La discusión sobre la tierra, la propiedad, su valor, y si debe gravarse o no a las grandes propiedades agropecuarias parece haberse encaminado, y superando su fase mediática, ha tenido algunas definiciones trascendentes.
El eje se ha instalado donde debería estar y ya no se habla del peligro para los inversores o si la propia discusión es pertinente o no. Ahora se está discutiendo qué medida es la mejor, pero que habrá gravamen, habrá gravamen. No es motivo de este editorial analizar las bondades o debilidades del proyecto del presidente de la República José Mujica y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni o del que presentaron el vicepresidente de la República, Danilo Astori y el Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. En realidad, en el terreno del gobierno y también del Frente Amplio, lo que importa es la definición política de gravar a las grandes propiedades y discutir la concentración de la tierra como una realidad y como un problema a resolver. Ese es sin duda el concepto fundamental. Por supuesto que habrá que buscar una síntesis entre estas propuestas y analizar otras, ya que no son las únicas, pero eso está muy bien y se hará donde se debe y se puede lograr esa síntesis: en la discusión colectiva en los distintos ámbitos del gobierno, Gabinete Productivo, Consejo de Ministros y en los espacios orgánicos del FA. Por los medios y con títulos rimbombantes no se puede discutir nada y muchos menos sintetizar y decidir. Ese es el cauce fundamental de la discusión y de las decisiones que habrá que adoptar. Sin embargo es una reflexión que no se agotó ni mucho menos y que por el contrario conviene mantener, profundizar y enriquecer. El presidente Mujica ha ido incorporando como centro de la fundamentación de la medida que propone, no sólo la necesidad de fondos para la infraestructura rural, necesidad objetiva para el desarrollo del país, sino la concentración de la tierra. Para plantear la dimensión del problema conviene recordar algunos datos manejados por Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Colonización. En Uruguay, la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra. En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, de US$ 740 a US$ 3.114. La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009. En este panorama, ¿a quiénes está dirigida la medida que propone Mujica? A unas 5 millones de hectáreas que están en propiedad de 1.150 empresas. Vale la pena apuntar que Uruguay tiene unos 16 millones de hectáreas de uso agropecuario y que hay alrededor de 47 mil empresas que trabajan en el rubro. Mujica indicó que esa superficie, si se realiza un promedio de precios, valía hace 10 años 4 mil millones de dólares y hoy vale 16 mil millones de dólares. Por eso es tan importante esta discusión, más allá de las formas y del acuerdo o no con medidas concretas. Se trata de discutir uno de los aspectos fundamentales de la concentración del ingreso y de la riqueza en el país. Se inscribe, vale la pena insistir, en la discusión más amplia sobre la redistribución de la riqueza y del enfrentamiento de dos proyectos de país: el de la izquierda y el de la derecha, que en este tema además, se expresan con diáfana claridad. En el gobierno y en el Frente Amplio, hay diferencias, es innegable, pero es la única fuerza política que se propone abordar y atacar un problema central de la distribución de la propiedad y la riqueza. La derecha, o no opina o cuando lo hace no propone nada, absolutamente nada, salvo defender el status quo y seguir levantando al dios mercado. Esa fue la posición pública inicial de las gremiales que agrupan a los grandes propietarios de tierra, los voceros de grandes inversores extranjeros y sus expresiones políticas y mediáticas. Es decir, actúan como lo que históricamente han sido y siguen siendo, defensores de los privilegios de los más poderosos económica y socialmente hablando. Lo que está discutiendo el Gobierno hoy, se inscribe en el debate que desde febrero, aún en medio de todas las peripecias políticas de estos meses, se ha venido dando sobre la distribución de la riqueza y abarca al FA y al PIT-CNT. Expresa un alto nivel de consenso interno del FA o al menos una amplísima mayoría a favor de profundizar los cambios y avanzar en la redistribución de la riqueza y eso está claramente en sintonía con un importante apoyo ciudadano; una encuesta de Equipos Mori para Presidencia de la República reveló que un 60% de los uruguayos y un 75% de los frenteamplistas están de acuerdo con el gravamen. El debate no está cerrado y no debe cerrarse. El problema, como bien lo señala Mujica, no es sólo de las necesidades de infraestructura rural, es la concentración de la tierra y la extranjerización de su propiedad; fenómenos que además se extienden a la producción, industrialización y comercialización. Hay que discutir la necesidad de una política de Tierras, el papel del Instituto Nacional de Colonización; y con mayor amplitud aún, la matriz productiva, la primarización de la producción, el papel del Estado en todos los eslabones de la cadena agropecuaria y en sus principales rubros. Estos son los temas que hacen al corazón de un proyecto de izquierda, a la posibilidad de profundizar los cambios, a la perspectiva de fortalecer un bloque social alternativo al de las clases dominantes, a resolver a favor del pueblo la contradicción fundamental entre un país productivo y soberano o más dependencia.
