 47.300, es decir un 2.5%; el 97.5% de los productores no será afectado. Hay un nutrido grupo de argumentos que respaldan esta medida. En primer lugar la concentración de la tierra que es mucho más grande que la del ingreso: mientras que el 10% de la población de más altos ingresos percibe el 30.5% del ingreso, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra Además, como fruto de muy diversos factores, ninguno de ellos atado a la inversión productiva de sus propietarios, sino al carácter de bien social escaso, al crecimiento económico del país y a la liquidez internacional que la ve como refugio para capitales especulativos; la tierra se ha valorizado casi más que cualquier otro factor productivo. El valor total de las tierras que se gravan, unos 5 millones de hectáreas, era hace 10 años de 4 mil millones de dólares; hoy es de 16 mil millones de dólares. Este aumento del valor no fue acompañado de aporte fiscal; redundó solamente en beneficio de sus propietarios y no de la sociedad. En los últimos 10 años, la tributación total del sector agropecuario disminuyó, en porcentaje a su PIB, casi un 30%, pasando de 9.7% del PIB Agropecuario en 1999 a 7.1% en 2009. Esa disminución también se produjo respecto de lo que aporta el conjunto de la sociedad; es decir, no sólo comparados con sí mismos, sino con toda la sociedad. En 1999, la presión fiscal sobre los propietarios de tierra era de 9.7% mientras que la que recae sobre la población en su conjunto era de 30.1%. En 2009, la presión sobre el agro bajó a 7.1 mientras que la nacional fue de 29.5%. Para resumir, la tierra está altamente concentrada, aumentó su valor enormemente, tributa menos que antes y mucho menos que el resto de la sociedad.
El debate con la derecha.
La decisión de gravar a las grandes propiedades de tierra, está entonces largamente justificada. Las organizaciones que nuclean a los grandes propietarios han puesto el grito en el cielo; sobre todo la Asociación Rural, de triste trayectoria, habiendo apoyado el golpe de Estado, operando para la dictadura y reprimiendo cualquier intento de organización de los trabajadores. Lo mismo ha hecho la derecha, especialmente el Partido Colorado a través de su principal figura, Pedro Bordaberry. Es lógico, en su caso, más que tradición política es tradición familiar. Bordaberry al igual que su padre, ha convertido al Partido Colorado en una expresión de derecha dura, que sólo sabe proponer represión y defender los privilegios de los ricos. Es un debate saludable, no hay que caer en la trampa de discutir aspectos parciales, como qué se hará con contratos de inversión, que aunque es un problema real, no es el centro, ni por aproximación. Es bueno que Bordaberry le diga a la sociedad claramente que él no quiere que se toquen, ni mínimamente, los privilegios de los más ricos. Está defendiendo al 2.5% de los productores, sólo eso.
La discusión en el gobierno y en el FA.
La discusión para aprobar este proyecto de ley no fue sencilla hasta ahora y no lo será de ahora en adelante. Eso ocurre cuando están en juego elementos centrales del poder y de la riqueza. Pero el gobierno del Frente Amplio la saldó bien; incluso, fruto del debate, el proyecto es mejor que el original e incorporó el elemento de gravar la valorización de la tierra en las operaciones de venta. Esto muestra que es muy importante discutir y hacerlo con franqueza y sin miedo. Ahora la discusión se dará en el Parlamento y será dura. Hay que darla. Entendemos que es imprescindible que también la dé el FA y tome posición. Lo señalamos como una necesidad, en discrepancia, con la Ley de PPP; lo reiteramos ahora, en el acuerdo, con el ICIR. No tiene que ver con una opinión favorable o no, tiene que ver con el método: los temas centrales del país deben discutirse en el FA. Porque no hay monopolios para las iniciativas, ni del Ministerio de Economía, ni de la OPP, ni siquiera de la Presidencia; se necesita un debate colectivo, una decisión y una acción de todos para defender las medidas que así se aprueben. El 4 de agosto el PCU entregó al FA un documento proponiendo que se discutiera la concentración y extranjerización de la tierra. El PIT-CNT, a través del Instituto Cuesta-Duarte también ha realizado propuestas hace pocos días. Este proyecto de ley es un buen paso; merece y necesita discusión amplia y respaldo. Ese es el camino.

LA VIGENCIA DE LOS COMITÉS DE BASE

Este 25 de agosto se votará en los Comité de Base del FA para elegir sus autoridades. Como bien lo señala el presidente del FA, Jorge Brovetto, en la entrevista que se incluye en la presente edición de EL POPULAR, esta elección la realiza solamente el FA en Uruguay y son muy pocos los casos similares en América Latina.
