Luego de la derrota sufrida en el Parlamento al no aprobarse la Ley Interpretativa que anulaba los efectos de la Ley de Caducidad se abrieron nuevos escenarios para la lucha por Verdad y Justicia. La Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que obliga al Estado uruguayo a eliminar todos los obstáculos para la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado y el castigo a sus responsables, sigue firme. El compromiso ético, histórico y político de las organizaciones sociales y de DDHH, de un importante sector de la población dispuesto a movilizarse y comprometerse, como quedó ratificado el 19 y el 20 de mayo, del FA como expresión política de lo anterior y de su gobierno, también.
Las acciones necesarias son muchas y en diversos campos. En el terreno estrictamente judicial, la Suprema Corte de Justicia ha dado señales contradictorias, aunque en su mayoría francamente negativas. Se negó a tipificar como delitos de lesa humanidad los crímenes de la dictadura pero no se pronunció sobre su prescripción el 1° de noviembre. También archivo el expediente que había abierto contra la jueza Mariana Motta por participar en la Marcha del Silencio, aunque igualmente esbozó un cuestionamiento. La Suprema Corte quedó como una de las más conservadoras de toda América Latina con su resolución negándose a tipificar como de lesa humanidad los crímenes del terrorismo de Estado. Sin embargo el camino para evitar que el 1° de noviembre prescriban los delitos sigue abierto. Lo podría subsanar la propia Suprema Corte, de la misma manera que se hizo en la recuperación democrática una excepción de prescripción, y no se computaron los años de dictadura, resolver ahora, en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana que la declara nula, que tampoco se cuenten los años de vigencia de la Ley de Caducidad. Si esto no ocurre la solución podría venir por el lado del Poder Legislativo que mediante una ley podría consagrar este régimen de excepción de la prescripción o lisa y llanamente declararlos delitos de lesa humanidad o imprescriptibles. Pero la Justicia tiene que hacer mucho más: acelerar los juicios en marcha, prepararse para resolver los que se están presentando y dotar de recursos humanos y logísticos a los jueces para que investiguen. Lo exige el dictamen de la Corte, la demanda social y también el tiempo transcurrido para las víctimas y sus familiares.
El Poder Ejecutivo debe revocar todos los actos administrativos que ampararon casos en la Ley de Caducidad, también en cumplimiento del dictamen de la Corte Interamericana. Lo puede hacer de oficio no hace falta que se presenten denuncias o escritos y además, puede dejarlos sin efecto con un decreto único. Pero también debe hacer más, debe abrir todos los archivos y fundamentalmente debe comprometerse más con la investigación y la búsqueda de la verdad. La instalación del Instituto de Derechos Humanos es un paso. La conformación de una Comisión de la Verdad, con amplias potestades y con una integración que refleje a la mayor cantidad posible de sectores sociales, religiosos y políticos, también lo sería. Desde las organizaciones sociales se debe promover la organización y presentación de denuncias y aportar a la investigación. Se debe movilizar y convencer, sumar y no restar voluntades. HIJOS pedirá al Poder Ejecutivo que revoque todos los decretos que ampararon casos en la Ley de Caducidad, es un camino a recorrer. Se debe actuar desde el FA y desde su Gobierno para que las causas caminen, para que la prescripción no se concrete; no sólo para que Uruguay no sufra el escarnio de una nueva condena esta vez por desacatar un fallo de la Corte Interamericana, sino y fundamentalmente, porque sería una derrota seria en el proceso de acumulación hacia los cambios y una victoria de la derecha en su esfuerzo por mantener la hegemonía cultural e ideológica, en el sentido puro y duro, sobre la sociedad. La derecha, con las presiones desembozadas para impedir, como finalmente ocurrió, que se votara la Ley Interpretativa, sigue en ofensiva, política, mediática y judicial para lograr su verdadero objetivo: que llegue el 1° de noviembre y la Justicia no investigue más. Recusa jueces y juezas, miente y maniobra. Su objetivo es que siga la impunidad, es un eslabón central de su estrategia de poder. Derrotar la impunidad no sólo es un imperativo del Estado por sus obligaciones internacionales. Es un imperativo político y ético para la izquierda, para el Frente Amplio, para el Gobierno, para seguir acumulando en el sentido de la profundización de los cambios. También lo es por el golpe que los fracasos sucesivos han generado con un sector importante de la militancia de izquierda, sobre todo los jóvenes. Por todo ello no hay proyecto de cambios posible con impunidad. La derecha quiere llegar a noviembre sin novedades. La izquierda debe demostrar que puede actuar en toda la sociedad para terminar con esta vergüenza para la democracia y la libertad de todos los uruguayos.