El eje se ha instalado donde debería estar y ya no se habla del peligro para los inversores o si la propia discusión es pertinente o no. Ahora se está discutiendo qué medida es la mejor, pero que habrá gravamen, habrá gravamen. No es motivo de este editorial analizar las bondades o debilidades del proyecto del presidente de la República José Mujica y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni o del que presentaron el vicepresidente de la República, Danilo Astori y el Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. En realidad, en el terreno del gobierno y también del Frente Amplio, lo que importa es la definición política de gravar a las grandes propiedades y discutir la concentración de la tierra como una realidad y como un problema a resolver. Ese es sin duda el concepto fundamental. Por supuesto que habrá que buscar una síntesis entre estas propuestas y analizar otras, ya que no son las únicas, pero eso está muy bien y se hará donde se debe y se puede lograr esa síntesis: en la discusión colectiva en los distintos ámbitos del gobierno, Gabinete Productivo, Consejo de Ministros y en los espacios orgánicos del FA. Por los medios y con títulos rimbombantes no se puede discutir nada y muchos menos sintetizar y decidir. Ese es el cauce fundamental de la discusión y de las decisiones que habrá que adoptar. Sin embargo es una reflexión que no se agotó ni mucho menos y que por el contrario conviene mantener, profundizar y enriquecer. El presidente Mujica ha ido incorporando como centro de la fundamentación de la medida que propone, no sólo la necesidad de fondos para la infraestructura rural, necesidad objetiva para el desarrollo del país, sino la concentración de la tierra. Para plantear la dimensión del problema conviene recordar algunos datos manejados por Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Colonización. En Uruguay, la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. Mientras que el 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país, el 10% de los productores más grandes es propietario del 64% de la tierra. En los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4,2, de US$ 740 a US$ 3.114. La valorización de la tierra no se reflejó en la tributación: la carga tributaria sobre el sector era 9,7% del PIB en 1999 y del 7,1% en 2009. En este panorama, ¿a quiénes está dirigida la medida que propone Mujica? A unas 5 millones de hectáreas que están en propiedad de 1.150 empresas. Vale la pena apuntar que Uruguay tiene unos 16 millones de hectáreas de uso agropecuario y que hay alrededor de 47 mil empresas que trabajan en el rubro. Mujica indicó que esa superficie, si se realiza un promedio de precios, valía hace 10 años 4 mil millones de dólares y hoy vale 16 mil millones de dólares. Por eso es tan importante esta discusión, más allá de las formas y del acuerdo o no con medidas concretas. Se trata de discutir uno de los aspectos fundamentales de la concentración del ingreso y de la riqueza en el país. Se inscribe, vale la pena insistir, en la discusión más amplia sobre la redistribución de la riqueza y del enfrentamiento de dos proyectos de país: el de la izquierda y el de la derecha, que en este tema además, se expresan con diáfana claridad. En el gobierno y en el Frente Amplio, hay diferencias, es innegable, pero es la única fuerza política que se propone abordar y atacar un problema central de la distribución de la propiedad y la riqueza. La derecha, o no opina o cuando lo hace no propone nada, absolutamente nada, salvo defender el status quo y seguir levantando al dios mercado. Esa fue la posición pública inicial de las gremiales que agrupan a los grandes propietarios de tierra, los voceros de grandes inversores extranjeros y sus expresiones políticas y mediáticas. Es decir, actúan como lo que históricamente han sido y siguen siendo, defensores de los privilegios de los más poderosos económica y socialmente hablando. Lo que está discutiendo el Gobierno hoy, se inscribe en el debate que desde febrero, aún en medio de todas las peripecias políticas de estos meses, se ha venido dando sobre la distribución de la riqueza y abarca al FA y al PIT-CNT. Expresa un alto nivel de consenso interno del FA o al menos una amplísima mayoría a favor de profundizar los cambios y avanzar en la redistribución de la riqueza y eso está claramente en sintonía con un importante apoyo ciudadano; una encuesta de Equipos Mori para Presidencia de la República reveló que un 60% de los uruguayos y un 75% de los frenteamplistas están de acuerdo con el gravamen. El debate no está cerrado y no debe cerrarse. El problema, como bien lo señala Mujica, no es sólo de las necesidades de infraestructura rural, es la concentración de la tierra y la extranjerización de su propiedad; fenómenos que además se extienden a la producción, industrialización y comercialización. Hay que discutir la necesidad de una política de Tierras, el papel del Instituto Nacional de Colonización; y con mayor amplitud aún, la matriz productiva, la primarización de la producción, el papel del Estado en todos los eslabones de la cadena agropecuaria y en sus principales rubros. Estos son los temas que hacen al corazón de un proyecto de izquierda, a la posibilidad de profundizar los cambios, a la perspectiva de fortalecer un bloque social alternativo al de las clases dominantes, a resolver a favor del pueblo la contradicción fundamental entre un país productivo y soberano o más dependencia.