¿Alguien se imagina a los blancos o colorados votando en el «Club de amigos de…» la dirección de 0ese club político? En esta elección no están en juego senaturías o diputaciones, ni siquiera se eligen direcciones departamentales y mucho menos nacionales de la fuerza política. No, nada de eso. Se eligen responsabilidades para militantes de base, lugares para militar y para hacerse responsable de tareas. Mujeres, hombres y jóvenes, se candidatean y son electos por sus iguales, los militantes, para hacerse responsables de tareas concretas y en algunos casos representarlos en organismos intermedios del FA.
No es nada menor que en estas épocas de tanto relativismo y tanto juicio apresurado sobre todo, militantes se junten para votar militantes. La participación de sus adherentes en forma organizada y permanente es un elemento nuevo que aportaron el FA y la izquierda a la política nacional e implicó, en primer lugar, un fortalecimiento de la democracia.
El 25 se votará en más de 400 Comité de Base de todo el país y unos 36 entre los uruguayos que viven en el exterior. Cuando se habla y se discute sobre el compromiso democrático de la izquierda dos datos importantes se destacan poco: cuando la derecha criminaliza a los jóvenes, en el FA se les otorgan derechos: pueden votar los mayores de 14 años y pueden ser electos los mayores de 16; los uruguayos que se tuvieron que ir al exterior, en el FA, votan con los mismos derechos.
Se ha puesto y se pone mucho énfasis en que los Comités de Base no alcanzan en la actualidad para incorporar a la inmensa masa de votantes del FA, ni siquiera, se dice, a toda la militancia. Es cierto, han cambiado la sociedad, las formas de organizarse y participar y también el rol del FA, que ahora es fuerza de gobierno. Todo eso debe ser incorporado, fortalecer los instrumentos actuales y abrir nuevos caminos.
Pero ello no debe hacerse subidos a la prédica del abandono de los Comités de Base, y mucho menos, con el mensaje soterrado de que «la militancia ya fue». No hay otra fuerza política en el Uruguay que tenga 400 organizaciones de base en todo el país y menos aún, militantes dispuestos a asumir, sin ningún cargo a cambio, responsabilidades en ellas.
Más allá de las limitaciones y reconociendo que hay que cambiar muchas cosas, el 25 es un día importante para el FA y para la democracia del país: Es el día de los Comités de Base, uno de los instrumentos populares que más transformaron la vida del Uruguay.

OBREROS Y ESTUDIANTES (editorial de El Popular)

En una semana, nuestro país fue escenario de dos grandes movilizaciones que involucraron a dos sectores claves de la sociedad: los trabajadores y los estudiantes.
Cualquier proceso de izquierda de transformación de la sociedad tiene una premisa fundamental: la participación del pueblo organizado. Es clave la conquista de espacios de gobierno; es clave una buena gestión en ellos. Pero también lo es el fortalecimiento de los instrumentos populares, la movilización y la participación. Una sociedad apática y desmovilizada siempre favorece a la derecha y al «statu quo». En el enfrentamiento de dos proyectos de país y la conformación de los bloques sociales que respaldan a cada uno -los trabajadores y la juventud, con su componente históricamente más influyente-, los estudiantes, fueron, son y serán decisivos. Los trabajadores y los estudiantes son dos de las fuerzas motrices del cambio y las transformaciones de izquierda. Por eso la derecha, que lo sabe claramente, salió con furia a golpearlos. Por eso El País retomó sus peores épocas fascistoides, para decir que el CLAE era un «congreso castrista». Le temen y les preocupa el pueblo organizado.
Miles con el PIT-CNT.
El peso de los trabajadores organizados en la sociedad uruguaya ha sido un rasgo distintivo. No responde a una antojadiza definición teórica y mucho menos a una operación ideológica de la izquierda. Es fruto del trabajo de la acumulación de décadas y es mérito, en primer lugar, del propio movimiento sindical y también, de la izquierda toda. El mantenimiento de la unidad en los gremios por rama y en una central única que reúne a todos los trabajadores, públicos y privados, y a todas la corrientes sindicales, es un logro histórico de los trabajadores y de la izquierda uruguaya. El PIT-CNT, que desde 2005 ha triplicado el número de sus afiliados, superando los 300 mil, ha mostrado su madurez, su capacidad de propuesta y su representatividad, ratificada en las elecciones con voto secreto y obligatorio para el BPS, en las cuales logró más de 300 mil votos. También ha mostrado su profunda raigambre democrática con elecciones sucesivas en varios gremios: ADEOM, AEBU, SUTEL, FFSP, ahora en el SUNCA, por citar sólo algunas, en las que han participado decenas de miles de trabajadores. El martes 16, con la jornada nacional, el PITCNT agregó otro elemento sustancial: demostró su capacidad de movilización. El paro general parcial tuvo un acatamiento del 90% y en las movilizaciones a lo largo y ancho del país participaron miles de trabajadores; solamente en Montevideo fueron más de 20 mil. La plataforma levantada, muestra la madurez y la preocupación, para nada corporativa del movimiento sindical: defensa de la negociación colectiva, de las empresas públicas, reivindicación del Estado como locomotora del desarrollo, exigencia de que los impactos de la crisis internacional no los paguen los trabajadores, salario mínimo nacional de 10 mil pesos, incremento de las asignaciones familiares, distribución de la riqueza, evitar las prescripciones de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, defensa de la educación pública, entre otros puntos. Siendo esto importante, lo es más sin embargo, la presencia movilizada y unitaria del PITCNT en la realidad nacional, como garantía del proceso de cambios y también de su consolidación y profundización.
Miles con la FEUU y el CLAE.
Entre el 10 y el 15 de agosto se realizó en Montevideo el XVI Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Participaron 3.500 delegados de 18 países y 2.000 estudiantes uruguayos. Debatieron, propusieron, ratificaron su compromiso de lucha, marcharon y se divirtieron. Conmovieron Montevideo con su presencia y para bien. De las muchas cosas que hay para destacar del CLAE nos interesa hoy concentrarnos en una: la madurez, militancia y capacidad mostrada por los cientos de militantes de la FEUU para organizarlo y asegurar su éxito. Conviene destacarlo, cuando reiteradamente se critica a la FEUU, incluso desde la izquierda y se la mira con indiferencia. Es cierto que hay problemas. Es cierto que tiene muchas dificultades para lograr la adhesión y participación de una inmensa masa estudiantil en crecimiento. Pero también es cierto que la FEUU demostró con el CLAE que tiene reservas y militantes de enorme valía y proyección. No es un dato menor. El grado de desarrollo orgánico y político de la FEUU no es un problema solamente de los estudiantes y de la Universidad, lo es de todo el movimiento popular uruguayo, que ha estado y sigue estando omiso en asumirlo, discutirlo y ayudar. No para decirles a los gurises cómo hacer las cosas; no para imponerles viejos esquemas; menos para transformar a la FEUU en un escenario de disputas entre corrientes de izquierda por espacios de poder. Para eso no. El movimiento popular, la izquierda, la sociedad uruguaya toda, debe ver hacia el movimiento estudiantil, para aprender, para entender y para luchar mejor, junto con ellos. Son parte decisiva del bloque social de los cambios y son una de las llaves para enfrentar con éxito la profundización del actual proceso de cambios. La derecha lo entiende claramente por eso los golpea. La izquierda debe asumirlo con mucha fuerza, defenderlos y dejarlos ser. A pesar de que los medios de la derecha los golpearon y en algunos casos los ignoraron, hubo dos grandes hechos en el Uruguay en una semana. Los protagonizaron los trabajadores y los estudiantes organizados. No es poca cosa. Que conste.

La tierra está extranjerizada y concentrada. (Editorial de EL POPULAR).

El PCU entregó ayer al Frente Amplio, en mano de su presidente Jorge Brovetto, una propuesta para que se discuta la concentración y la extranjerización de la tierra y se estudien medidas para enfrentar este fenómeno socioeconómico y sus consecuencias.
El hecho es importante por muchas razones. Nos concentraremos en dos: el método y la forma de introducir un tema en la agenda política y la dimensión del problema que se propone debatir, tanto en sus aspectos económicos y productivos concretos, como en su impacto en un asunto central para la construcción de un proyecto de izquierda: la distribución de la riqueza.
En cuanto al método.
La propuesta se presentó al FA, para analizarla colectivamente, debatir, polemizar si es necesario, estudiarla con seriedad y responsabilidad, incorporar todos los aportes posibles y promover un camino, con acuerdos políticos y sociales, para enfrentar un problema que tiene planteado el país. Es una apuesta a una forma de discutir y resolver los problemas, que privilegia el papel del FA desde sus organismos e intenta aportar a la gestión de gobierno, a través de la propuesta y la unidad. El documento que se titula «La extranjerización de la tierra en el Uruguay. Propuesta del PCU al FA» es una propuesta abierta, esboza un diagnóstico y contiene cuatro ideas para debatir. No pretende cerrar nada; muy por el contrario, está dirigido a abrir la discusión «en el FA y la sociedad toda», y se lo propone explícitamente como objetivo.
Sobre el problema en sí.
Lo primero a saldar es si estamos o no ante un problema. Las definiciones exactas y precisas sobre la propiedad de la tierra en Uruguay no son sencillas; está pendiente el Censo Agropecuario, la presencia de sociedades anónimas como propietarias dificulta a veces la identificación, y varios etcéteras. No obstante esto, se constata que vivimos un proceso de concentración y extranjerización de la tierra en Uruguay que además se ha acelerado en los últimos años. En esa constatación se coincide desde muy diversos sectores, que van desde los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Instituto Nacional de Colonización, la UDELAR, centros independientes como el Cadesyc, la OPP y la Presidencia de la República. También desde el Banco Mundial y hasta la Fundación Pensar, vinculada a Macri en Argentina. El Uruguay tiene 16 millones de hectáreas productivas. Según las estimaciones citadas, un 25% de ellas estaría ya en manos de extranjeros. La situación es grave, tanto si se compara a Uruguay con su propia historia como si se la compara con la región y el mundo: Brasil tiene 1.2% de las tierras en manos de extranjeros, Argentina el 3.4% y EEUU el 1.7%. Pero además se da un altísimo grado de concentración. La situación es de tal magnitud que el Instituto Nacional de Colonización tuvo que crear una categoría nueva de propietarios de tierra: antes se hablaba de «grandes propietarios»; ahora debió agregarse «grandísimos propietarios», los de más de 200 mil hectáreas. Sólo 11 empresas transnacionales concentran más de un millón de hectáreas, el equivalente a la superficie productiva de Canelones, Colonia y San José. Esta concentración se da también en los distintos sectores y cadenas productivas agropecuarias, es decir que se extiende a la producción y la comercialización de uno de los sectores más importantes de la base productiva nacional. En forestación, 8 empresas extranjeras poseen 720 mil hectáreas; en la producción de secano, 6 empresas extranjeras superan las 300 mil hectáreas; en el arroz la extranjerización supera el 85%; en la ganadería, 10 frigoríficos (9 de ellos extranjeros) concentran el 70% de la faena. En el caso de la propiedad de la tierra, la producción y la comercialización de la producción agropecuaria, concentración y extranjerización son dos caras de la misma moneda y deben ser abordadas en conjunto.
Opiniones que importan
El propio presidente de la República, José Mujica, en el marco del debate aún no resuelto, sobre el aumento de la tributación a los grandes propietarios, expresó la necesidad de limitar la concentración y afirmó que la propiedad de la tierra está más concentrada que el ingreso, en tanto el 10% de los propietarios más grandes concentra el 65% de la tierra. También se refirió a ello el ex presidente Tabaré Vázquez, quien reconoció que era válido discutir la necesidad de ponerle límites a la inversión extranjera y en particular a la que se dirige a la compra de tierras. Incluso ha sido motivo de preocupación desde el punto de vista de la Defensa Nacional. En un documento del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) se sostiene que «un mayor control sobre la compra de tierra por extranjeros adquiere particular relevancia a raíz del temor por la inseguridad alimentaria y por la actitud de algunos Estados poderosos que deciden enfrentar ese riesgo comprando tierras productivas en países del hemisferio sur».
Dos proyectos de país
Es un aspecto central -y más si se le mira desde una perspectiva más amplia-, la disputa entre dos proyectos de país: el de la izquierda, productivo y con justicia social y el de la derecha, con más dependencia. Por otra parte, la tierra, su propiedad y la renta derivada de ella y su producción es uno de los factores históricos y actuales de mayor incidencia en la generación de riqueza en el Uruguay. Tener una política de tierras, redefinir el rol del Estado, cumplir con lo establecido en el programa del FA respecto del papel del Instituto Nacional de Colonización, impedir el desplazamiento de los pequeños y medianos productores así como la primarización de la producción, y buscar la diversificación productiva, son objetivos imprescindibles para un proyecto de izquierda. ¿Es necesaria la inversión, incluso la extranjera? Por supuesto que sí, pero no cualquiera, ni para cualquier cosa. Uruguay es el único país de la región que no tiene ninguna limitación legal a la compra de tierras por extranjeros. El FA y su gobierno tienen la obligación política de asumir el problema y enfrentarlo. Por el presente, por el futuro y por ser fieles, como se proclama, al legado artiguista, que tiene en el «Reglamento de Tierras» uno de sus componentes fundamentales, políticos, éticos y revolucionarios. La derecha no tiene proyecto ni propuesta; quiere que todo siga como está. Ante la menor discusión la respuesta de la Asociación Rural, expresión de la oligarquía vernácula, rentista y conservadora, responde diciendo que van a ir a invertir a Paraguay. La izquierda, el FA, las fuerzas sociales que componen su base histórica, deben debatir y afrontar esta situación para revertir este proceso, donde el lucro y el mercado campean sin límites en un recurso estratégico para el país. Hacia ese objetivo está dirigida la propuesta del PCU.